Estamos en un momento delicado para el Ecuador. Tras una década que deja un saldo negativo en varios sentidos (en lo económico, en lo político, en lo ético, en lo social), pareciera que no encontramos un rumbo claro y estrategias que nos posibiliten enfrentar los graves problemas a los que nos avocamos.

Ya ha pasado casi la mitad de periodo del Presidente Moreno y definitivamente cada día existe mas incertidumbre en torno al futuro.

Las instituciones del Estado ecuatoriano se debilitan con cada decisión mal tomada, muchas de estas asumidas de forma consciente. Esta debilidad termina afectándonos a los ciudadanos, puesto que recibimos servicios de mala calidad a precios cada vez mayores.

Pero el problema no para allí. El grave costo de la corrupción — tanto el de la década del correato como la de estos dos años — sigue siendo facturada a la población.  Muestra de esto es que con mal fundados fines de austeridad se han despedido no menos de 10.000 empleados, y al parecer esta cifra ira creciendo. Otra muestra clara es el nuevo endeudamiento externo anunciado por el Gobierno y que en los próximos años traerá una serie de ajustes perversos para la población.

Otra muestra clara es que los programas para la reactivación económica, los de inclusión social o la inversión sobre en programas sociales (como educación, vivienda, salud) han sufrido importantes recortes. Esto ha impactado la calidad en la prestación de los mismos e incluso en las coberturas que han debido ser disminuidas.

Pero la debilidad institucional abarca otros planos. Las palabras de la máxima autoridad legislativa del 7 de marzo – mas allá de que fuesen espionaje o no – son la muestra mas clara que la independencia de poderes y funciones es una absoluta falsedad. A más de esto, si tomamos en cuenta el numero de Asambleístas que están bajo sospecha por diversos actos de corrupción y de comprobarse los mismos debieran abandonar sus cargos, implicaría que nos quedaríamos sin quorum para las sesiones de la Asamblea.

En las otras funciones del Estado, las cosas no andan mejor.

La Función Judicial está cuestionada por los retrasos injustificados, la carencia de procesos de juzgamientos adecuados, los altos niveles de impunidad y el número de afectados por sentencias que claramente son erróneas. Solo basta ser usuario del sistema judicial (sea como ciudadano o abogado) y uno puede dar fe de lo aquí señalado.

El caso de la Función de Transparencia es posiblemente el mas extraño, puesto que a días de que deban ser elegidos por medio del voto popular los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mas allá del resultado final; dicha instancia deberá enfrentar su posible eliminación por la falta de apoyo ciudadano a su gestión. Habremos gastado ingentes recursos (la consulta popular del 97, los gastos de su funcionamiento transitorio, el propio proceso electoral de este año) para simplemente eliminarla sin tener aun mucha certeza de como se resolverá en lo posterior sus competencias.

Las próximas elecciones seccionales no muestran que exista la posibilidad de consolidar los diferentes gobiernos seccionales. Al contrario, parece ser que se elegirán a aquellos y aquellas candidaturas que más publicidad hayan podido mostrar, ya que el debate ha sido inexistente. Lo cual no es novedad, si la comparamos con otros procesos electorales, pero que es crítico por lo que estas elecciones representaban luego de 10 años de un monólogo electoral.

Lo señalado en esta columna, solo a manera de ejemplos patéticos, son parte de los diálogos y preocupaciones cotidianas de quienes como ciudadanos y ciudadanas debemos buscar la manera de ganarnos de manera honesta el sustento diario, mientras vemos que un pequeño grupo de avivatos se farrean el país.

Pero estas palabras, que pueden ser vistas como expresión de la ira y la indignación de un ciudadano, pretenden simplemente llamar a una acción fuerte desde la sociedad civil.

No podemos estar a expensas de intereses mezquinos (sea que se encuentren en Ecuador o Bélgica). Debemos fortalecer nuestra capacidad ciudadana de denuncia y movilización. Debemos emprender acciones en donde todas las personas que habitamos el país (sin importar su lugar de nacimiento o donde estén en la actualidad) aportemos a un cambio radical y ante todo que no permitamos que nos quiten nuestros sueños y esperanzas.