Es precisamente eso lo que desean quienes organizaron los días de violencia durante las protestas indígenas. Buscan que la ciudadanía y los poderes del Estado pasen la página y se olviden, de una vez por todas, de lo que aconteció. ¿Para qué volver sobre lo vivido y sufrido, para qué pensar en los muertos y en las destrucciones, para qué seguir diciendo que hubo un claro propósito de golpe de Estado?  

Por cierto, a quienes tuvieron parte activa en uno de los más nefastos acontecimientos del país contemporáneo, mucho les interesa que se eche tierra y se sepulte esa página. Que el país se duerma. Para en ese silencio preparar otro intento de tomarse el poder. 

Pero así no se hacen ni la historia ni el país. Por lo mismo, es preciso volver sobre el tema, no solo para que la sociedad no olvide lo acontecido sino, sobre todo, para que la justicia no se haga de la vista gorda, voltee la cara, se tape los oídos hasta que todos se convenzan de que nada importante aconteció en el país. O, peor todavía, para que el país termine convencido de que todo no fue nada más que un mal sueño sociopolítico. 

Pero ese silencio no es lo mejor que le podría acontecer al país y menos aun al Gobierno. Sucedieron demasiadas cosas como para echar tierra sobre una de las experiencias sociopolíticas más graves de las últimas décadas. Entre la más audaz de todas, el intento de derrocar al gobierno de Moreno. Porque no se trataba tan solo de un derrocamiento, de eso poseemos larga historia. Se pretendía que, eliminado el presidente Moreno, se tome la presidencia, no el vicepresidente, sino alguien que modifique radicalmente el sistema sociopolítico del país. El gran modelo: Venezuela.

Sin embargo, de eso ya no se dice nada. Moreno y los suyos han hecho mutis por el foro con lo que pretenderían quedar libres, no solo de responsabilidad, sino de todo aquello que tendría que ver con la estabilidad política del país e incluso con la misma justicia. 

¿Cómo olvidar que hubo un serio y grave intento de golpe de Estado? Y sus autores, cómplices y encubridores no aparecen como tales y con la firmeza y rigurosidad que se requiere. Parecería que en el país cayó un inmenso y tupido telón que obliga a todos a negar la realidad o a olvidarnos definitivamente de ella. Pero así no se hace país ni se fortalecen los principios de la democracia.

Hay detenidos. Pero ¿en dónde están los peces gordos? ¿En la embajada de México, en Venezuela? Por supuesto que sí, pero solo algunos. El presidente Moreno se ha callado. Y no debería hacerlo, más allá de que a la justicia le corresponda lo suyo. Al presidente le correspondería hacer todo lo posible para que esto no pase al olvido ni social y menos aun judicial. Por supuesto, el Estado no es el presidente de la República. Pero lo representa. El intento de golpe fue a la democracia, al sistema jurídico del país. No se propusieron tan solo derrocar a Moreno sino apropiarse del Estado y convertirlo en otra Venezuela. 

Por lo mismo, se trata de algo demasiado grave como para dejarlo que se diluya en el aguarrás de la politiquería y de los histéricos ayes de dolor de ciertos actores a quienes lo único que les interesa es el poder por el poder mismo mas no el quehacer político y ético de la democracia. El intento de golpe de Estado constituye una falta demasiado grave como para dejarla que se diluya en el tiempo y en la buena voluntad de las secretas complicidades. El país no es el presidente de la República. Somos todos. Y queremos vernos tan seriamente representados de tal manera que sea absolutamente imposible otra intentona similar. Y esto vale igualmente para la Asamblea Nacional.

Es, pues, indispensable, señora Justicia, acusar, juzgar y castigar. ¿A quiénes? A autores, cómplices y encubridores. ¿Y en dónde están? En muchas partes: desde Bélgica, pasando por Venezuela hasta llegar a algunas de nuestras alcaldías, prefecturas y organizaciones sociales. ¿Acaso todo el país no vio y escucho a uno de los dirigentes de la CONAIE invitando e incitando a sacar del palacio de Carondelet “a ese inútil patojo”? 

Por lo menos, fenomenológicamente hablando, parecería que los muertos, los grave y medianamente heridos. Los daños a bienes públicos y privados. La tenencia y porte de armas. La Contraloría incendiada. Un canal de televisión destruido. Los llamamientos a destruir y matar. A tomarse por asalto la institucionalidad del país. Las asociaciones para delinquir. Todo eso y más se pretende que pase, no a la justicia, sino al olvido.

País del olvido, país de la vista gorda y del escándalo barato. País con un miedo institucional a exigir justicia y castigo a autores intelectuales y fácticos de la más grave experiencia político-social de las últimas décadas. Porque si ahora no se identifica y juzga a autores, cómplices y encubridores, el país quedará con una herida que no sanará sino en mucho, mucho tiempo. 

Además, el país dejará una puerta abierta por la que, el rato menos pensado, los mismos entrarán con el propósito perverso de entronizar a la fuerza esas revoluciones que no consisten sino en el apoderamiento del país por un grupo de audaces disfrazados de salvadores. Como los Correa, los Maduro, los Castro, los Morales.