Al parecer, la próxima contienda electoral se jugará en los extramuros de la legalidad. No de otra manera se explica la voracidad con la que ciertas fuerzas políticas se están disputando el control del Consejo Nacional Electoral. Desde las diferentes ópticas en disputa existe la sospecha de que ese organismo podría incurrir en un fraude electoral, ya sea a favor o en contra, dependiendo desde dónde se mire el escenario.

En ese sentido, no se requiere de mayor suspicacia para entender el fiasco ocurrido en la Asamblea Nacional a propósito del juicio político a Diana Atamaint. Quienes bloquearon esa posibilidad están haciendo cálculos electorales. Apuestan por aquellos partidos que tengan mayores posibilidades de ganar en 2021. Nada más. ¿No resulta demasiada casualidad que los tres involucrados en el escándalo –Daniel Mendoza, su suplente Pinuccia Colamarco y Karina Arteaga– sean asambleístas por Manabí, una provincia donde la alianza entre socialcristianos y correístas funcionó maravillosamente desde inicios del anterior gobierno?

En efecto, ¿qué opciones les ofrece Alianza PAIS a estos representantes ansiosos por continuar con sus aspiraciones políticas o electorales? ¿Qué perspectivas tienen en una provincia donde, con toda seguridad, la imagen del Gobierno está más alicaída que en el resto del país? Favores como echarse abajo una posible destitución de la presidenta del CNE pueden ser generosamente recompensados a la vuelta de la esquina.

Dos reflexiones pueden sacarse de este último episodio. En primer lugar, la profunda crisis de cohesión que afecta al oficialismo, y que venía anunciándose desde hace meses en la Asamblea Nacional. No es la primera vez que la votación del bloque verde-flex se fragmenta. Lo grave hoy es que la ruptura con su principal aliado debilita aún más al Gobierno. A futuro, el desgrane morenista en la Asamblea Nacional puede profundizarse. Pocos querrán estar cobijados por un proyecto en franco deterioro.

La segunda reflexión se refiere a la crónica debilidad de nuestro sistema electoral. Una vez más la sombra del fraude planea sobre la política nacional. Nada nuevo si revisamos la historia ecuatoriana del siglo XX, donde los fraudes electorales han sido una lamentable reiteración. Muchos suponíamos que con la renovación del CNE y con la modernización tecnológica esa amenaza quedaría para el recuerdo. Pero nuestra cultura política es capaz de institucionalizar las irregularidades. Con la última reforma al Código de la Democracia se terminó por normalizar el reparto.

En estas condiciones, el control partidario del CNE se vuelve fundamental para definir las relaciones políticas al margen de la voluntad ciudadana. El consejero Verdesoto ya activó las alarmas a propósito del apagón informático de 2017. Y si la opacidad se mantiene, la crisis de representatividad del sistema político alcanzará niveles inmanejables. En el pasado, un par de fraudes se resolvieron con sendas insurrecciones armadas. Y hace tres años estuvimos a un tris de computar lo escrutinios con sangre. ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?