Ortega y Gasset se refería a España como esa sociedad “nuestra donde todo es compromiso y rendimiento”, término, este último, que puede entenderse como sumisión o ganancia.

Diana Atamaint, actual presidente del CNE, celebraba alborozada las reformas del Código de la Democracia, que establecen la participación forzosa de las mujeres en los binomios para las elecciones de presidente y vicepresidente de la república, a partir del año 2025, y la obligación de que las mujeres encabecen el 50% de las listas de asambleístas y concejales. Como ella, celebraban también algunas legisladoras no caracterizadas, precisamente, por haber tenido una vida política ejemplar.

Diana Atamaint, hasta que ya no le fue posible actuar de otro modo, dijo no haber encontrado ningún problema en que Luis Loyo, uno de los principales funcionarios del CNE, donde se desempeñaba como Director Nacional de Procesos Electorales, tuviera 34 juicios en su contra. Tampoco encontraron nada raro en esto los directivos de “talento humano” ni de los departamentos jurídico y financiero de la institución.

Una vez que dicho funcionario fue a dar a la cárcel, acusado de ser miembro de una red de tráfico de influencias, Diana Atamaint aseguró estar dispuesta a hacer todo lo necesario para que sobre el acusado “caiga todo el peso de la ley”. Sí. Eso dijo Diana Atamaint, la misma persona que decidió no ver nada digno de atención en el currículo judicial de Loyo e ignorar una denuncia contra este hecha meses antes por Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Electoral, y Luis Verdesoto, consejero.

¿Hay alguna diferencia entre la actuación de Diana Atamaint y la de antiguos funcionarios del CNE que obstruyeron la participación de colectivos que, como Yasunidos, tenían una visión sobre la explotación petrolera en la Amazonía contraria a la del Gobierno de entonces, o que se hicieron de la vista gorda ante el uso indebido de recursos públicos para para favorecer las candidaturas del “correísmo”, o que decidieron no enterarse del financiamiento irregular de las campañas electorales de Alianza País?

Ser mujer, en el caso de Diana Atamaint y de muchas otras, no ha garantizado —porque, simplemente, no puede hacerlo— una gestión pública más eficaz o más honesta que la de los varones. Con la aprobación de las reformas al Código de la Democracia, la biología sustituirá al mérito como criterio de selección de candidatos para ocupar los principales cargos de elección popular del país.

Uno de los logros de la modernidad fue la afirmación del individuo y de sus derechos frente a la comunidad. Sin embargo, desde hace unos cincuenta años, el impulso a la individuación ha ido siendo sustituido por el impulso a la categorización: a la concesión de ventajas sociales, económicas o de otro orden en virtud de la pertenencia de un sujeto a una clase. De esta manera, algunas personas pueden alcanzar determinadas posiciones académicas, políticas, laborales, por ser un cierto tipo de personas, y no por ser individuos con cualidades y valores propios. Por su pertenencia u origen, entonces, y no por su mérito.

Las reformas a la ley electoral no inciden, para nada, en la modificación del orden del compromiso y el rendimiento que rige en nuestro país. Los comprometidos están obligados no a su conciencia, sino a los intereses de su círculo: de los que han suscrito un compromiso que debe ratificarse constantemente con el intercambio de dádivas y favores. La primera obligación de los comprometidos —y Diana Atamaint es un buen ejemplo de ello— es ver, oír y callar.

Con las recientes reformas electorales, Ecuador no dejará de ser, como la España de Ortega y Gasset, una sociedad del compromiso y el rendimiento. Mientras mantenga esta condición, los hombres y mujeres que lleguen a los cargos públicos seguirán estando obligados con quienes los colocaron ahí. Y aprenderán a ir, durante su carrera, del intercambio de favores a la cobertura de espaldas. En una sociedad de este tipo, que el 50% de hombres y el 50% de mujeres conformen una lista de candidatos no significa nada más que, de aquí en adelante, las ventajas del compromiso deberán repartirse en partes iguales: 50% para los hombres y 50% para las mujeres.