La separación de poder y política es un fenómeno que viene estudiándose desde hace muchos años. Se parte de la sospecha de que la política no es más que un simulacro, una pantalla para disimular los verdaderos juegos de poder en una sociedad. Los denominados poderes fácticos, que usualmente operan en la sombra, serían los responsables de tomar las decisiones más trascendentales en un Estado.

La consecuencia más inmediata y devastadora de esta dinámica es un debilitamiento progresivo de la democracia. Es decir, de la facultad que supuestamente tienen los pueblos para decidir su destino. En la práctica, las instituciones, particularmente aquellas que nacen de una elección directa, solo actúan desde la formalidad. Por debajo, los grandes intereses económicos, tanto internos como externos, ponen en práctica sus agendas particulares.

Probablemente los parlamentos sean la expresión más descarnada de esta situación. De ser la entidad política por antonomasia en un régimen democrático, terminan convertidos en simples mercadillos por obra y gracia de la descomposición institucional. Ni los partidos son partidos ni los asambleístas son asambleístas. Dicho de otro modo, ni unos ni otros representan un proyecto de poder de alguna porción considerable de la sociedad. Lo estamos viviendo a propósito de los últimos berenjenales en la Asamblea Nacional.

En principio, el Partido Socialcristiano y CREO deberían tener coincidencias estratégicas; por su parte, deberían tener ciertas diferencias –no mayores– con el populismo correísta; finalmente, deberían tener posiciones antagónicas con Pachakutik. Al menos, esa imagen fue la que se proyectó durante el último proceso electoral. No obstante, los recientes alineamientos a propósito de ciertas decisiones legislativas presentan un panorama completamente incoherente, absurdo. Al menos, en apariencia.

¿Qué movió a los bloques de UNES y del PSC a viabilizar la ley tributaria del Gobierno? Si nos remitimos a las formas oscuras de representación que señalamos al inicio, los tres grupos en disputa expresan los intereses de determinados sectores empresariales. Son sectores que se llevan beneficiando de todos los gobiernos de turno indistintamente y que, como es obvio, estuvieron detrás de la aprobación de la mencionada ley. La explicaciones y justificaciones que los tres partidos le dieron al país a propósito de este extraño pacto no son más que un envoltorio discursivo para calmar los ánimos ciudadanos.

¿Qué mueve hoy a esos mismos bloques legislativos a disputarse con el Gobierno el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Pues la necesidad de proteger esos mismos intereses empresariales a través del manejo directo de las distintas entidades de fiscalización y control estatal. La clave está en quién mismo corta el queso. Nada más.

Lo único que todavía no está muy claro es qué mueve a las dos fracciones de PK a alinearse detrás de estas fuerzas de la derecha… a menos, claro está, que algunos empresarios ya se hayan cobijado bajo el arcoíris.