Tras las masacres en los centros penitenciarios del Ecuador en el 2021, algunas de las cuales fueron transmitidas en vivo por redes sociales, entre las opiniones de la gente estuvo que las personas privadas de la libertad (PPL), no deben tener opción a rehabilitarse porque son sujetos perdidos socialmente, que mejor era la pena de muerte, al menos en casos donde la persona haya violado a niños. La opinión pública fue y es muy dura ante los PPL y razones no faltan, ya que las cárceles del Ecuador se han convertido en universidades para sacar maestría en criminalidad, como ocurre en otras cárceles de Latinoamérica. Desde el interior de los centros penitenciarios se manejan negocios como el sicariato, la droga y otras derivaciones asociadas a actividades ilícitas.

Mientras los policías ingresan a las cárceles durante los amotinamientos con gases lacrimógenos, los PPL, más violentos, los esperan con granadas, metralletas y otras armas letales. Razones no faltan para que la gente señale que mejor sería la pena de muerte, porque hay sujetos –lo digo desde los conocimientos en perfilación criminal- que son verdaderas máquinas de muerte. Sin embargo, experiencias de expertos en el ámbito carcelario señalan medidas alternativas para disminuir la población carcelaria y paralelamente romper con el gran negocio del crimen organizado que actúa desde las cárceles en beneficio del narcotráfico.

Giovanni Tartaglia Polcini, Coordinador del Componente Sistemas Penitenciarios del PAcCTO, de la Unión Europea se refiere a las estrategias y medidas alternativas para descongestionar los Sistemas Penitenciarios. En una entrevista realizada para esta columna, Tartaglia sugiere que se deben encontrar medidas alternativas para reducir la población carcelaria, las cuales no significan impunidad. Para llegar a ellas plantea que las autoridades que administran las cárceles deben clasificar a los presos para darles una rehabilitación. Esto implica conocer qué crimen cometió un preso y según eso analizar si puede adoptar alguna medida alternativa, entre las cuales, estarían: que realicen trabajo comunitario, detención domiciliaria, brazaletes de seguridad, etc.

Dentro de esta clasificación se debe observar e investigar a los presos que pertenecen al crimen organizado pues son ellos el motor de los negocios ilícitos. “La pena de muerte va contra los derechos humanos, no tenemos porqué llegar a esa instancia; hay que entender las razones que llevaron a cometer el delito para dar tratamiento. Los cabecillas de la mafia –cita casos italianos y de Brasil-, con un adecuado acercamiento pueden ser colaboradores de la justicia”.

Incluso plantea, que los reos menos peligrosos deben tener otro tipo de “castigo”, para que no se conviertan dentro de las cárceles en soldados del crimen. “Las cárceles se han convertido en lugares inseguros, donde impera la ley del más fuerte”, asegura el experto. Este esfuerzo de buscar medidas alternativas para los presos tiene el objetivo de romper la estructura del crimen organizado que actualmente se evidencia en las cárceles de Latinoamérica. 

Las organizaciones delictivas actúan en red, tienen jerarquías, diversidad de roles, códigos que se respetan e incluso como se señala en el artículo titulado La captura de Morabito y el crimen organizado en Brasil, utilizan otro lenguaje para comunicarse –en el caso brasileño, el guaraní, lengua tradicional- así dificultan las interferencias telefónicas que la policía aplica.

En el Ecuador, el hablar de medidas alternativas, produce rechazo en la sociedad, culturalmente los ecuatorianos están acostumbrados a buscar como la justicia primera y última: la cárcel. Sin embargo, el argumento de Tartaglia es lógico si el objetivo es romper organizaciones criminales. Para llegar a este entendimiento también hace falta trabajo por parte de las autoridades de turno, ya que se trata de cambiar un paradigma y sobre todo tomar el poder en las manos, lo cual actualmente no se ve ni se ha visto que lo hayan hecho los últimos gobiernos. Autoridades y sociedad esperamos a las masacres que se puedan dar dentro de las cárceles para reaccionar y esta reacción es momentánea, luego todo vuelve a esa terrible “normalidad”. 

Se conoce que el actual Gobierno trabaja en una reestructura carcelaria, sin embargo, nada se ha dado a conocer a la opinión pública y cuando se consulta hay silencio. Ojalá sea una estrategia para no alertar al crimen organizado y no se trate de que el tema quedó en el olvido, pues lo único claro hasta el momento, es que quien maneja los negocios ilícitos dentro de las cárceles si tienen un orden para actuar, una metodología y han diversificado su trabajo. Esto frente a sistemas de justicia corruptibles y sistemas policiales débiles en acción, que lamentablemente esto no cambia con el incremento salarial que recientemente les otorgaron. 

Hay quienes dicen que si en el país existiera la pena de muerte habría menos corrupción en el Estado; menos asesinatos, violaciones y asaltos, sin embargo, en el Ecuador, según archivos de la Revista Vistazo, si existió la pena de muerte y se abolió en 1897. Y en administraciones gubernamentales donde se aplicó la llamada “mano dura”, se cometieron injusticias contra inocentes. Quien es astuto y cruel en esta vida, se dará modos para salir ileso y mandar a la guillotina a algún inocente. El ser humano cuando tiene más ego y poder antes que ética y valores, puede ser más perverso que los llamados criminales.