Se equivocan quienes piensan que el juicio político al presidente Lasso es un intento por sancionar la corrupción o los delitos en contra de la seguridad del Estado. Es como creer en la existencia de Santa Claus. A lo que en realidad asiste el país es a una conjunción de intereses que coinciden o que se contraponen, pero que terminarán resolviéndose en los conciliábulos de las negociaciones. Mejor dicho, en las madrigueras de los chanchullos.

Salvador Quishpe acaba de alertar sobre la próxima renovación de los contratos con las transnacionales telefónicas, uno de los negocios más jugosos y rentables del mundo. Según él, el sainete que se arma en la Asamblea Nacional a propósito de la destitución de Guillermo Lasso tendría que ver con el eventual reparto de esa gigantesca torta. A esto hay que añadir los intentos no disimulados de privatización de ciertas empresas estatales (entre ellas el Banco del Pacífico y CNEL), otro negocio que dejará enormes ganancias para quienes logren sentarse a la mesa del banquete. También están las nuevas oportunidades que se abren con la suscripción desaforada de tratados de libre comercio en que se halla empeñado el gobierno. Hay mucho dinero en juego.

Para entender el conflictivo momento político que vive el país toca remontarse a abril de 2021, cuando se produce la abrupta ruptura del pacto entre Jaime Nebot, Rafael Correa y Guillermo Lasso una vez que este último consiguió llegar al sillón presidencial. El fraude electoral para excluir a Yaku Pérez de la segunda vuelta tenía un escenario concreto: ganara quien ganase, las tres fuerzas políticas que representaban estos personajes debían repartirse la administración del Estado.

¿Qué sucedió realmente? ¿Nebot y Correa pidieron demasiado o Lasso se aprovechó de su nueva condición para –como dice la masa– patearles bien feo? Porque a partir de esa ruptura, la relación entre lassistas, nebotsistas y correístas se tornó ríspida, intratable, agresiva.

La explicación es más simple de lo que suponemos: en este país capitalista informal, los máximos organismos del Estado no son un poder en sí, sino un vehículo para asegurar los negocios, para perseguir o absolver en función de intereses particulares concretos. No son los sueldos elevados de ciertos cargos, ni la posibilidad de emplear a familiares y amigos, lo que interesa (aunque alguna importancia tienen), sino lo que eufemísticamente podría catalogarse como ingresos colaterales. Coimas y comisiones configuran un esquema de corrupción público-privada que enriquece a muchos de la noche a la mañana. A empresarios y burócratas por igual.

Es lo que ha salido a la luz a propósito del último gran escándalo nacional. La telaraña de corrupción que se tejió en los últimos veinte años se asienta en tres pilares fundamentales, que coinciden precisamente con las tres fuerzas políticas involucradas en la bronca. Cada hilo o cada personaje que aparece en las investigaciones fluctúa de un bando a otro, de una gallada a otra, de una familia a otra, dependiendo del momento, de la circunstancia o del tipo de negocio.

La principal coincidencia es que ninguno quiere esclarecer los hechos. Por eso el juicio político tiene un tope: lo que el reparto de los negociados establezca. Ya verán.