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13 de Agosto del 2019
Ideas
Lectura: 3 minutos
13 de Agosto del 2019
Hugo Cahueñas Muñoz

Abogado, catedrático de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito. 

Pugna por la (in)seguridad
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Constitucionalmente, la seguridad interna es una competencia privativa del gobierno central; no de los municipios. Por lo que el municipio no debe asumir esta función y crear un “Cuerpo de Seguridad Ciudadana”.

La reciente pugna entre la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, denota un aspecto positivo y muchos negativos. Lo positivo es el recambio generacional y la presencia de mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres. Sin embargo, entre lo negativo, estas “nuevas” autoridades continúan con las viejas prácticas de la política donde las pugnas personales están sobre el estado de derecho y las necesidades ciudadanas.

Constitucionalmente, la seguridad interna es una competencia privativa del gobierno central; no de los municipios. Por lo que el municipio no debe asumir esta función y crear un “Cuerpo de Seguridad Ciudadana”. Más allá del mandato constitucional, los errores de México, al armar a cuerpos municipales y la incontrolable escalada de violencia, deben inhibirnos de esas absurdas ideas.

El empleo de cuerpos municipales pone en riesgo los derechos humanos dado que los funcionarios que lo integrarían (Autoridad de Tránsito Municipal, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Policía Metropolitana, entre otros) no cuentan con el equipamiento, el entrenamiento y la capacitación requeridos en materia de seguridad.

El empleo de cuerpos municipales pone en riesgo los derechos humanos dado que los funcionarios que lo integrarían (Autoridad de Tránsito Municipal, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Policía Metropolitana, entre otros) no cuentan con el equipamiento, el entrenamiento y la capacitación requeridos en materia de seguridad. Por ejemplo, pueden existir violaciones a los derechos humanos por falta de aplicación de las normas sobre uso progresivo de la fuerza. Además, se pone en riesgo al propio personal del “cuerpo de seguridad” en la medida en que no cuenta con un marco jurídico que autorice su intervención. Adicionalmente, no están preparados para enfrentar al crimen organizado. Por lo que, podrían convertirse en víctimas.

Lo que motivó la negociación entre el gobierno central y el municipio fue la coordinación del sistema integrado ECU911. Lo cual se debe hacer inmediatamente y sin condicionamientos, a fin de alcanzar mayor seguridad.

Los otros planteamientos del municipio, como las reformas al Código Orgánico Integral Penal, deben ser analizadas en el foro y con los actores apropiados. Estas preocupaciones y propuestas no deben ser utilizados como cortinas de humo o como el telón de una nueva obra teatral.

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