Lo ocurrido con Fernando Villavicencio es realmente execrable. Y no solo eso. Es absolutamente inaceptable en cualquier Estado que se respete. Pero claro, Ecuador es un Estado fallido, no hace un año o dos, sino hace muchos. Pero es peor. Está claro que ahora es más bien una verdadera composta.

Me pregunto, ¿cuántas personas de los “cercos de seguridad” de Villavicencio pudieron saber lo que iba a ocurrir? No es momento para conjeturas, pero esta fue una operación calculada al milímetro. Para empezar, los sicarios sabían qué día arremeter. Hoy se dice que fue algo planificado desde hace al menos dos meses. Y desde luego sabían que en ese momento Villavicencio estaría en un vehículo común, sin blindaje, y que saldría (qué casualidad, justo ese día) por la puerta principal, al tumulto de una transitada avenida. Y supieron, con precisión de cirujano, en qué instante subiría al automóvil, sin custodia ni protección del lado que habrían de disparar. Ese mismo segundo ya estaba su verdugo esperándole.

Resulta además cuando menos ridículo que todo ello ocurrió nada más y nada menos que delante de un patrullero que le iba a escoltar. ¿En verdad quieren obligarnos a creer y quedarnos tranquilos con la explicación de que todo esto solo pasó porque todos ellos fueron muy tontos? Quizá para este caso funcione el viejo dicho de las abuelas, “para tontos son vivísimos”. Y si fuera así, está claro que los miembros de la Policía que estaban ahí —que, es de presumir, debían ser expertos en custodias y protección de personas con alto nivel de riesgo— cuando menos, no sirven para policías. No son un adorno del candidato, son quienes protegían su vida, en teoría. Hay muchas cosas que no se pueden entender ni aceptar. Una de ellas, por ejemplo, la inversión que hace el Estado, con el dinero de nuestros impuestos, para su formación y mantenimiento. Esto, junto con el femicidio de Belén Bernal en sus propias instalaciones de instrucción, demuestra que esa la Policía tiene muy profundas deficiencias estructurales. Colombia de los (19)80 y 90.

Con ello, es evidente que en este caso el Estado (fallido, una prueba más), que “protegía” a un candidato presidencial que fue asesinado en las narices de todos, tiene responsabilidad por negligencia, impericia, incompetencia… Una omisión fatal. Es lastimoso y tristemente obvio. Más aun cuando ese Estado fantoche es el que se supone que cuida a toda la ciudadanía.

Y, si se puede, aún más triste ver que otra institución, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que detenta el título de ser una función del Estado —novelera definición, pero se presume tal desde una disparatada definición neoconstitucional— que supuestamente debe precautelar la democracia, no deja entrar al debate presidencial a ningún representante del partido del occiso, para que presente sus propuestas y tenga la exposición que requiere, no solo por los principios democráticos de  equidad y participación, sino porque la ley lo manda. Si la postulación de quien suplirá a Villavicencio, Christian Zurita, no estaba en firme, ¿acaso no es evidente que la candidata a vicepresidenta tenía la obligación de participar?  Ella es parte del binomio y no existe ninguna norma que lo prohíba. También pudo posponerse el debate un par de días, por grave conmoción y los vacíos legales. A la postre esta candidatura fue lapidariamente silenciada, material e institucionalmente.

Imposible mirar hacia otro lado. Lo ocurrido es tan serio que la ciudadanía toda está obligada a movilizarse, para empezar en las urnas, seleccionando bien por quién se va a votar. La impavidez se traduce en connivencia…