Tres hechos políticos en seguidilla, uno en los EE UU y dos en América latina, indican las cercanías que mantienen las prácticas populistas de los líderes de ideologías, formación y procedencia distintas. Los protagonistas de estos casos lo muestran, con sus alardes en el abuso, la audacia, la corrupción, la incompetencia y la búsqueda de impunidad. 

La Organización Trump, el conglomerado económico-inmobiliario del ex presidente republicano Donald Trump, fue declarada culpable de fraude fiscal por haber desarrollado un “sistema de pagos en negro que defraudó millones de dólares al fisco” recurrentemente. La condena, emitida por la fiscalía de Manhattan, solo le significará multas al grupo Trump y una estancia de cinco meses en la cárcel para el director financiero de la organización, Allen Weisselberg, quien “sigue a sueldo de la empresa a cambio de no implicar a su jefe”. Aunque los cargos ni el castigo llegaron, ni probablemente afectarán directamente a la libertad de Trump, no es posible ignorar que su poder político y derparpajo le llevaron a imaginar que sus negocios privados no serían nunca objeto de escrutinio. Pero la fiscal general de Nueva York, Letitia James, investiga desde hace tres años a la Organización Trump por supuesta sobrevaloración patrimonial y no ha cejado en su búsqueda de aplicar la justicia, a pesar de las acusaciones del ex presidente de ser víctima de persecución política y de estar en el centro de una cacería de brujas dirigida por los demócratas. 

Los anteriores no son los únicos problemas legales de Trump. También están siendo investigadas sus declaraciones tributarias entre 2017 y 2021, a pesar de la renuencia del político, y avanzan las acciones para averiguar la tenencia de archivos nacionales secretos en sus residencias particulares.

Casi en simultáneo, la ex presidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de reclusión y a la inhabilitación perpetua a toda pretensión de alcanzar cargos vía elecciones. La justicia argentina la halló culpable del “delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz. La sanción incluye el decomiso de 84.835 millones de pesos. A esta primera condena podrían seguirle “los veredictos de otras investigaciones judiciales, como las que analizan si sus hoteles lavaron fortunas, cuál fue su rol durante el reparto de bolsos repletos de dinero o qué ocurrió al negociar con Irán por el atentado contra una mutual judía en Buenos Aires”.

A día seguido, el ex presidente peruano, Pedro Castillo, fue sustituido por la legislatura, luego de que pretendiera convertirse en dictador, sin contar con el apoyo de nadie. Su intento de golpe de estado evidenció su grado de irresponsabilidad, incompetencia e inconsciencia sobre lo que le significó haber sido elegido para la que se llama la primera magistratura de un estado. Su accionar fue calificado de “grotesco” por medios internaciones.  Ni siquiera pudo prever su ruta de escape. Su caso es una muestra de su ajenidad con las responsabilidades, requerimientos y el decoro de una función tan exigente como la del ejercicio de la presidencia en una república. Manifiesta una irreflexión pocas veces vista, actitud que fue acompañada al inicio de su gobierno por la élite de la izquierda caviar peruana.

Los sucesos muestran las inquietantes coincidencias de las prácticas políticas de los caudillos populistas y de como las instauran en sus espacios de gobierno. 

Son ejemplos de lo que la investigadora Nadia Urbinatti describe como las consecuencias del populismo para el debilitamiento de la democracia y de la política. Urbinatti, citando al politólogo Benjamín Arditi, sostiene que el populismo usa a la democracia para conseguir sus propios fines, los de sus ejecutores. ¿Cuáles?  Los que sean. Los que aseguren su permanencia, los que preserven su dominio, los que les permitan cometer toda clase de arbitrariedades, los que legitimen su voluntad, aun si fuera absoluta. Porque los populismos del siglo XXI son uno con el autoritarismo.  Por ello tanto afán por debilitar las instituciones democráticas y por evitar que la prensa y los periodistas los investiguen y expongan en sus desafueros. Así pretenden escabullirse de dar cuentas a sus electores y a los organismos de control. Así precautelan la opacidad de sus actuaciones públicas. Así mantienen en reserva sus atropellos y asi intentan desacreditar a sus opositores y a quienes reclamen transparencia, autonomía entre las funciones del estado y respeto al estado de derecho.

A lo señalada debo agregar otra figura a la que aluden todos estos atrabilarios: el lawfare. Es decir el uso de la justicia para la persecusión política. No se cuán creíble sea aun esta táctica de reclamo. Desde hace más de una década los  populistas que se encaramaron en el poder por el socialismo del siglo XXI latinoamericano han pregonado ser victimas del lawfare cuando las instancias judiciales, muchas veces alimentadas por la investigación periodística, los han podido encausar en el cometimiento de actos de corrupcion y de delincuencia organizada y hasta probarlos y condenarlos en las instancias legales finales.  

No creo que Trump se vaya a decantar por mencionar ser víctima del lawfare. No lo veo tampoco, invocando a los abogados que la RC invitó a Ecuador hace unas semanas. Tampoco concibo que el supuesto progresismo latinoamericano lo quiera acercar a sus figuras. Pero me sigue sorprendiendo que haya quienes afirmen la existencia del lawfare a pesar de las pruebas recabadas y de los procesos sostenidos en años y defiendan a caudillos que tanto daño han causado a sus ciudadanos y a sus pueblos. ¿Ingenuidad?, ¿desconocimiento?, ¿estrategia?, ¿cálculos interesados? No sé. ¿Serán sinceros, crédulos o están instalados en un dogmatismo que los ciega hasta el extremo? Tampoco lo se.