En la primera hora de esa mañana, aquellos que se despiertan temprano y lo primero que hacen es prender el celular o esos que acompañan su café con la radio y la televisión fueron los primeros en recibir la noticia. La mentada “muerte cruzada” que venía rondando por Carondelet y el palacete feo de la calle Piedrahita, se hizo presente.

Policías y militares rodearon la Asamblea Nacional y el presidente Lasso, rodeado de sus ministros, anunció que ese mecanismo entraba en vigor, con las consecuencias conocidas. Ante el cierre de la Asamblea, los legisladores reaccionaron de maneras distintas y estas, a su vez, provocaron diversas reacciones en el ecuatoriano de a pie. Unos manifestaron su apoyo al cierre, con una frase sin sentido: “bien, porque no le dejaban trabajar”, como si la deficiente ejecución presupuestaria en las diversas carteras del Estado necesitara apoyo del Legislativo. Otros rieron al ver la cara de desesperación de los tribunos, al ver que su dios no escuchó sus rezos. Muchos asambleístas, no solo los que entraron como alternos, saben que no volverán a ser electos y al enterarse de la medida de Lasso, pensaron en esto, en la plata de la campaña que aún deben o en el poder que perderán en sus provincias.  Algunos vimos con asco cómo aquellos que hasta el martes por la noche entusiasmados comunicaban su apoyo al presidente, para el miércoles en la mañana amenazaban con demandas de inconstitucionalidad, al haberles Lasso dejado “sin camello”.

Paradójicamente, Lasso utiliza a su favor una figura creada para su rival político, en la hiperpresidencialista Constitución de Montecrsiti. Medida pensada y diseñada con dedicatoria para favorecer a Rafael Correa. Claro, en ese entonces, los constitucionalistas verdeflex pensaban que el correato duraría varias décadas, un poco menos burdos que la visión estratégica de Kim Il Sung. Es por ello que la “muerte cruzada” deja al criterio del presidente de la República la disolución de la Asamblea. Lo que cuenta es la interpretación que dé el primer mandatario a las acciones en que de manera reiterada e injustificada haya incurrido esta función del Estado en materia de obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, grave crisis política y conmoción interna. Las dos últimas no se definen con precisión.

En el párrafo consagrado a la “muerte cruzada” claramente se detalla que, para que tenga efecto, previamente habrá un “dictamen favorable de la Corte Constitucional” y Lasso justificaría su accionar desde la “grave crisis política”, cuando todos los ecuatorianos saben que esta era su última carta al develarse que no pudo asegurar, con sus operadores políticos y maletinezcos, los votos que le salven del juicio político por peculado. 

La “muerte cruzada”, que llegó por fin este 17 de mayo, era sugerida al presidente por diversos sectores de los medios de comunicación y de las cámaras de empresarios. De hecho, además de los correistas, que se frotan las manos ante las inmediatas elecciones que se vienen, lo hacen también los empresarios. A pocas horas de que Lasso anuncie la "muerte cruzada", el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, advirtió que entraría en vigencia una reforma laboral. Enseguida, su colega de Energía, Fernando Santos Alvite, dijo que se “quitarán trabas burocráticas para que el sector privado impulse el área energética”. Es decir, que, desde decretos presidenciales, habrá precarización laboral e importantes bienes del Estado podrán ir a manos privadas a precio de gallina robada, como siempre suele suceder cuando esto se da.

Y desde la “muerte cruzada” tendremos a Lasso ejerciendo funciones casi dictatoriales, muy en el estilo del caudillo para quien fue diseñada la medida constitucional. Vía decretos, haría realidad su sueño de vender(se) el Banco del Pacífico y con suerte, apoyado por Augusto de La Torre —el artífice neoliberal de Sixto Durán en los 90— que coordina las reformas al IESS, podrá hacerse él o sus panas con un fondito millonario de esa institución. Con ello haría “narices largas” a Fidel Egas, superándolo sin que este pueda alcanzarle. En seis meses, Lasso verá si puede ser presidente todavía, pero si no lo es, podría quedarse como el dueño de la institución financiera más poderosa del país. Todo esto vía decretos ¿Nada mal, eh?

Aquello depende de los eximios expertos, gurúes de las Cartas Magnas y demás procesos leguleyos incomprensibles para los simples mortales. Depende si le dan el visto bueno, si es que los jueces de la Corte Constitucional le dicen que sí. Si eso ocurre, también es muy probable que la mentada “conmoción interna” que reza el articulado, se manifieste, cuando sindicatos, indígenas y pobladores salgan a las calles ante decretos nefastos para ellos. Pero esta, como dice el relator, es otra historia.