El Ecuador está en una crisis democrática constante. En el 2014 se popularizó en las redes sociales el #DemocraciaEnExtinción. Ocho años después ¿ya estará extinta? No lo está, todavía. Procesos democráticos como las consultas ciudadanas por el agua en Cuenca y en Girón son débiles muestras de que todavía existe. Sin embargo, en Ecuador los organismos electorales no generan confianza. No somos el único país que se hace llamar democrático y que muestra problemas. Existen democracias más estables y de “buen nombre” que han tenido problemas de opacidad. Solo para mencionar dos eventos, recordemos lo que pasó en la democracia moderna más antigua, EE. UU.: el triunfo de Bush sobre Gore en el 2000 y los sucesos entorno a los intentos de fraude del ex presidente Trump en la última elección presidencial.

Pero ya saben, lamento de muchos consuelo de tontos. En Ecuador los organismos electorales (CNE y TCE), desde hace al menos 15 años, se han esforzado por manchar su reputación y dar muestras de opacidad. A continuación algunos ejemplos.

En 2014 ocurre el conocido caso de la consulta para decidir el futuro del Yasuní. Un grupo de ciudadanos (que generó al colectivo Yasunidos), por fuera de los partidos políticos y movimientos electorales, se organiza y pone en marcha la primera iniciativa ciudadana para realizar una consulta popular que resuelva si se extrae, o no, el petróleo que está por debajo de una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. El Consejo Nacional Electoral, luego de un proceso fraudulento de verificación de firmas, eliminó más de 400 mil firmas y cerró las puertas a la consulta, quedando bien con el entonces presidente Correa.

Años después, en 2018 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) concluyó, entre otras cosas, que el CNE “no garantizó el ejercicio de los derechos políticos —de quienes firmaron a favor de la consulta— al imponer un procedimiento contrario a lo establecido en la Constitución y en la ley.” El CPCCS-T determinó que en este caso los consejeros del CNE (Domingo Paredes, Paúl Salazar, Nubia Villacís, Roxana Silva, y Juan Pablo Pozo) incumplieron sus funciones constitucionales. Hasta el día de hoy no se reparan estos derechos vulnerados, ni tampoco se han sancionado a sus responsables. En 2021, el colectivo Yasunidos presentó una denuncia penal contra los consejeros responsables de ese proceso, pero el caso no ha sido del interés de Fiscalía y reposa en el sueño de los justos.

Otro ejemplo. En el mismo 2014, en las elecciones seccionales, conocí un caso que actualmente reposa en la CIDH. En el cantón Chaguarpamba, de la provincia de Loja, el partido de gobierno (AP) disputaba la alcaldía con el candidato de un movimiento provincial (APLA). Los resultados preliminares mostraron que el candidato del movimiento provincial ganaba al candidato de Alianza PAIS. Esto provocó que se ponga en marcha una serie de actuaciones a nivel de juntas provinciales, CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. En resumen, el resultado fue que lograron eliminar las urnas que más favorecían a un candidato y lograron que el candidato de AP gane la elección. Durante el proceso no notificaron a los interesados, negaron el acceso a la justicia, incumplieron la normativa electoral, etc. Esto pudo haber sido y puede seguir siendo el modus operandi de entonces y de ahora en otros procesos electorales.

Mientras que estos hechos no se reparen, seguiremos con procesos electorales opacos. Los partidos políticos, que están en la mayoría de turno, y controlan al CNE y el TCE los protegen, por eso los juicios políticos no han prosperado, impidiendo avanzar en organismos electorales más transparentes. Y sin embargo la duda sobre los procesos electorales se sigue produciendo: la elección de Moreno en 2013, el paso de Lasso a la segunda vuelta del 2021. La sociedad civil, los medios de comunicación, parece que hemos decidido cerrar los ojos y confiar que no haya fraudes, mientras el proceso electoral sigue en las manos de actores que no confiamos.

Ahora mismo ciertos movimientos locales y nacionales, como “Somos Agua” liderado por el ex candidato presidencial Yaku Pérez, se encuentran frente a un proceso de verificación de firmas que sigue manteniendo prácticas arbitrarias y cuestionadas que no garantizan derechos. El proceso de verificación de firmas sigue los mismos parámetros que en 2014, mientras tanto no hay conclusiones sobre el escándalo de firmas falsas de otros partidos políticos.

Los casos actuales de arbitrariedades en la verificación de firmas son menoscabados por el resto de los actores políticos que no quieren más personajes o movimientos en un juego donde se venden y alquilan candidaturas, donde se rifan elecciones.

Entonces el país continúa con organismos electorales opacos y corruptos, en un proceso donde la ciudadanía no sabe en quién creer. Mientras esto continúe, en las siguientes elecciones si alguien grita fraude, no sabremos si es verdad o si son los lamentos de un mal perdedor, y el cuento de nuestra democracia se irá diluyendo y la paz social continuará corroyéndose.