La esperanza de que la política centrada en intereses minúsculos, en disputas por el poder, en creencias fanáticas, en shows mediáticos, en el marketing publicitario, pueda ser reemplazada por otra, anclada en el bien común, el resguardo de lo público, el pluralismo, el sentido de país, renació en las últimas elecciones. La población optó por un relevo de su representación, por un rechazo de la vieja política y la construcción   de una nueva manera de practicarla.

Desde otro ángulo de análisis, Jaime Carrera en el portal 4pelagatos, se lamenta de los resultados de las elecciones del 7 de febrero. “Que un tercio de los electores se ufanen de su patológica ceguera ante la destrucción económica y fiscal de la nación, ante la aniquilación de los valores éticos y morales de la sociedad, y ante la rampante corrupción del populismo (…) es, en sí mismo, una grave deformación de la racionalidad humana y del sentido de patria y progreso del país”     

Podría, entonces, sostenerse que en las elecciones de primera vuelta confrontaron dos visiones de la política: una de tipo populista y otra, de carácter tecnocrático. La primera subordina la economía a la política. La segunda, pone por delante la economía, aun a riesgo de que la política quede a merced, precisamente, del populismo. El discurso técnico no está al alcance de sectores sociales que sufren el flagelo del desempleo, de la pobreza y la marginalidad en todas sus formas. Esas condiciones de vida son el caldo de cultivo del populismo. No hay cómo derrotar al populismo mientras esas condiciones perduren.

Con lucidez, Agustín Cueva razonaba, al respecto de esta controversia histórica, para entender el respaldo electoral del cinco veces presidente Velasco Ibarra: “¿qué puede ser más atractivo y palpable para el subproletariado que lo sigue: una concepción global y armoniosa del Desarrollo Económico, con mayúsculas, o la promesa de construir obras y ampliar servicios tales como la vivienda, la educación o la atención médica”

A propósito de las elecciones presidenciales en Ecuador, el New York Times criticaba al candidato Andrés Arauz, por la promesa de acabar con la austeridad económica del actual gobierno y restablecer el fuerte gasto social de los mandatos de Correa, cuando ello ya no es posible por el fin de la bonanza de las commodities.  La elevada deuda del Ecuador, así como las limitaciones políticas derivadas de la dolarización, le dificultarán el cumplimiento de muchas de sus promesas, si gana la próxima elección. Y agregaba: “Correa repartió parte de las ganancias petroleras del país en ayudas en efectivo a los pobres y construyó escuelas, carreteras y viviendas muy subsidiadas”.

Hay, pues, un conflicto entre democracia y economía. En una campaña electoral abundan los ofrecimientos que más tarde no se podrán cumplir. En el plano económico, se piden sacrificios a la población, dada la restricción de recursos. La reactivación económica presupone ajustes en los gastos, en el consumo, en las formas de vida, contrarios al tren de gastos que hubo en el gobierno de Correa.  Dicho comportamiento tiene como soporte una cultura de austeridad.  Los políticos intuyen que apelar a esa cultura les resta votos. El discurso populista, en cambio, ofrece bienestar sin sacrificios, con lo cual asegura un amplio respaldo electoral, con alto costo en el desempeño gubernamental.

Pero lo más grave es que quien gane la presidencia en la segunda vuelta, deberá ser capaz de conciliar la necesidad de atender los reclamos sociales con la realidad fiscal, sin caer en el clientelismo pero tampoco en la indolencia ante los desequilibrios sociales. Estos son precisamente los vericuetos de la gestión. Por eso es que el principio de la democracia no puede ser solo la participación sino la eficacia y ello vuelve necesario otro principio, el de la meritocracia. Estos dos principios, afirma Diego Fonseca, en el New York Times, pueden funcionar juntos, pero siempre subyace cierta tensión entre ambos.

El discurso técnico se sustenta en los datos, las mediciones, las estadísticas. El discurso populista apela a lo simbólico, a lo ideológico.  El socialismo del siglo XXI invoca al imaginario. La larga noche neoliberal y la partidocracia configuran el campo del adversario, del enemigo. La polarización social es un arma que tiene resonancia simbólica.

También en el discurso técnico se perfila la batalla entre el bien y el mal. Los populistas son los malos,  los causantes del atraso, por su pregón en contra de la riqueza, con el que incitan al resentimiento social y a la destrucción de todos los fundamentos éticos y económicos de la gestión del Estado.

En ambos, por tanto, hay una suerte de maniqueísmo que impide visualizar la complejidad de la política.      

Está, pues, en juego la legitimidad del proceso electoral. La afluencia masiva de votantes el 7 de febrero se estrella ahora con falencias institucionales de la autoridad electoral, con los intereses y posiciones de los candidatos que se disputan el segundo lugar, y con la desconfianza que emerge en el electorado respecto de la validez del conteo de votos y de los resultados oficiales.   

La democracia, en la perspectiva de Alexis de Tocqueville, implica un equilibrio entre las fuerzas del conflicto y del consenso. Un punto de vista contrario al de Marx quien consideró que entre consenso y conflicto no había  conciliación posible. La ocasión es propicia para que Yaku Pérez muestre de qué lado está, si del consenso o del conflicto. Y Guillermo Lasso reafirme su apertura al consenso. De la madurez de los dos candidatos depende la exitosa culminación del proceso electoral y la consolidación de un acuerdo que posibilite la unificación de las fuerzas contrarias a la polarización y al descalabro económico.          

La convergencia de posiciones de Lasso, Pérez y Xavier Hervas no debe limitarse a la coyuntura electoral. No se trata solo de ganar en las elecciones, ni de saber quien pasa a la segunda vuelta como contendor de Aráuz, sino de abrir un camino para conciliar la propuesta de enfrentamiento de la crisis, claramente delineada por Lasso, y la  que invoca una orientación menos tecnocrática y más abierta  a la dolorosa situación de los más pobres.  Si hoy no es posible la distribución de la riqueza, sí lo es dar espacio en la agenda del gobierno a las nuevas reivindicaciones sociales y ambientales.

La experiencia de la consulta popular en Cuenca muestra cómo esto podría enfocarse.  El agua, sostiene su alcalde, Pedro Palacios, no debe ser reivindicada como bandera política, o sea como bandera de una organización política que busca réditos electorales, sino como una aspiración colectiva, sustentada en estudios técnicos y en un marco legal.  La consulta popular dio legitimidad a esa aspiración, y prohibió la minería metálica en zonas de recarga hídrica, en resguardo de la no contaminación de los ríos y de la salud de la población de Cuenca.

Es un buen ejemplo de cómo proceder para legitimar las demandas étnicas, ecológicas y de género que tuvieron significativo respaldo en el electorado, sobre todo, joven, sin caer en la demagogia y  conjugando siempre eficacia con legitimidad. Ello, claro,  no será posible si los resultados de la primera vuelta suscitan dudas que afectarán la estabilidad política del futuro gobierno.