
El poder es un monstruo frío. Y los políticos de turno asumen que gobernar es cumplir una cuota semanal de declaraciones infames. Sin embargo, fuera de los palacios y sus salones azules, la gente muere. Muere y la matan. 198 médicos, por ejemplo, han muerto por covid19. Aunque para este monstruo frío, llamado poder, los mártires de un sistema de salud corrompido contrajeron el virus por sus contactos sociales… Poder que culpa a la víctima.
A este mismo monstruo frío se le ocurrió, meses atrás, la tierna idea de combatir la escalada de femicidios e infanticidios reduciendo a 876.862 dólares el presupuesto para combatir estos crímenes generacionales. Pero para promocionar las centenas de miles de casas que aún no llegan se invierte hasta el doble… Poder infame.
Este monstruo frío e infame se miró en el espejo el pasado miércoles 28. 28 de octubre: ¡nuevo día de la vergüenza nacional! En la mañana, en Pifo, al nororiente de Quito, la Policía levantó los cuerpos de dos niños que murieron envenenados. Y en la tarde, Emilia, una niña de cuatro años, de Riobamba, murió por golpes y por meses de tortura sexual del conviviente de su madre.
En agosto, la niña quedó huérfana, pues su padre falleció por covid19. Su madre inició pronto una nueva relación. El agresor llevó a Emilia en estado crítico. Que se golpeó por jugar en la cama: esta fue la versión.
La historia se repite de manera atroz. En Quito, en enero de 2018, una niña, también de cuatro años, murió a golpes. Su padrastro la llevó en estado crítico a un centro médico. Que se golpeó por jugar en la cama: también fue su versión. Este asesino actualmente paga una pena de 34,8 años de prisión.
Estas historias abyectas se repiten a golpe de impunidad y ausencia de voluntad política para erradicar toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Poder frío, infame y cómplice por inacción. Desde 2017 a la fecha, 130 niños han sido asesinados.
Y Emilia, la pequeña de Riobamba, nos recuerda fatalmente a la niña Emilia, estrangulada en Alausí en junio pasado, y también a la risueña Emilia de Loja, asesinada en diciembre de 2017. Asimismo, los niños envenenados en Pifo nos recuerdan a los dos niños que murieron envenenados por su padre, en Portoviejo, en el verano de aquel 2017.
Estas historias abyectas se repiten a golpe de impunidad y ausencia de voluntad política para erradicar toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Poder frío, infame y cómplice por inacción.
Desde 2017 a la fecha, 130 niños han sido asesinados en un país de mierda. A la par, no podemos olvidar a quienes se han suicidado, pues solo en este año han sido 10. Y la pandemia agudiza toda esta situación. ¡Qué crueldad convivir con el agresor en un mismo cuarto, cuando afuera han fracasado los protocolos de acción ante la violencia durante el confinamiento!
Que estos crímenes no sean cifras. Que estas vidas apagadas no se conviertan en ruido oficial. Que ningún político de turno, monstruo frío e infame, diga que ahora sí llegarán hasta las últimas consecuencias para proteger el interés superior del niño.
Ante un Estado fallido en la prevención de femicidios e infanticidios, la sociedad tampoco puede permanecer tras las cortinas escuchando el grito de los chicos. Niñas y niños son ciudadanos sujetos de derechos. Y los entornos más cercanos –vecinos, maestras, otros familiares– pueden ayudar a combatir esta negligencia social de contar muertes sin hacer nada. La solidaridad, como en efecto ocurre en varios casos (pienso en ti, Carlos Andrés) resulta el primer paso firme para la prevención de la violencia contra la niñez.
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