La petición y rendición de cuentas es una forma de “domesticar el poder” sostiene el profesor austríaco Andreas Schedler. O de domarlo, añadiría.  Porque implica un desafío entre los ciudadanos y los mandatarios; entre el poder soberano de los unos, y el poder político de los otros. Una dinámica que reconoce los derechos de los electores frente a los actores políticos, y la obligación de estos de responder ante ellos, sus mandantes. Es, asimismo, una respuesta a los límites de la participación ciudadana y social, frente a las argucias de los políticos.

Vista de esta manera, la petición de cuentas de los ciudadanos a los gobernantes y a los candidatos a serlo, y la rendición de cuentas de los dignatarios y pretendientes es un ejercicio clave de la democracia. Además de procurar que los funcionarios elegidos en las urnas se responsabilicen por sus actuaciones, contribuye a consolidar la institucionalidad democrática, a debilitar la demagogia electoral y a que la administración del estado se verifique sobre principios jurídicos. Acerca, por tanto, el ejercicio real de la democracia con el deber ser de ella.

Los momentos electorales son períodos en los que la retórica política se despliega en su máxima expresión. Son el tiempo de las promesas y de las ofertas. También de la ambigüedad, del ocultamiento y de la manipulación. Lo son por obra del desencanto frente a unos juramentos incumplidos; de la esperanza que se niega a rendirse y confía en avizorar otros futuros posibles, y de la mercadotecnia política en sus diferentes versiones, incluida la que incorpora aportes de las neurociencias. El ejercicio del derecho al acceso a la información pública y la exigencia de transparencia son las acciones que favorecen a que los ciudadanos develen lo que esconden los aparatos propagandísticos en las campañas electorales. Ellas les permiten tomar nota de sus afirmaciones, negaciones, dudas, acusaciones y ofertas, para cotejarlas cuando los elegidos estén concentrados en gobernar. Los elementos que se conjugan en el proceso contribuyen no solo a proporcionar información al electorado, sino a alentarlo a que evalúe, controle, responsabilice y repruebe a los gobernantes en todas las fases de su gestión y desempeño, inclusive desde cuando se hallan en competencia.

En la década de 1990 el politólogo argentino Guillermo O’Donnell postuló la rendición de cuentas horizontalhttp://nuso.org/articulo/rendicion-de-cuentas-horizontal-y-nuevas-poliar..., en la que el control a los regímenes es misión de las oficinas del estado habilitadas para fiscalizar, sancionar, destituir a los funcionarios elegidos y designados y exigirles asuman su responsabilidad por lo que han hecho o dejado de hacer. La efectividad de esta rendición de cuentas horizontal depende mucho de la solidez institucional. En estados con una institucionalidad débil o ausente, el control por medio de los organismos autorizados para ello puede ser apenas un ritual o un procedimiento formal que se despacha y se evacúa con un informe, un conversatorio, una sesión de socialización o una sabatina.

La rendición de cuentas horizontal suele ir acompañada por la rendición de cuentas vertical, centrada en la dimensión electoral. Bajo esta modalidad, los votantes niegan su apoyo a los candidatos que les defraudaron y entregan su adhesión a los postulantes que les prometen castigo a quienes les traicionaron, y se presentan como una alternativa opuesta a la que buscan condenar en las urnas. El movimiento del péndulo puede ser una expresión de este reproche ciudadano.

Con el objetivo de vigorizar el sentido de la petición y rendición de cuentas, Andreas Schedlerhttp://itai.org.mx/site/ifile/Cuadernos/cuadernillo03.pdf reflexiona sobre cómo conseguir que sean las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos electores el eje de los debates electorales y no los apetitos e intereses de los aspirantes a gobernantes. Su apuesta es a que la petición de cuentas a los políticos incorpore un “abanico de mecanismos” que les sujeten, les comprometan y favorezca su rendición de cuentas ya en el gobierno.  Todos conocemos, por las experiencias históricas que hemos vivido y conocido, cuán escurridizos pueden ser los mandatarios y cuánta habilidad para evadirse y desentenderse pueden demostrar. Por eso los aprendizajes en la petición y rendición de cuentas son tan valederos.

Como una respuesta a las dificultades observadas, el argentino Enrique Peruzzotti propuso lo que denominó la rendición de cuentas social. La define como un conjunto de intervenciones desde diversos espacios ciudadanos para controlar y exigir cuentas a los gobernantes. Una de ellas es a través del ejercicio del periodismo independiente, con su mirada puesta en la sociedad. En esta modalidad de observación social, el periodismo, que siempre es investigación, actúa como un intermediario en el ejercicio del escrutinio social al que todo ciudadano tiene derecho. 

Cuando la prensa indaga, averigua, divulga y denuncia lo que hace es producir acciones que se inscriben en la obligación de los gobiernos de entregar información y de explicarla a sus votantes. Lo es porque el modo como los actores políticos cumplen con su mandato, en las sociedades contemporáneas, se despliega y se difunde en los espacios públicos: el periodismo en todos sus soportes y en las redes sociales, por citar dos arenas posibles. Aclaro: periodismo, no info-entretenimiento, ni relaciones públicas. Información contrastada y plural de hechos, no de decires solamente.

Desde esta visión, la rendición de cuentas involucra también la exposición de la persona pública al examen social. Si los gobernantes son representantes de los ciudadanos, es imperativo que la sociedad escudriñe sus acciones, sus equivocaciones, culpas y omisiones. Develar al funcionario o dignatario irresponsable es el primer paso para sancionarlo y no dejarlo en la impunidad. En este objetivo el periodismo y las redes sociales tienen un papel relevante. Y tanto lo saben los altos cargos políticos que no se arredran de promover arquitecturas institucionales y normativas tendientes a dificultar el acceso a la información no solo a los periodistas, para quienes la información es la materia prima de su trabajo, sino a todo ciudadano que se interese por lo que sucede en la esfera política en la cual está inmerso. Y tanto lo saben esos mismos altos cargos que no se resisten a configurar legislaciones y a levantar oficinas que desalienten, al menos, y persigan a quienes ejercen su libertad de expresión en las redes sociales.

¿Para qué aprobaron la ley orgánica de comunicación que conspira contra el derecho a la información de todos los ecuatorianos; crea dobles raseros y legaliza la práctica de la discrecionalidad, de la autocensura y del miedo? ¿Para qué se empeñan en decretar una ley de datos personales sobre la que hay tantos reparoshttp://blog.observatoriolegislativo.ec/observatorio-legislativo-presento... argumentados, reflexionados y a los que el oficialismo ignora y desestima?

Qué hacer. Seguir, sin desfallecer, en la tarea de pedir cuentas a quienes hemos elegido como gobernantes o a quienes suspiran por serlo. Y para que se vayan acostumbrando, iniciativas como la del portal Ecuador chequeahttp://www.ecuadorchequea.com/ son válidas. Es una petición de cuentas social, en la que colaboran medios de comunicación, universidades, asociaciones civiles y organizaciones de diverso tipo. Es un ejercicio preventivo cuyo mensaje a los candidatos es explícito: cuidado, te estamos mirando, estamos tomando nota de tus ofertas y luego te pediremos cuentas sobre lo que te comprometiste. Sé claro en tus ofrecimientos. No prometas algo que sabes no podrás ejecutar. Sé honesto y no engañes a tus electores. Si lo haces, el primer afectado serás tú.