El «Plan Ecuador» está en marcha; y con él, la injerencia de los Estados Unidos (EE.UU.) en la crisis interna del país. El esquema de política exterior que sigue el gobierno de Lasso es similar al que utilizaron sus homólogos colombianos para hilvanar el «Plan Colombia». Se trata de una estrategia que impulsa el gobierno ecuatoriano para alinearse con los intereses de Washington a cambio de ayuda militar, económica y social. Arlene Tickner (2007) la denominó «intervención por invitación» y fue la primera en advertir de las debilidades de este esquema.

El «Plan Colombia», oficialmente denominado «Plan para la paz y el Fortalecimiento del Estado», nació por iniciativa del gobierno de Andrés Pastrana y luego fue reforzado durante la administración de Álvaro Uribe. Para lograr adeptos en Washington, el gobierno colombiano retrató la crisis interna de seguridad como una «amenaza» para la estabilidad y la seguridad hemisféricas.

Entre el 2000 y el 2006 Colombia recibió más de USD 4000 millones en ayuda militar, económica y social estadounidense. Sin embargo, la promesa de fortalecer las capacidades estatales no se cumplió.

Recrudeció la militarización de sus fuerzas de seguridad, se incrementó la presencia de tropas, “asesores” militares y mercenarios extranjeros. Pero, sobre todo, «se enajenó la autonomía del Estado y de su control sobre los procesos de toma de decisiones respecto de la lucha antidrogas y antiterrorismo» (Tickner 2007, 106). Por si fuera poco, funcionarios gubernamentales del más alto nivel viajaban mensualmente a EE.UU. para “someter aspectos álgidos de la política interna a los debates y decisiones de Washington» (Tickner 2007, 107).

A principios del 2007, el gobierno de Uribe presentó la «Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social 2007-2013», segunda fase del Plan Colombia. Sus resultados fueron exactamente lo contrario. El paramilitarismo, aupado por el gobierno y ciertas élites agroindustriales, hegemonizó el mercado de la cocaína. Los «falsos positivos» fueron la regla institucional de las fuerzas de seguridad para encubrir sus fechorías; y la violencia criminal y política creció incesantemente.

Aunque en el Palacio de Carondelet se ignore este antecedente, no hay que perderlo de vista. Las actuaciones del gobierno ecuatoriano no son ingenuas y hay suficientes indicios para anticipar el esquema general de lo que se avecina. Hagamos un breve recuento de los eventos que configuran la «intervención por invitación» como vía para un «Plan Ecuador».

El punto de inflexión en la política exterior del Ecuador fue la crisis de seguridad que se desató tras el coche bomba que estalló en el cuartel policial de San Lorenzo y el posterior secuestro del equipo periodístico de El Comercio, en enero y marzo del 2018, respectivamente.

Desde entonces, la espiral de violencia criminal crece con la misma intensidad con la que se estrechan los vínculos con EE.UU., especialmente, en materia de seguridad. Para confirmarlo bastan dos indicadores. Primero, la frecuencia de visitas oficiales del alto mando militar y político estadounidense al Ecuador, desde marzo de 2018 hasta la fecha.

Segundo, la continuidad de los operadores políticos que han hecho posible la «intervención por invitación»: Ivonne Baki, Oswaldo Jarrín, María Paula Romo, Patricio Carrillo y Luis Lara, además de dos incorporaciones recientes: Juan Carlos Holguín y Diego Ordóñez. Los «siete magníficos», como suelen llamarlos en la embajada de EE.UU. y no precisamente como un halago.

Operativamente, fue necesaria la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad de la embajada estadounidense en Quito, el 2 de agosto de 2018, para crear las bases de la interacción subordinada que tanto ilusiona a los «siete magníficos». Luego, vino la reapertura de las oficinas de la USAID, el 15 de mayo de 2019; y, finalmente, la apertura de una central de operaciones de la INL en Guayaquil, el 7 de junio de 2022. La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley –o INL, por sus siglas en inglés– está adscrita al Departamento de Estado y actualmente es la agencia federal de EEUU con más presencia en Ecuador.

El «Plan Ecuador», que lo anticipó Lasso en una entrevista, en Miami, el 8 de junio 2022, tiene dos componentes estratégicos. El primero, es una estrategia global de intervención en todas las áreas del Estado ecuatoriano. El marco de actuación para dicha estrategia global es la «Ley de Asociación entre Ecuador y EE.UU.» (véase la sección 9) que está en proceso de aprobación en el Congreso de los EE.UU.

Este proyecto de ley nace de una iniciativa bipartidistas promovida por Bob Menéndez, Jim Risco, Tim Kaine y Marco Rubio. Lo que podría ser determinante para su aprobación luego de las elecciones legislativas que se avecinan en EE.UU. El segundo componente es la denominada «Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz». Es el documento que mostró el presidente Lasso en la entrevista con el periodista Rafael Cuesta, el 3 de octubre pasado. Aunque su contenido exacto sigue siendo un secreto, se conocen tres cosas. Habrá una fuerte inversión en tecnología israelí para recolección de información (¿sin orden judicial?). Fue elaborado por policías y militares que están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, bajo supervisión extranjera, aunque Diego Ordóñez sea su representante civil. Cuenta con el visto bueno del Comando Sur de los EE.UU.

El problema no es que EE.UU. actúe como acostumbra. El problema es que los gobiernos de países periféricos como Ecuador no sepan desenvolverse en su contexto internacional con brújula propia. El alcance del «Plan Ecuador» es un trágico recordatorio de que no hay un Estado fallido, sino un gobierno fallido; incapaz de calibrar favorablemente los términos político de su relación con EE.UU. y de planear una salida no militarista a la crisis de seguridad que padece el país.