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14 de Agosto del 2023
Ideas
Lectura: 7 minutos
14 de Agosto del 2023
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista, con un doctorado por la Universidad Nacional del Cuyo, de Argentina.

Paralelismos: 1978 y 2023
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Una consecuencia del asesinato del ex candidato Calderón fue que su sacrificio llevó a que los ciudadanos apoyaran a las fuerzas políticas más alejadas de la confabulación. El crimen político no frenó el retorno a la constitucionalidad; produjo el efecto contrario y fortaleció el patrocinio ciudadano al proceso de restauración institucional

Ecuador acaba de ser testigo de un asesinato político: el de Fernando Villavicencio, periodista investigador y, al momento del crimen, candidato a la presidencia de la República. No es el primer homicidio contra un actor político de gran relevancia. En los últimos meses y semanas hemos conocido de otros atentados, varios de ellos terminaron con el deceso de ecuatorianos. Y hubo uno especial en décadas pasadas, pues su víctima fue un candidato a la presidencia de la República: Abdón Calderón Muñoz. Sin embargo, el horror que esta muerte suscitó en el país sigue siendo inconmensurable. 

Calderón fue abatido por dos sicarios que iban en una moto. El delito se produjo en pleno proceso de restauración de la democracia, en el lapso comprendido entre la primera y la segunda vuelta electorales. Fue ametrallado el 29 de noviembre de 1978. Fue trasladado a EEUU en un avión ambulancia y falleció el 9 de diciembre.

El escenario en esos años, era de polarización e incertidumbre. Las fuerzas políticas conservadoras seguían abominando del plan de reinstitucionalización jurídica del estado, como la señalaron desde sus primeros momentos, en 1976. Contaban como aliados a sectores de las fuerzas armadas y de la policía y a integrantes del organismo electoral de entonces, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Cuestionaban los mecanismos más participativos que propuso el Consejo Supremo de Gobierno, apoyado por los partidos políticos que se estaban estrenando, y que propiciaban una renovación de las prácticas electorales y democráticas ecuatorianas. Los grupos tradicionales y sus caudillos tenían el respaldo de la plutocracia guayaquileña.

Las investigaciones posteriores, difundidas en la prensa, dieron cuenta que los asalariados que cometieron el magnicidio, fueron contratados por un oficial de la Policía, el mayor Jaime Hermosa Eskola, quien trabajaba como coordinador en el ministerio de Gobierno, cuyo titular era el coronel Bolívar Jarrín Cahueñas, quien incluso recurrió a la asesoría del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien luego renunció. Jarrín fue el promotor de la reestructuración de la Corte y quien designó a sus autoridades. Curiosamente, según una versión publicada en el diario El Comercio, dos de los implicados en el atentado contra Calderón tenían vínculos con el grupo Atala, supuestamente revolucionario y castrista, y promotor de la violencia en la Universidad de Guayaquil.

Hasta aquí los acontecimientos históricos, en una coyuntura muy distinta de la actual. No obstante, hay ciertos paralelismos. El primero es que los dos crímenes contra candidatos presidenciales se perpetraron en momentos electorales. En 1978, el móvil del asesinato, según la publicación de El Comercio, fue los ataques de Calderón al régimen militar. El mismo El Comercio, en su edición del 22 de julio de 1978, divulgó una denuncia del candidato Abdón Calderón Muñoz sobre que algo se estaba tramando en el TSE, sea contra el retorno a la democracia o para desconocer los resultados electorales de la primera ronda, en la cual los dos primeros lugares los obtuvieron los binomios compuestos por Sixto Durán Ballén y José Icaza, y por Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Esta conjetura fue corroborada por las acciones del TSE de pretender retrasar los comicios de la primera vuelta electoral. Como no lo consiguieron, intentaron desconocer sus resultados y anular las votaciones. Lograron aplazar la proclamación oficial de los ganadores de la primera vuelta y retardar los comicios definitivos. Pero no pudieron obstruir el proceso de recuperación de la democracia y este culminó con la entrega del poder a Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, en agosto de 1979.

Tras la liquidación de Villavicencio, ciertas voces, autoproclamadas representantes de colectivos ciudadanos, apenas producida la tragedia, en lugar de expresar su espanto y su pesar frente a tal atrocidad, convocaron a suspender indefinidamente las elecciones y a conformar un gobierno civil militar temporal. Una de las razones que señalaban para este requerimiento era el “restablecimiento de la institucionalidad”, democrática se supone. Su demanda suena a sinrazón y revela un desconocimiento del valor de la democracia.

¿Cómo así se renovará la democracia ecuatoriana con una dictadura civil militar, es decir con la vigencia del autoritarismo? Felizmente se callaron. No encontraron eco, seguramente.

Otra similitud es que la conspiración que terminó con la muerte de Calderón, reunió a una diversidad de actores políticos, e involucró a las cabezas de varias funciones del Estado. Lo que les unía a todos ellos era la defensa, preservación y consolidación de sus intereses particulares. Nada más. Estos propósitos se fueron develando a medida que las investigaciones se desarrollaban. A pesar de lo poco que conocemos sobre el homicidio de Villavicencio y sus móviles, y solo hay rumores sobre los presuntos autores intelectuales, al momento empiezan a difundirse detalles que apuntan a descubrir que hubo una concertación de intereses para acabar con su vida, dirigidos a mantener, resguardar y ampliar beneficios específicos inconfesables.

Una tercera semejanza es que en 1978 la violencia azotaba al Ecuador y los ciudadanos vivían en el temor y la zozobra. La prensa de la época da cuenta de ataques contra periodistas y medios de comunicación, dirigentes empresariales y políticos; también secuestros, órdenes de prisión y otros actos que los medios de comunicación guayaquileños denominaron como propios de una ola terrorista. En este 2023, por cierto, la magnitud y los rasgos de la violencia que estamos sufriendo son considerablemente mayores e inéditos, sin duda. 

Una consecuencia del asesinato del ex candidato Calderón fue que su sacrificio llevó a que los ciudadanos apoyaran a las fuerzas políticas más alejadas de la confabulación. El crimen político no frenó el retorno a la constitucionalidad; produjo el efecto contrario y fortaleció el patrocinio ciudadano al proceso de restauración institucional. Ojalá el pesar y el desasosiego que nos agobia a los ecuatorianos en este 2023 se concreten en una votación reflexiva, sustentada en una decisión en favor del Ecuador, de la paz, de la seguridad, del trabajo y de la recuperación del diálogo. Una elección que aparte del afán de preservar la venganza, consolidar el odio, promover la impunidad y repetir el ambiente de obstrucción que caracterizó a la anterior asamblea. La vida de un ecuatoriano que se inmoló por sus ideales merece ser honrada.

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