El pasado 13 de julio de 2022, el ‘Gobierno del encuentro’, presentó la llamada Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA), con la cual se pretendió, según dijo el oficialismo, promover acciones encaminadas a enfrentar a ese monstruo apocalíptico, ya desde el ámbito de la prevención y de la identificación de zonas que muestran un alto riesgo de moverse con opacidad y al margen de la ley, lo cual afecta no solamente en términos económicos al país sino también por la destrucción del tejido social, lo que debilita las bases de su propio sistema democrático.

Al revisar la ENA, en la sección de recomendaciones, numeral 10, consta que el fenómeno de la puerta giratoria se refiere ‘...a las personas que, durante su vida laboral, y aprovechando la posición que ocupan, pasan del sector público al privado y viceversa, convirtiéndose en un agente que puede ser instrumentalizado para beneficiar los intereses privados de terceros...’.

Ahora mismo, le ha explotado en el rostro al actual régimen la grave denuncia de corrupción en las empresas públicas (en la que podría aparecer esta figura de la puerta giratoria), lo cual ha obligado al propio régimen a despertar de su letargo y dirigirse a la Fiscal General del Estado para expresarle su decisión, a través de las dependencias del Ejecutivo, de brindar toda la colaboración e información que le sea requerida para el esclarecimiento de los hechos, así como de la instrucción dada al Ministro del Interior y al Comandante de la Policía, para que ubiquen a ciertas personas que se mencionan en audios difundidos a través de las redes sociales y cuyos contenidos -el solamente escucharlos- produce náusea.

También está la instrucción entregada por el propio Primer Mandatario, a la cachacienta Secretaría Anticorrupción, en cuanto a realizar una investigación, esto a pesar que en el Art. 2.16 del Decreto Ejecutivo Nro. 412, ya se determina como una función y atribución de la Secretaría Anticorrupción, precisamente, el ‘Recabar información sobre presuntas irregularidades o actos de corrupción dentro de la Administración Pública Central y ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales y/o administrativas competentes’.

Sobre esto último, es claro que la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción, creada mediante Decreto Ejecutivo Nro. 412 del 3 de mayo de 2022, ha estado lejos de poder diseñar la política y un efectivo sistema nacional de integridad pública y anticorrupción. Lamentablemente, esta plaga está extendida cual metástasis tanto en el sector público como privado, lo que ha afectado al capital social del Ecuador, prueba de ello es el alto grado de desconfianza que existe entre las personas, el elevado coste de las transacciones en la economía y, desde luego, en el deterioro acelerado de los valores cívicos, escenario en el que la ética y moral son asumidas hasta con cierto desdén y a los hombres y mujeres chapados (as) a la antigua considerados como seres ‘raros’, desubicados o ingenuos.

Difícilmente los organismos creados por el propio gobierno para transparentar su gestión, cuestionarán o auditarán a su superior ya que el poder hará sentir en últimas su fuerza. De ahí que para combatir la corrupción se requiere de instancias absolutamente independientes, que ejerzan un efectivo contrapeso al poder y activen los resortes institucionales cuando le sean requeridos. Esa es la esencia de una democracia real y madura.

Entonces, debemos empezar en este país, dándonos un baño de verdad y cerrando esas puertas giratorias ya sean de entrada, salida o recurrentes por las que merodean los corruptos de cuello blanco.

@giovannicarrion