La autoevaluación hecha por el gobierno, por sus diez años de gestión, luce poco creíble. Su explicación hace parte de su estrategia electoral. Desde su situación intenta construir una realidad afincada en la propaganda. Insiste en que su gobierno hizo bajar el índice de pobreza y que privilegió al trabajo antes que al capital. En el discurso, Correa sigue apelando a eslóganes de izquierda, pese a que la “revolución ciudadana” se quedó en el camino.   

Su aparato de propaganda reitera el cuento de la “década ganada”. Pero si se hace un repaso sucinto de lo ocurrido en este decenio comprobaremos que el balance no ha sido favorable. El gobierno, sin duda, fracasó en el intento.  

En una evaluación hay que tomar en consideración algunas variables: capacidad del gobierno para acometer el proyecto político, moverse dentro de circunstancias cambiantes sin dejar que éstas dominen su acción, y capacidad para sortear las dificultades.

La capacidad de gobierno en la administración Correa no ha podido superar a las administraciones de la “larga noche neoliberal”. Más bien su mal desempeño ha devuelto el crédito a esas administraciones.

La economía del país siguió dependiendo del petróleo; pero además hemos caído en una nueva dependencia comercial y financiera con China. El gobierno se ufana de no haber recurrido a los famosos “paquetazos” de las décadas pasadas, pero su paquetazo “tributario” provocó efectos negativos en términos de empleo. El anticipo al pago del impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales, las salvaguardias, desalentaron la inversión privada, algunas empresas recortaron su nómina, se incrementaron los despidos y disminuyeron los puestos de trabajo. Esto trajo una contracción de la demanda y fruto de ello el bajo nivel de inflación.

La deuda pública se incrementó más allá del límite legal establecido en el Código de Finanzas Públicas y en la Constitución, para hacer frente al desfinanciamiento de la caja fiscal. Las emisiones de bonos siguen. A comienzos del 2017 el Ecuador emitió papeles por mil millones de dólares. El 8 de diciembre del 2016 en una operación similar, “el país colocó 750 millones en papeles”. Se habla de deuda “consolidada” y de deuda “agregada”. La primera ascendió a 25.856,7 millones “equivalente al 26.9 % del producto Interno Bruto”. La segunda llegó a 37.222 millones, 38,7 % respecto del PIB. Esto, según datos oficiales publicados en el diario El Comercio. El desfinanciamiento del gobierno ha llegado a niveles muy altos antes de que concluya su mandato. El endeudamiento agresivo sigue como una manera de evitar tomar medidas de ajuste que pudieran acarrearle un costo político. Esta es otra forma de intervenir dolosamente en el proceso electoral.   

En un contexto de recesión económica, el gobierno y la Asamblea Nacional lanzaron un paquete de reformas laborales, como la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo. Ello trajo efectos contrarios a los perseguidos, agravando la inestabilidad laboral y el incremento del trabajo informal.

La ineficiente gestión del Estado ha desembocado en escándalos de corrupción denunciados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El gobierno, en lugar de emplearse a fondo para investigar los nombres de los funcionarios beneficiarios de las coimas, 33,5 millones de dólares, ha armado toda una estrategia para ocultar su responsabilidad.  Echa la culpa a administraciones anteriores, sin explicar cómo fue posible que la red de corrupción denunciada por el gobierno pudiera hacer de las suyas en éste.

El gobierno de Correa armó toda un aparato institucional que ha consagrado la impunidad. Los organismos de control del Estado se hicieron de la vista gorda y el presidente, pese a concentrar en sus manos todas las funciones del estado, no hizo nada por impedir que la Odebrecht perpetrara sus ilegalidades. Sorprende que luego de su expulsión en el 2010,  Correa haya cedido a las presiones de Lula para que esta empresa regresara al Ecuador y siguiera operando en nuestro país.    

Los proyectos estratégicos en el campo de la energía no lograron sus objetivos. Los casos de la Refinería de Esmeraldas, el proyecto del Aromo, los sobreprecios denunciados por el Comité Cívico contra la Corrupción ponen al descubierto prácticas ineficientes y dolosas de gestión.

El aparato público no estuvo organizado en forma técnica. La institucionalidad del estado perdió autonomía; sus competencias fueron neutralizadas por el Ejecutivo, con lo cual el propio gobierno se quedó sin la presencia y acción de interlocutores  a nivel del estado, capaces de  darle  asesoramiento técnico confiable.

En el campo educativo el gobierno ha creado una infraestructura de país rico superpuesto al país pobre del área rural. Las llamadas “escuelas del milenio” y el experimento Yachay sintetizan una utopía modernizante que no guarda relación con las condiciones de atraso que el gobierno no ha podido remediar. Consecuente con esta concepción modernizante la “revolución ciudadana” ha declarado la guerra a los pueblos ancestrales y sus territorios poniendo al estado como garante de la explotación minera en la Amazonía. En lugar del diálogo ha recurrido a la represión contra el pueblo Shuar. El gobierno arremetió contra la autonomía universitaria, y  universidades públicas de prestigio, como la FLACSO y la Andina, han sido intervenidas, recortando sus atribuciones; otras han perdido su perfil como baluartes de un pensamiento crítico.

El gobierno tampoco pudo balancear la marea adversa que emergió en la arena política. Si bien se valió de la visita del Papa, sacó provecho de los desastres naturales potenciales y reales, no ejerció liderazgo para aunar esfuerzos, recursos y acciones en una movilización nacional integradora y desaprovechó la oportunidad de dirigir al país hacia objetivos mayores que los cálculos electorales micropolíticos. No supo articular una política de acercamiento al sector privado, cuyo concurso se volvía indispensable cuando el Estado ya no podía seguir actuando de motor de la economía. El tratado de libre comercio con la Unión Europea se produjo tardíamente, a los nueve años, en la finalización del gobierno.

Además del “paquetazo” económico, el gobierno nos propinó un “paquetazo” político, con el que se han cercenado las libertades políticas, en especial, la de pensamiento y organización, abonando con ello el terreno a la corrupción. Pues  la prensa independiente, los medios de comunicación no oficiales contrariando la versión ideologizada del poder que aún insiste en la cantilena de que tales medios son voceros de los grupos de poder económico, se han convertido paradójicamente en  defensores del interés público, mientras que los medios incautados por el gobierno y sus periódicos han  devenido en sumisas cajas de resonancia del poder político de turno. La “expropiación” de los bienes de Fernando Villavicencio, un valiente periodista que investigó y denunció actos reñidos con la moral pública cometidos en Petroecuador, pone al desnudo el doble discurso del gobierno sobre el poder mediático; pues Villavicencio no es banquero, ni terrateniente, ni empresario. 

La arremetida contra los medios de comunicación privados  se asemeja a lo que Nietzche dice en diálogo con su médico Josef Breuer: “¡entrenamiento mental y elaboración del comportamiento! ¡Semejantes métodos no son para el reino humano! ¡Y no somos domadores de animales!” en la novela El día que Nietzche  lloró, de Irvin Yalom. Esta sentencia se aplica al empeño del Cordicom de silenciar la libertad de expresión con el pretendido retiro de frecuencias a Radio Democracia-Exa y a Radio Visión. 

El gobierno no supo manejar con eficacia las circunstancias cambiantes con la baja del precio del petróleo, la apreciación del dólar y los desastres naturales. El incremento del desempleo y del subempleo es inocultable. La tasa de desempleo creció del 14% al 19,9 % en el último año, según el INEC. Ha habido un deterioro de los indicadores laborales. Cordes sostiene que “el empleo adecuado cayó 5,3 puntos en un año. La tasa de la pobreza por ingresos bajó del 23,3 % en el 2015 al 22,9 en el 2016. Una reducción de cuatro puntos”; la pobreza extrema pasó de 8,5 a 8,7, según los datos del INEC, publicados en El Comercio.

El balance de este juego situacional conspira contra la pretensión del gobierno de perpetuarse en el poder. El gobierno que se autocalificó de izquierda perdió la oportunidad de afincarse en la democracia. La democracia formal, representativa,  fue desacreditada como “burguesa”; de esta manera la burguesía quedó como democrática y la “izquierda”, falsamente representada por el gobierno, como anti-democrática.

Es plausible que todos los candidatos de la oposición coincidan en la necesidad de recuperar la democracia. La “revolución ciudadana” nos deja como legado la adhesión a una apertura ideológica que reconoce el derecho de todas las ideologías a la alternancia en el ejercicio del poder como una vía para desterrar la polarización y la manipulación electorera de la democracia.

Resulta evidente que el gobierno, por una razón o por otra, no pudo mantener la direccionalidad inherente a su proyecto político. Ni en el plano económico, político e ideológico. Y no solo eso; tampoco supo sortear con éxito las dificultades que le sobrevinieron.