En la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional no se alcanzó los votos suficientes para que prospere la moción que recomendaba la aprobación del informe relacionado a la proforma del Presupuesto General del Estado que envió el Ejecutivo el pasado 20 de febrero, correspondiendo, en este escenario, al Pleno de la Asamblea pronunciarse sobre la aprobación u observación de la proforma y programación presupuestaria cuatrienal (2024-2027), en los términos que prevé el Art. 295 de la Constitución.

La proforma 2024, conforme está estructurada, deja muchas inquietudes ya que está muy lejos de adecuarse a un Plan Nacional de Desarrollo que permita determinar y gestionar, con eficiencia y sentido de prioridad, los ingresos y egresos del Estado, en función de crear condiciones para un crecimiento sostenido de la economía que sea capaz de generar empleo. Y es que, no olvidemos, uno de los supuestos macroeconómicos con los que se elaboró la proforma, apenas proyecta un crecimiento del 0,8% del PIB, es decir, en el mejor de los casos, estamos hablando de un estancamiento económico.

En la relación ingresos y egresos, se proyecta un déficit fiscal de $ 4.808 millones y necesidades de financiamiento público equivalentes a $ 10.991 millones de los cuales se estima cubrir con deuda externa algo más de $4.692 millones y el resto con deuda interna por $6.299 millones. En este punto surge una interrogante: ¿en medio de una economía ralentizada, existe un margen real para que instituciones públicas y privadas puedan absorber esa cantidad de papeles de deuda?

De otro lado, se considera un Plan Anual de Inversiones que bordea los $ 1.732 millones, es decir, un monto marginal de apenas el 4,88% del total de un presupuesto que asciende a los $ 35.536 millones, con lo cual siguen restringidas las inversiones y, con ello, comprometidas  las posibilidades de expansión de la economía.

Si a esto se suma el efecto negativo que tendrá el aumento del IVA en el consumo de las familias, al agregar 3 puntos porcentuales de este tributo de carácter recesivo, la demanda agregada antes que estimularse se verá disminuida. De ahí que la expectativa de crecimiento del PIB efectuada por el Banco Central, con seguridad, se ajustará en el tiempo hacia la baja, pudiendo incluso ser negativa.

El gobierno ha tratado de justificar el aumento del IVA por el coste que representa trabajar en seguridad, sin embargo, en la proforma, por citar un caso, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, recibirá $3 millones menos de lo presupuestado en el 2023.

Asimismo, las universidades públicas serán, en su gran mayoría, afectadas con una disminución de recursos, limitando la capacidad de ampliar los cupos disponibles para que los jóvenes puedan acceder a una carrera superior.

Lamentablemente, seguimos apostando a esa visión retrógrada neoliberal de ver al estado como un ogro al que hay que minimizar para que, a nombre de una supuesta libertad, el pez grande termine comiéndose al chico.