Sin duda los eventos sucedidos en Ibarra, que incluyen las poco acertadas declaraciones de Moreno y de su vicepresidente, ocupan (y no es para menos) los medios de comunicación. Ante el impacto de dichos eventos, la opinión pública ha quitado su atención en otros temas que, con poca difusión mediática por ahora, tendrán fuertes repercusiones en el futuro del país.

Ahora la violencia y xenofobia de los últimos días captan la atención de los ecuatorianos, pero la semana anterior, todos los noticieros mostraban la supuesta “recuperación” de 13.5 millones de dólares mal habidos. Nueva noticia sobre corrupción que “oportunamente”, difunde el equipo comunicacional del presidente Moreno para que la atención se dirija hacia allá, mientras implementaba medidas económicas incómodas.

Otros caso de corrupción se dieron mientras se hacía la remisión de deudas a los empresarios, o cuando se cocinó el retiro del subsidio a la gasolina súper. Moreno ha venido sacando  los casos de corrupción como en un juego de naipes, no todos de una vez, sino uno por uno, y los medios de comunicación han seguido su agenda comunicacional. Los saca a la luz, y los medios hacen eco de ello, como si él no hubiera sido parte del gobierno anterior, mostrando desconocimiento absoluto y vendiendo ese imaginario a los consumidores de noticias.

Los temas que posicionan los medios de comunicación venidos de la coyuntura, o hábilmente colocados en la agenda por el gobierno —con quien coordinan— cumplen una función de "cortina de humo" que oculta procesos simultáneos, tales como la privatización de empresas del Estado, que desde hace varios meses se vienen dando “entre gallos y media noche”. Es en esta semana y como una noticia subsidiaria que una propuesta privatizadora aparece tímidamente en un medio televisivo, desde una postura que tácitamente justifica dicha medida, como teleológica (sí, tal como las medidas económicas de remisión) y sigue la organización discursiva acuñada por el mismo gobierno, donde no se habla de privatizar, sino de “concesionar”.

Aunque semanas atrás, en redes sociales, se mostraron los documentos por los cuáles el gobierno, representado por el asesor presidencial Santiago Cuesta, encargó a la empresa de servicios financieros Guggenheim, el estudio para concesionar (léase privatizar) la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), recién el 21 de enero aparece esto en un noticiero de televisión abierta.

Se sigue el guión comunicacional que posiciona las medidas gubernamentales sin que haya mayor resistencia. Este parte del rumor, sigue con el retwitteo convenientemente respondido por trolls y luego, cuando ya hay un imaginario posicionado se reafirma en noticias o entrevistas convenientes.

Así fue con la derogatoria a la Ley de Plusvalía, que finalmente entró en el paquete de la consulta popular de febrero pasado, como parte de una agenda política más amplia. Así ocurrió con la “necesidad” de una remisión impositiva a los deudores del SRI, en general grandes empresarios, siguiendo ese guión se lanzó la “impostergable” eliminación de subsidios a los combustibles.

Sin embargo, posicionar con poca resistencia las ventajas del proceso de privatización de empresas públicas, en especial una rentable como CNT, no es tan simple. No se puede comunicar, por ejemplo, que CNT es una empresa que el gobierno anterior dejó en bancarrota... (aunque hábilmente Fidel Egas en un twit, se queje de su servicio, por cierto, mucho mejor que Claro y Movistar).

En ese sentido, es importante apelar a una agenda comunicacional bien estructurada para paulatinamente mostrar los beneficios de privatizar CNT, la gallina de los huevos de oro del Estado, para feriarla a precio de gallina robada. Para ello se ha comenzado por algo perverso pero, para el gobierno, efectivo: meter a la CNT en el mismo saco de las hidroeléctricas, vinculadas a los negocios de los jerarcas  del anterior gobierno y también junto a TAME, con toda la debacle financiera y las pérdidas millonarias que causó al Estado. 

Es interesante analizar la construcción del mensaje en la noticia televisada que informa sobre la “concesión” de CNT. Se parte diciendo que el gobierno ya decidió entregar al sector privado las operaciones de la empresa más rentable que tiene el Estado ecuatoriano, en una negociación que tuvo el carácter de reservada. Se subraya que se entregará el 100% de las operaciones del negocio y todos los derechos de administración. Posteriormente, se presenta al asesor presidencial Cuesta  diciendo que al concesionar por 20 años una empresa que da 200 millones de utilidad y pedirles 4000 millones, se recibirán utilidades anticipadas (¡qué buen negocio, diría más de un televidente!).

Luego de que interviene un activista que se muestra contrario, de nuevo viene Cuesta y suelto de huesos, dice en palabras rebuscadas, que si se debe echar a la calle a 2000 empleados de CNT, pues que se lo haga. Continúa diciendo que “trabajando muy duro” sacarán la licitación para mediados de este año y el periodista subraya que se querrá terminar el 2019 con la CNT concesionada. La noticia concluye diciendo que CNT está es “una larga lista” de empresas a ser privatizadas entre ellas las hidroeléctricas.

En esa línea argumental se ocultan algunos hechos subsecuentes, como la subida del costo del servicio telefónico, una vez que CNT esté en manos privadas (será un negocio, no un servicio), o la relación con el Estado que seguiría la flamante empresa privada de telefonía, por ejemplo en materia de impuestos y condonaciones. A medida que avanza el proceso, se comunicará con tino (si es que no se oculta deliberadamente) quiénes serán los “socios nacionales” y su participación. Los procesos anteriores de privatización o concesión de bienes del Estado mostraron que al momento de la licitación, casualmente, nadie quiso poner la plata originalmente pedida y entonces se llevaron el bien estatal, a precio de huevo, con sendas declaraciones compungidas y lágrimas de cocodrilo emanadas por los gestores gubernamentales del proceso.

En este país la privatización de empresas públicas, no tuvo el impacto que se dio en otras latitudes; no lograron ese cometido los sucesivos gobiernos neoliberales, ni siquiera cuando tenían el contexto global a su favor, en los días de Sixto y bajo la batuta del entonces vicepresidente Alberto Dahik. No, no lo consiguieron gracias a la movilización popular. Pero es precisamente por ese factor, que el gobierno actual, acolitado por los medios, nos dicen que la venta de bienes del estado está en marcha, y cual chiquillos malcriados nos hacen narices largas: ¡lero lero, no tienen capacidad de movilización para frenar las privatizaciones! La desmovilización que se vive en el país, sin duda les facilita las cosas. La desmovilización y desmantelamiento organizativo, sin duda, es otra obra de Correa.

Se anuncia una nueva consulta popular y no sería extraño que, como en la consulta anterior, donde se incluyó la ley de la plusvalía, se inserte en este nuevo plebiscito alguna pregunta que legalice que unos pocos se lleven, a precios convenientes para ellos, los bienes estatales de todos los ecuatorianos, incluso desde reformas constitucionales.

¿Por qué tanto afán en privatizar una empresa que da utilidades? ¿Por qué el Estado no hace un proceso de reingeniería administrativa y financiera para optimizar recursos, pero teniendo la administración y propiedad en sus manos? ¿Qué gana el señor Cuesta, responsable de toda la estrategia de privatización, o concesiones como les gusta llamarlas, además de su salario de asesor presidencial, con esto? El refranero español dice: piensa mal y acertarás.