Durante ocho años el gobierno del correísmo ha institucionalizado prácticas cuya legitimación ha sido apuntalada por medio de la propaganda generada en varias oficinas gubernamentales, en especial las que supuestamente se dirigen a la comunicación. En esta línea ha insistido en que toda crítica al gobierno es cosa de odiadores y de sufridores, de enemigos y de anti-patrias.

Ha presionado por imponer la idea de que la verdad es patrimonio del líder y que dudar de ella es una invitación a la desestabilización. Se ha desgañitado por convencernos de que quienes protestan son subversivos, y que las manifestaciones de los ecuatorianos son el escenario del terrorismo. Su último objetivo es el de forzarnos a pensar que la obsesión por el control, el ansia de ampliar el poder político no es manifestación de autoritarismo, tampoco de arbitrariedad, peor de  despotismo. Es apenas un dictado del corazón revolucionario, ese del infinito amor y de la patria que avanza.

En este tinglado, preguntar, investigar, buscar información es ilegítimo, o un derecho de solo quienes han ganado elecciones. En este ambiente, los significados, las acepciones, los conceptos están para ser interpretados conforme el momento lo indique, según las necesidades del dirigente, y sin interesar si ayer, o hace un minuto, el vocero decía exactamente lo contrario. La lógica imperante es la del utilitarismo; ya ni siquiera importan ciertas formalidades, solo las conveniencias del momento.

El ejercicio de esas prácticas ha consolidado la falta de transparencia, la ambigüedad, y la manipulación simbólica como política de estado. Y explica uno de los porqués los altos cargos del gobierno perseveran en su cruzada para extinguir el libre flujo de ideas, sofocar la expresión del pensamiento y domesticar al periodismo, para convertirlo en un clon de sus oficinas dizque de comunicación, en realidad de propaganda y publicidad. La pretensión está en armonía con la búsqueda de determinar una sola visión de los hechos, una explicación única de las situaciones, una solitaria comprensión de los fenómenos complejos.

Una de las raíces de esa actitud oficial se genera por su desconocimiento de qué es el periodismo. Tal falencia les lleva a pensar que el papel de la prensa es el de reproducir declaraciones, por supuesto de los personajes públicos gubernamentales, y no la investigación de falencias, desórdenes, problemas, conflictos. Si el periodista indaga en aquello que desde el poder político se intenta tapar hay que atacarlo, acusarlo, denigrarlo y reprocharle por presentar lo negativo, sin edulcorantes ni eufemismos.

Tal impericia explica la forma de convocar a las llamadas “rendiciones de cuentas” y a los dizque “conversatorios”, en los que no hay derecho a las preguntas, y son la única información que ofrecen muchas de las fuentes oficiales a los periodistas. La incompetencia aspira, ahora, a exigir que desde las oficinas públicas, algún empleado defina qué publicar y cómo hacerlo; en suma, a especificar la política editorial de un medio de comunicación. Así se entiende el afán de conseguir que los informes de labores de todo empleo público sean desplegados en los medios informativos, sin importar si tales documentos constituyen una expresión burocrática de un requisito administrativo o carecen de todo interés noticioso.

Gravar, demandar tantos deberes está cansando a cada vez más personas. Y en lugar se conseguir los objetivos de fomentar una imagen positiva del régimen y de sus adalides, están hastiando a los ciudadanos y profundizando su incredulidad y sospecha sobre las acciones de gobierno. Un reciente ejemplo es el de los ecuatorianos que rechazaron la “mensualización” de los décimos. Según voceros de los departamentos de recursos humanos, el 80% de los trabajadores de pequeñas, medianas y grandes empresas públicas y privadas prefirieron mantener la entrega acumulada del décimo tercero y cuarto sueldos.  La proporción es superior entre los servidores públicos, según su presidente, Miguel García. Solo el 2 por ciento aceptaron la entrega mensual de esos salarios. 

La propaganda del gobierno ya no llega, se ha vuelto tan predecible que fastidia. Por añadidura, la sordera en las altas esferas está llegando a límites nunca conocidos. La interacción comunicativa está más ausente que nunca entre el gobierno y sus mandantes.