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17 de Septiembre del 2021
Ideas
Lectura: 4 minutos
17 de Septiembre del 2021
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

Puro patrimonialismo
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Los políticos siguen manejando los temas y recursos del Estado como si se tratara de asuntos personales, a tal extremo que el poder político termina ejerciéndose de la misma manera que el poder económico.

Doscientos años de República y la política ecuatoriana se sigue ejerciendo como en la colonia. El patrimonialismo es una institución que ni la modernidad ni las revueltas ni los sacudones institucionales han logrado echar abajo. Los políticos siguen manejando los temas y recursos del Estado como si se tratara de asuntos personales, a tal extremo que el poder político termina ejerciéndose de la misma manera que el poder económico. La idea de lo público como espacio que nos pertenece a todos los ciudadanos está ausente del imaginario social. De eso se aprovechan los políticos para legitimar formas espurias de representación.

Dos casos recientes ilustran esta cultura absolutamente contraria a los principios de una democracia moderna: la destitución del contralor y la del defensor del pueblo. En ambos casos ha primado la disputa de intereses particulares por encima de la institucionalidad. Los dos funcionarios, y sus respectivas cohortes, se aferraron a sus cargos con uñas y dientes, y amenazaron con destapar una cloaca de irregularidades como medida extrema para neutralizar a sus detractores. Estos, ni cortos ni perezosos, apresuraron su destitución para ingresar rápidamente a la etapa de los reemplazos. Nunca hubo un debate serio a propósito de la pertinencia de su desempeño o de las deficiencias estructurales de ambos organismos.

Hoy, la grave crisis de ambas instituciones se tendrá que resolver por la vía del arranche burocrático. Cada grupo de poder querrá meter a su gente, tanto en la Contraloría como en la Defensoría del Pueblo. Indicios sobran. El objetivo no es recuperar para la sociedad dos instituciones claves para asegurar la transparencia y los derechos, sino apropiarse de un espacio público en beneficio personal.

Puro patrimonialismo.

La grave crisis de ambas instituciones se tendrá que resolver por la vía del arranche burocrático. Cada grupo de poder querrá meter a su gente, tanto en la Contraloría como en la Defensoría del Pueblo. Indicios sobran.

En este punto toca traer a colación los últimos apuros por los que está pasando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según declaraciones del saliente presidente del Consejo Directivo, y por información que se ha filtrado a la prensa, su renuncia se debe a las amenazas de las mafias y a presiones de la burocracia interna y de los sectores empresariales.

De lo primero no existen dudas: la presencia de bandas criminales al interior de esa institución data de hace muchos años. Hasta un expresidente de la República y sus hijos están siendo investigados por su presunta vinculación con actos delictivos.

De lo segundo tampoco: los pipones con los que las sucesivas administraciones del IESS inflaron la nómina se creen propietarios de sus puestos. Y los empresarios piensan que la mora patronal, que según el Frente Popular asciende a 1.700 millones de dólares, es una canonjía. Mejor dicho, un patrimonio del que pueden disponer a su antojo, inclusive incumpliendo sus obligaciones.

La seguridad social fue una invención del capitalismo para asegurar la reproducción de los trabajadores. Pero aquí, sus mentores no respetan ni siquiera sus propias normas. Así es imposible construir un país.

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