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11 de Enero del 2018
Ideas
Lectura: 5 minutos
11 de Enero del 2018
Gabriel Hidalgo Andrade

Politólogo y abogado. Docente universitario.

Parlamentar
El mensaje es claro: está prohibido hablar. Está prohibido legislar, está prohibido fiscalizar, y hoy, además, ser prohíbe hablar a los legisladores. Sí, hablar. Hablar en nombre de todos, no solamente en nombre de sus electores. Hablar para rendir cuentas sobre sus gestiones públicas y decisiones políticas ante los medios y la sociedad; hablar para representar los intereses nacionales; hablar para hacer posibles las acciones de legislación y fiscalización.

Ayer sancionaron a dos asambleístas opositoras por manifestar su criterio político. Ambas calificaron al Consejo de Administración Legislativa como un órgano encubridor de la corrupción. Hicieron estas declaraciones bajo su inmunidad parlamentaria, en pleno ejercicio de sus funciones legislativas y después de que el órgano asambleario rechazara sin justificación varias peticiones de juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glas y del ex ministro Augusto Espinosa.

Al mismo tiempo, el pleno de la Asamblea Nacional debatió sobre la Ley para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Esto es un contrasentido.

Las intervenciones estuvieron cargadas de frases sobre la equidad de género, el que llamaron como acoso político y los obstáculos para la libre expresión en la matriz hetero patriacal opresora.

Minutos después, Cristina Reyes y Ana Galarza, antes calificadas con misoginia como neuróticas por Jorge Glas, ayer fueron sancionadas solo por expresarse. Ambas fueron acusadas por provocar incidentes violentos en las sesiones plenarias, según la ley de la función (art. 165.3). ¿Acaso denominar con todas sus letras a un órgano cómplice de la descomposición ética del gobierno correista equivale a violentar las sesiones plenarias?

El mensaje es claro: está prohibido hablar. Está prohibido legislar, está prohibido fiscalizar, y hoy, además, ser prohíbe hablar a los legisladores. Sí, hablar. Hablar en nombre de todos, no solamente en nombre de sus electores. Hablar para rendir cuentas sobre sus gestiones públicas y decisiones políticas ante los medios y la sociedad; hablar para representar los intereses nacionales; hablar para hacer posibles las acciones de legislación y fiscalización. En hablar o, dicho con propiedad, en el acto de parlamentar reside la mayor parte del trabajo legislativo. De ahí proviene el término “parlamentario”. El parlamentario que no quiera hablar, es mejor que renuncie y deje ese espacio para quien sí quiera trabajar.

Ayer se produjo un disparate. Mientras las legisladoras correistas parlamentaban sobre sus derechos como mujeres, a otras mujeres, colegas suyas, les arrebataban su derecho a expresarse con libertad y las silenciaban para evitar que divulguen las verdades incomodas al poder. Ese es el contrasentido: ayer se prohibió parlamentar a los parlamentarios, y, para colmo, en un acto de misoginia institucionalizada se sancionó como “violentas” a dos de las pocas legisladoras que cumplen con su trabajo. Todo mientras las correístas se llenaban la boca con la frase “no a la violencia a la mujer”.

Unas pocas intervenciones plenarias en el debate de la ley se dirigieron a justificar a una legisladora que se rehúsa a parlamentar. Se trata de una honorable que no quiere responder ante las dudas de la opinión pública sobre su premeditada ausencia en las sesiones para impedir el juicio político a Jorge Glas. Si no quiere hablar, y vota para que quienes quieren hacerlo, compañeras suyas, no lo hagan, está claro que confunde por completo la finalidad de una legislatura tanto como cualquier acción dirigida a erradicar la violencia contra la mujer.

Algo no cuadra en aquellas parlamentarias que utilizan el discurso de género para intentar desagraviar sus asuntos personales en el pleno legislativo como sucedió ayer y que, al mismo tiempo, defiendan y hasta justifiquen el odio político correista aún vigente hacia las mismas mujeres, sus propias compañeras legisladoras.

La lista interminable de insultos machistas no es una buena referencia para los aliancistas al momento de reivindicar hipócritamente la igualdad de género. Apelativos como “chiflada”, “fracasada”, “mediocre”, “sufridora”, “neurótica”, “corrupta”, “mentirosa”, “desquiciada”, “deshonesta”, “muñequita” y más formaron parte del vocabulario utilizado por Rafael Correa para referirse a sus adversarias políticas.  

¿En dónde estuvieron las parlamentarias correistas de ayer cuando Mery Zamora, Martha Roldós, María Paula Romo y otras lideresas fueron calumniadas por Correa? ¿En dónde estuvieron cuando ministras, asambleístas y funcionarias del gobierno correista fueron calificadas, sistemática y premeditadamente, como objetos sexuales en una de cada dos sabatinas? ¿En dónde estuvieron cuando Cinthya Viteri, en época de la competencia electoral, fue calificada como “muñeca de pastel” y agredida por la misoginia del ex presidente?

Lo sabemos, no podían hablar con la boca llena de poder...

@ghidalgoandrade

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