La oportunidad política es una cualidad de la toma de decisiones de los gobernantes y hacedores de leyes. Una decisión oportuna es aquella que se adopta solo cuando el decisor cuenta con las condiciones necesarias para que esta pueda ejecutarse con un mínimo de resistencia y conflicto.

En situaciones críticas, sin embargo, la oportunidad no siempre es posible. Y las medidas que toman los gobernantes se encuentran con una dura resistencia. En estos casos, la oportunidad política, entendida como aceptación “popular”, se opone a la oportunidad política entendida como viabilidad del propio país: de sus instituciones y de su modelo político y económico. Los gobernantes enfrentados a esta disyuntiva, si son responsables, no pueden elegir sino el segundo camino. Y utilizar todos los instrumentos que les brinde la ley para sostener sus decisiones.

La idea de oportunidad política como aceptación “popular” es la que, a partir del 13 de octubre de este año, ha decidido acoger el gobierno de Lenín Moreno, a costa de la viabilidad institucional y económica del país. Frente al retiro del subsidio a los combustibles, ha optado por aumentar la deuda pública. Una deuda que se vuelve cada vez más gravosa.

Se entiende, por ello, que pese a las evidencias incontestables de que los líderes de la Conaie lideraron un secuestro colectivo en el Ágora de la Casa de la Cultura y que cohonestaron ese mismo delito en otras localidades del país, estos sigan libres. El Gobierno, se dice, no ha querido victimizarlos y aumentar, al hacerlo, su capital político y su base electoral. Y, más allá de eso, provocar un renacimiento de la violencia social que se mantiene latente. Sin embargo, el cálculo político y la toma de decisiones políticamente oportunas —en el primer sentido— puede impedir una oportuna administración de justicia. 

La funcionalización de la justicia a la política es un rasgo distintivo de aquellos países con una débil institucionalidad democrática. Países en los que, a duras penas, se puede hablar de imperio del Estado de Derecho. Ahí, la separación e independencia de poderes no ha llegado a consumarse. Y la influencia de los gobernantes en las decisiones de los operadores de justicia es muy grande.

Condicionar el ejercicio de la justicia a la conveniencia política en estos países es, a pesar de su posible utilidad inmediata, un modo de debilitar su ya desgastada institucionalidad. Cada esfera de acción, la política y la judicial, tiene un ritmo propio. Si la política impone el suyo a la justicia, esta deja de ser oportuna. Los procesos investigativos y judiciales no se iniciarán en el momento debido o, si se han iniciado, se retrasarán hasta que la ocasión sea políticamente propicia. O, en su defecto, se precipitarán hasta el punto de obviar formalidades y atropellar garantías. Esto último fue muy frecuente en el gobierno de Rafael Correa, y convirtió a la actuación de la justicia en persecución.

Ahora, en cambio, la espera de la ocasión políticamente favorable ha generado impunidad. La justicia inoportuna es, en los hechos, injusticia, pues si, de un lado, da paso a la impunidad, de otro, dificulta o impide la reparación de los derechos de las víctimas.

¿Tanto tiempo necesita la Fiscalía para probar algo que está de sobra probado? ¿O será que teniendo todas las pruebas necesarias ha demorado el proceso por pedido del Gobierno?  Un Gobierno -luego de la crisis de octubre-  preocupado en demasía por guardar las formas, aunque hacerlo le lleve a incumplir sus funciones y responsabilidades. Y que, de ser cierto que ha influido en la Fiscalía para que esta no actúe con la celeridad que el caso amerita, no es tan respetuoso, como declara, de la independencia de poderes.

La aplicación de la justicia durante el “correísmo” generó injusticia por exceso. Durante el gobierno de Moreno, en cambio, genera injusticia por defecto: por omisión. Ambos extremos han creado, en el país, un ambiente de inseguridad jurídica y desconfianza en las instituciones, en el que no se advierte ninguna esperanza de mejora.

La impunidad insultante de los líderes de la CONAIE revela, también, que el Gobierno no ha querido o ha sido incapaz de crear las condiciones necesarias para que las instituciones que tienen a su cargo la investigación y sanción de los delitos cumplan a cabalidad su papel. Tiene miedo. No hay duda. Y se deja amedrentar.

Es bastante difícil que hechos semejantes a los de octubre de este año puedan repetirse en el corto plazo, a no ser que el Gobierno no haya aprendido nada de lo ocurrido y haya descuidado tomar las medidas necesarias para neutralizar una amenaza de este tipo. Y que quienes dirigieron la rebelión y la toma de Quito y otras ciudades estén seguros de que los habitantes de estos sitios se mantendrán impávidos o se esconderán, temerosos, en caso de que ocurra una nueva agresión. Además, el grueso de los indígenas que participó en las movilizaciones de octubre sufrió, a causa de la suspensión de sus actividades laborales, una fuerte pérdida económica, y no estará dispuesto a perder más, ni a canjear la disminución de sus ingresos por la satisfacción psicológica del ocupante.

La gran mayoría de los indígenas que ocuparon Quito llegaron pobres a la ciudad y, a causa de las pérdidas que el paro les ocasionó, volvieron a sus casas más pobres que antes. Los únicos que salieron ganando con el paro fueron sus dirigentes, que se pasean por Europa con todos los gastos pagados.

El momento actual ofrece al Gobierno una inmejorable oportunidad, pero no para sobrevivir y desde la sala de terapia intensiva fabricar una candidatura para las próximas elecciones. El momento actual ofrece al Gobierno, y a instituciones tan importantes como la Fiscalía, la oportunidad de hacer realidad la separación e independencia de la política y la administración de justicia. Que cada institución —sin desbordar los límites de sus respectivos campos de acción—  haga lo que debe hacer en el tiempo necesario para que sus objetivos se cumplan de manera satisfactoria, es el camino mejor para fortalecerse y recuperar la confianza ciudadana.

Someter la administración de justicia a la oportunidad política es, en estos momentos, rentable para el Gobierno, que no quiere perder la tranquilidad por ningún motivo, y para los políticos y líderes sociales que buscan posicionar públicamente la ficción de que son todopoderosos. Y de que con un simple chasquido de dedos pueden someter nuevamente al país y sus instituciones.

Los ecuatorianos, ahora, necesitamos que la Fiscalía y los jueces, rompiendo la sujeción al cálculo político, actúen de manera oportuna. Única manera de hacer plenamente justicia.