El último año del triunvirato militar, el de la dictadura que se autodenominó Consejo Supremo de Gobierno, estuvo repleto de sucesos dirigidos a obstaculizar, al menos, cuando no a demoler, el proceso de reestructuración jurídica del estado, iniciado en febrero de 1976.

La arremetida comenzó luego de que, en julio de 1978, se verificaron las elecciones presidenciales y los ganadores en la primera vuelta electoral fueron Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Para entonces, la percepción de los actores interesados en la restauración democrática era que, además del triunvirato oficial, había otro trío; lo integraban el ministro de Gobierno, general Bolívar Jarrín; el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Rafael Arízaga, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Karolys. Este colectivo dirigía las acciones golpistas, decían unos; de desestabilización del proceso, aseguraban otros. Su propósito, coincidían todos, era el de detener la segunda ronda comicial y evitar la asunción de mandatarios elegidos por voluntad popular en agosto de 1979. 

Una primera medida inspirada por esa jorga civil-militar fue la de intentar anular las votaciones, bajo el supuesto de que se había cometido un fraude, y desconocer la voluntad popular. El líder de esta maniobra, bautizada como la de la “mano negra”, fue justamente el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral.

La indignación que levantó semejante maquinación obligó al triunvirato, y en especial al presidente del Consejo Supremo de Gobierno, almirante Alfredo Poveda, a respaldar la continuación del plan de reinstitucionalización del país y a reorganizar el tribunal electoral. Recién en noviembre de 1978 los ecuatorianos pudieron contar con cifras oficiales. Estas refrendaron lo que todos sabían: los binomios finalistas eran los de Roldós-Hurtado y de Durán Ballén-Icaza. Proclamados los resultados el nuevo tribunal convocó a la segunda vuelta electoral, para abril de 1979, y en ella los ungidos fueron los candidatos Roldós y Hurtado. 

En la base de los esfuerzos para sabotear la recuperación de la democracia estaba el temor de sectores políticos tradicionales, coaligados con fracciones militares, de perder el poder en la dirección de las instituciones del estado, que habían gozado por décadas. El miedo les llevaba a actuar como conspiradores. Un temor surgido por la cantidad y potencia de innúmeras denuncias sobre manejos poco transparentes, y acusaciones de corrupción, en las que, se decía, estaban implicados altos oficiales.

A la pretensión de invalidar los comicios siguió una acción horrenda: el asesinato del ex candidato presidencial Abdón Calderón Muñoz, en los últimos días de noviembre de 1978. La percepción general fue que tal crimen buscaba evitar que se concretara la transición a la democracia. No obstante, el homicidio de este ecuatoriano, respetado incluso por sus más contumaces adversarios, contribuyó a consolidar la legitimidad del proceso de reestructuración jurídica.

El pueblo ecuatoriano estaba cansado de casi una década de dictaduras. Primero la de Velasco Ibarra, entre junio de 1970 y enero de 1972; luego la del general Rodríguez Lara entre enero de 1972 y febrero de 1976, y después la del triunvirato, desde febrero de 1976. La fatiga no era gratuita. Años de represión social, de persecución a los medios de comunicación, de empobrecimiento de las mayorías, de despilfarro de los ingresos petroleros, y de endeudamiento “agresivo” estaban en la base de esta decepción.

La memoria ecuatoriana tenía presentes la acción de los tribunales especiales, y de la discrecionalidad con la que manejaron la administración de la justicia; de los escuadrones volantes con competencia para cometer desafueros, y de la matanza en el ingenio Aztra, en octubre de 1977. Tampoco había olvidado que el 25 de mayo de 1977 el triunvirato había retirado la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores (UNE), por haber “propiciado la destrucción de principios de autoridad y disciplina”, conforme lo publicaba El Comercio del 31 de mayo. 

Sin embargo, algunas voces no comprendían a los ecuatorianos y hasta los acusaban de indiferencia y de apatía. No advertían que estaban actuando con inteligencia y preparándose para ejercer su voto con total apego a su voluntad, para castigar en las urnas a quienes no querían devolverles la democracia.

De cierta manera, la ceguera fue una enfermedad extendida en esos años. Esta obcecación llevó a que entre diciembre de 1978 y abril de 1979, el triunvirato no cesara de cometer errores. Conservó en su cargo, por varias semanas, al ministro Jarrín, pese a las imputaciones de ser presunto autor intelectual de la muerte de Abdón Calderón; y lo mantuvo en las Fuerzas Armadas hasta agosto de 1979, como informó El Telégrafo del 13 de agosto de 1979. El presidente de la Corte exteriorizaba sin ambages que la vigencia de toda constitución es una ficción en un régimen de facto, según publicaba El Comercio del 16 de abril de 1979, y alardeaba de la relatividad de la justicia. Tan hondo habían introducido sus manos en la justicia los militares y sus amigos que ya no sabían ni cómo retirarlas.

Dos episodios que dibujan el extremo de los colmos a los que llegó esa dictadura, que estaba por irse, fue la prisión del columnista guayaquileño Cyrano Tama por supuestas calumnias contra las Fuerzas Armadas, según reseñó El Comercio del 21 de marzo de 1979. Y la clausura de la revista quiteña Nueva, por atentar contra la dignidad del estado y de quienes ejercían altas funciones gubernamentales, como lo difundió El Comercio en su edición del 17 de marzo de 1979. Las órdenes se verificaban a escasas semanas de la segunda vuelta electoral, el último paso del restablecimiento constitucional.

La dictadura triunvira, como todo régimen autoritario, fue transitoria. El país recuperó la democracia a pesar de que hasta hoy hay quienes todavía no reconocen el valor de aquel proceso, y las medidas ilegales e ilegítimas que adoptó el poder de turno fueron derogadas. La UNE recuperó su personería jurídica y la revista Nueva volvió a circular cuando advino la democracia. Eso sí, el gobierno democrático no pudo devolver la vida a los asesinados en el ingenio Aztra, ni al dirigente político Abdón Calderón; tampoco reponer la tranquilidad a tanto ecuatoriano hostigado y maltratado. Todo esto quedó impreso en la conciencia colectiva. Y no ha sido olvidado.