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19 de Marzo del 2024
Ideas
Lectura: 8 minutos
19 de Marzo del 2024
Luis Córdova-Alarcón

Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador.

Paralelismos entre Honduras y Ecuador
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Todas las condiciones que hicieron de Honduras un Estado criminal están presentes en Ecuador y la élite político-militar que nos gobierna no parece interesada en cambiar de rumbo.

Juan Orlando Hernández (JOH), ex presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue declarado culpable por cargos de narcotráfico y posesión de armas en una corte de Nueva York, el pasado 8 de marzo. El último mandatario latinoamericano con igual suerte fue el dictador panameño Daniel Noriega, que en 1992 fue condenado por una corte de Miami.

Ahora, que el gobierno de Daniel Noboa descubre a diario el «agua tibia» en la lucha contra el crimen organizado, vale la pena recordarle al país la trayectoria político-criminal del ex presidente JOH, para extraer lecciones de la experiencia hondureña.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, JOH «participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cocaína a Estados Unidos. Mientras fue congresista y presidente, JOH habría recibido millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desmedida».

Sin embargo, durante muchos años la cleptocracia de Honduras fue tolerada por Estados Unidos, mientras era funcional a su «guerra contra las drogas».

En 1994, JOH ganó una beca para cursar una Maestría en Administración Pública en la Universidad Estatal de Nueva York. En 1997, con 28 años de edad, ganó su primera diputación por el conservador Partido Nacional. JOH ya se perfilaba como la joven promesa de la política hondureña, a la sombra de Porfirio Lobo Sosa.

El 28 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas de Honduras dieron un golpe de Estado y derrocaron al presidente Manuel Zelaya. El propósito era impedir que Zelaya lleve a cabo un plebiscito para instalar una Asamblea Constituyente.

Ahora se conoce cómo funcionarios del Pentágono estimularon el golpe del Estado y, luego, oficiales vinculados al Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry (CEHD) facilitaron canales de comunicación para lograr el apoyo político de la Administración de Barack Obama.

Neutralizado Zelaya, en las elecciones de noviembre del 2009 triunfó Porfirio Lobo Sosa como presidente de la República. Paralelamente, JOH asumió la presidencia del Congreso Nacional, en enero del 2010.

Entonces, la cooperación en seguridad desde los Estados Unidos se aceleró y la militarización del país se profundizó. En septiembre de 2010, el Centro William Perry organizó un taller de seguridad nacional con el nuevo liderazgo hondureño en Tegucigalpa; y en 2011 el presidente Lobo Sosa envió al Ejército a las calles en la denominada «Operación Relámpago».

JOH construyó una fachada de «lucha antidelincuencial» desde el Congreso, mientras apuntalaba grandes negocios con los criminales tras bambalinas. En julio de 2011 impulsó la Ley de Seguridad Poblacional «para financiar la lucha contra el crimen». En enero de 2012, JOH impulsó la Ley de Depuración Policial que introdujo «pruebas de confianza» en la institución mediante el uso del polígrafo.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de estas leyes y JOH respondió con talante autoritario: promoviendo la destitución de los magistrados.

En 2013, JOH se convirtió en el presidente más joven en la historia de Honduras. Blindado por sus iniciativas legislativas y bendecido por la embajada de los Estados Unidos, hizo de la seguridad su eje de campaña.

En agosto de 2013 impulsó desde el Congreso la creación de la Policía Militar del Orden Público. Un año más tarde, ya desde la presidencia de la república, decidió militarizar las cárceles.

En enero de 2014, al iniciar su mandato, JOH prometió una política de «cero tolerancia» al crimen y a la corrupción. En su primer acto público firmó una carta de intención con «Amnistía Internacional» para que este organismo realice un monitoreo de transparencia cada tres meses. Y en 2016, ante la presión ciudadana por el latrocinio a la seguridad social, el gobierno de JOH suscribió un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear una misión de la OEA para el combate a la corrupción y la impunidad estatal.

Además, durante su mandato, al menos 13 narcotraficantes fueron extraditados a los Estados Unidos.

JOH también hizo gala de su cercanía con organizaciones evangélicas y con el Opus Dei, jugando a dos bandas. Incluso instituyó la obligatoriedad de la oración al comienzo del día en las escuelas y en ciertas instituciones públicas, como la Policía y el Ejército. Todo hacía pensar que un auténtico paladín de la justicia había descendido desde los cielos a la Casa Presidencial de Honduras.

Ahora se conoce que su campaña presidencial del 2013 fue financiada por el narcotráfico, además de las élites empresariales. Solo «El Chapo» Guzmán aportó con un millón de dólares para que JOH llegue a la presidencia. Su coqueteo permanente con el alto mando policial y militar le permitió articular una maquinaria de narcotráfico bien aceitada desde el poder político.

Entre el 2013 y el 2017 la tasa de homicidios descendió de 79 a 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero en ese mismo período, Honduras se convirtió en el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Según la investigación de Global Witness, desde 2010 murieron más de 120 activistas. 

El asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016, ejecutado por grupos paramilitares financiados por empresarios agroindustriales, es incónico, pero no el único. El reportaje de Jared Olson muestra cómo los paramilitares infiltraron grupos locales y luego mataron a sus líderes en Honduras. Por ejemplo, se relata cómo «un ex oficial de las fuerzas especiales, Celio Rodríguez, se unió a los movimientos de derechos sobre la tierra, incluyendo el MUCA (Movimiento Campesino Unificado del Aguán), y luego ascendió a una posición de liderazgo bajo el argumento de proteger a las comunidades de la violencia. Pero resultó ser la organización de un escuadrón de la muerte».

En definitiva, la trayectoria político-criminal de JOH trasluce una compleja interacción entre redes de crimen organizado bien ancladas en el aparato estatal y una estructura socioeconómica oligárquica funcional a la reproducción del capital criminal. No es un asunto de individuos, sino de instituciones formales e informales que configuran un orden crimi-legal al servicio de una élite cleptócrata. 

Honduras es un buen espejo para que los ecuatorianos miremos nuestros demonios. Todas las condiciones que hicieron de Honduras un Estado criminal están presentes en Ecuador y la élite político-militar que nos gobierna no parece interesada en cambiar de rumbo.

[PANAL DE IDEAS]

Consuelo Albornoz Tinajero
Fernando López Milán
Alfredo Espinosa Rodríguez
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Giovanni Carrión Cevallos
Mariana Neira
Patricio Moncayo
Aldo Lorenzzi Bolaños
Alexis Oviedo

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