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11 de Noviembre del 2018
Ideas
Lectura: 5 minutos
11 de Noviembre del 2018
Andrés Quishpe

Coordinador Nacional de la Unión Nacional de Educadores.

Proforma Presupuestaria y Universidad
De las 30 Instituciones de Educación Superior Pública que tiene nuestro país, 26 sufrirán un recorte presupuestario y las consecuencias podrían ser graves, según la realidad de cada institución. Se corre el riesgo de paralización de labores en los campos de la investigación científica, tecnológica, trabajos de infraestructura, laboratorios, compra de insumos, pago de profesores a contrato, recategorización de docentes, incremento de cupos, interrupción en la prestación de servicios que brinda las universidades a la ciudadanía...

La Proforma Presupuestaria para el 2019 fue entregada a la Asamblea Nacional, la misma suma 36, 159 millones de dólares. Según proyecciones del régimen se prevé la venta de petróleo a $ 58 por barril, un déficit fiscal de 3.000 millones de dólares. Al leer el documento se identifica que existe un ingreso de 1.000 millones de dólares para el segundo semestre del 2019 por las concesiones de empresas estatales que, según varios sectores sociales, significa privatizar. Pero, en la Proforma también se proyecta una disminución a los recursos económicos destinados a varias universidades públicas que asciende en su totalidad a USD 145,1 millones menos.

La estructura de la proforma presupuestaria para el 2019 es una expresión muy clara de que mantenemos una economía dependiente, en gran medida, de la producción y exportación petrolera. Hay quienes insistirán que esta realidad obedece al hecho de que no existe mesa servida alguna. Pero cuando se acuñó por primera vez este término desde el Gobierno, también se señaló que, a pesar de esta realidad, no se afectaría al sector social y estratégico.

Sin embargo la realidad es otra, pues, de las 30 Instituciones de Educación Superior Pública que tiene nuestro país, 26 sufrirán un recorte presupuestario y las consecuencias podrían ser graves, según la realidad de cada institución, pues, se corre el riesgo de paralización de labores en los campos de la investigación científica, tecnológica, trabajos de infraestructura, laboratorios, compra de insumos, pago de profesores a contrato, recategorización de docentes, incremento de cupos, interrupción en la prestación de servicios que brinda las universidades a la ciudadanía, etc.

A la Universidad Central del Ecuador se le recorta más de 19 millones, a la Universidad de Guayaquil más de 20 millones, Universidad de Cuenca 9 millones, Universidad Técnica de Manabí más de 7 millones, Escuela Politécnica Nacional más de 12 millones. La disminución de presupuesto se produce en universidades que cuentan con el mayor número de estudiantes y que el Senescyt meses atrás resaltó su desarrollo académico y que económicamente están ubicadas en los denominados polos de desarrollo.

Educación de calidad, sin presupuesto de calidad, no es posible; al contrario, recortar recursos económicos, significa profundizar la crisis presupuestaria de la universidad que ha provocado serios inconvenientes. Un caso concreto es la falta de infraestructura. Según datos oficiales a junio del 2018, 117.000 bachilleres, más 127.000 jóvenes rezagados, clamaron por un cupo.

Las universidades ofertaron 60.687 cupos, mientras la educación tecnológica ofreció tan solo 15.000. Es fácil colegir que 168.313 jóvenes se quedaron sin acceso a la educación superior en este año y que, incluso así hubiesen obtenido 100 puntos en el examen de ingreso, tampoco lograrían acceder ya que la demanda supera la infraestructura, ese fue siempre el problema.

La falta de capacidad física y que busco ser “resuelta” bajo un examen de ingreso, que lo único que ha logrado es reafirmar una política tecnocrática y elitista, jamás fue un camino a la excelencia académica, es un filtro que ha permitido maquillar la poca inversión y los distintos recortes económicos.

Ensañarse una vez más con la universidad ecuatoriana mientras muy poco se hace por recuperar los recursos económicos perdidos en actos de corrupción y que solo en el caso de Odebrecht asciende a más de 4.6 millones de dólares, es afectar a los que menos tienen, ya que se vuelve a frenar la necesidad de implementar una nueva infraestructura y también a los más de 300 mil estudiantes, cientos de docentes, trabajadores y servidores universitarios.

El Gobierno junto a la Asamblea Nacional, universidades y gremios, deben emprender un diálogo urgente que permita llegar a consensos en beneficio de la Alma Mater. Pero también donde la academia brinde aportes para mejorar y desarrollar nuestra economía.

La Universidad, a la par que demanda un presupuesto justo y equitativo, debe recuperar su voz orientadora y eso pasa por permitirle insertarse de mejor manera en la vida del país. Debe también revisar lo que sucede casa adentro, pues, la mala y deficiente administración de los fondos estatales recibidos, es argumento del Gobierno para reducir los montos económicos venideros.

La Universidad sabrá sobresalir defendiendo la verdad, sus derechos y desarrollo; de pie y con su voz en alto, de forma propositiva como ha sido siempre su inmanente característica.  
 

[PANAL DE IDEAS]

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