La respuesta es, sin duda, que la Secretaría General de Comunicación, SEGCOM, sirve para atender los requerimientos de información de los ciudadanos.

Por tanto, no debe torcer sus objetivos y funciones convirtiéndose en una agencia de noticias gubernamentales —que siempre vienen cargadas de propaganda, proselitismo, subjetividad y medias verdades. En otras palabras, de mentiras—.

La SEGCOM tiene herramientas e instrumentos que le facilitan el acceso directo a la población, incluso con la cuestionada obligación de que todos los medios —en especial, los convencionales— están sujetos a emitir, de manera forzada, todos los mensajes del oficialismo.

Pero no tendrían que cumplir esa disposición si el mensaje que se emite respondiera a los intereses del Régimen y no del Estado, porque hay una diferencia sustancial: lo que se muestra a los ciudadanos desde la perspectiva gubernamental de ninguna manera tiene que ver con los intereses de la sociedad en su conjunto.

El rol de la SEGCOM es velar porque la comunicación social aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de la gestión productiva, cultural, educativa, social, política del país —no del gobierno—, además de garantizar que todas las personas, en forma individual o colectiva, tengan derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información.

Si es así, está claro que hay un grave error en la concepción de esta secretaría, usada en el Ecuador por todos los gobiernos, con distintos nombres, para ocultar hechos que no convienen a quienes controlan el poder político y para proclamar, muchas veces de forma estridente, las pocas cosas positivas que hacen los líderes políticos encaramados en Carondelet.

¿Por qué los ciudadanos de a pie no tenemos derecho a contar con espacios similares a la SEGCOM para difundir nuestras inquietudes? ¿Por qué —en el caso ecuatoriano eso fue muy claro— se utilizaron los medios públicos (estatales, no gubernamentales) para controlar la información y jugar con las verdades y las mentiras a fin de sostener una credibilidad y una confianza ciudadanas que, de otro modo, hubieran sido imposibles de mantener?

Una SEGCOM que en realidad sirva a los ciudadanos debería ser pluralista, abierta, con espacios para todos los públicos y todas las tendencias ideológicas y partidistas, con segmentos para todas las organizaciones sociales, económicas y productivas que integran el conjunto de la sociedad.

Pero, en el Ecuador, nunca ha sido así: no lo fue desde los gobiernos dictatoriales de los militares en la década de los años 70, no lo fue durante los gobiernos posteriores, no lo fue en los últimos 14 años y aún no tenemos la certeza del rumbo y la actitud institucional que tomará el mandatario Guillermo Lasso.

De cualquier manera, aunque los presidentes de la República —unos por miedo a la opinión pública, otros por subestimación y arrogancia frente a esta opinión— no tengan la valentía de desprenderse de un organismo que no corresponde al ámbito de la administración, al menos tendrían que cumplir una serie de normas y de acciones que les permitan interactuar con el ciudadano y no ejercer sobre él controles ideológicos o aplicar leyes y normativas que, en realidad, sean un conjunto de disposiciones para obligar a la gente a que haga lo que el poder político quiere.  

En una adaptación del libro de James Garnett, Comunicando con resultados, realizada por el comunicador ecuatoriano Roberto Izurieta, se establece que una secretaría de comunicación debe funcionar de ida y vuelta en su relación con la sociedad civil.

Garnett establece siete lineamientos para una intercomunicación efectiva entre poder político y ciudadanos:

-Identificar, tan acertadamente como sea posible, aquello que es objeto de requerimiento popular.

-Mantener el tono apropiado cuando se responde.

-Proveer información específica y útil a los ciudadanos cuando se les responde.

-Asegurarse de que el lenguaje de la respuesta asuma razonablemente los conocimientos del ciudadano, su vocabulario y sus intereses.

-Cumplir con los requerimientos ciudadanos o asegurarse de entregarle las herramientas para que se haga efectiva la necesidad o la demanda popular.

-Hacer un seguimiento para conocer si el ciudadano encontró o no útil la respuesta recibida.
Adicionalmente, en el libro Estrategias de comunicación para gobiernos, Izurieta recuerda, además, que la investigación es una forma de escuchar al pueblo: “En mundos tan encerrados como el del poder y la política, la investigación es una herramienta vital”. Y concluye: “La investigación es la mejor forma de escuchar”.

Pero, precisa, muchos políticos y gobernantes se resisten a realizar investigaciones de la opinión pública en algunos casos por falta de presupuesto y, en otros, que es lo peor, por arrogancia.

“Los gobernantes no se dan cuenta que la investigación, es decir el conocimiento de lo que está pensando, de lo que está queriendo, de lo que está demandando el ciudadano, es la única manera de saber qué decir, cómo decir, a quién decir y a través de qué canal decirlo con precisión”.

Ese tipo de investigaciones sociales resumen, por lo general, lo más cerca o lo más distante que pueden estar el gobierno y los ciudadanos ya que las democracias inmaduras y frágiles sostienen ese absurdo de entregarle el control de la comunicación al régimen sin que la gente común tenga maneras independientes de difundir y divulgar sus inquietudes, sus necesidades, sus cuestionamientos y sus malestares con el régimen de turno.

Todo esto implica que la SEGCOM no cumple sus deberes éticos y que lo único a lo que se dedica es a hacer propaganda del gobierno al que representa (“la propaganda como un intento institucional de persuadir, de solidificar la opinión y de provocar acciones mediante la deformación o la presentación parcial de la verdad con base en técnicas persuasivas orientadas hacia los gestos egoístas, malintencionados, engañosos y taimados”, según dice John Merril en La Ética del Periodismo).

Pero también implica que al retorcer sus funciones e impedir, en la práctica, que el ciudadano interactúe con el poder político con una representación activa, permanente y con aportes decisorios, la SEGCOM deja de ser una instancia técnica y se convierte en una oficina burocrática cualquiera.

La consultora costarricense Hannia Vega sostiene que “hoy en día, los escenarios y procesos políticos son cada vez más complejos. Existen problemas políticos, sociales y económicos que requieren de instituciones más eficaces para abordarlos y establecer soluciones. En consecuencia, los regímenes con democracias tanto incipientes como consolidadas se enfrentan a un común denominador: la ingobernabilidad, que se reproduce, entre otras cosas, en la ineficacia entendida como la incapacidad de políticos y burócratas para alcanzar los objetivos y asegurar el acatamiento de las políticas de Estado por medio de medidas de coordinación obligatorias o de decisiones emanadas de la autoridad”.

Vega subraya que, bajo estos contextos político-institucionales, se considera como una condición necesaria para fortalecer las relaciones entre los poderes del Estado en las democracias “ubicar el conjunto de las organizaciones estatales, incluyendo la interacción entre los organismos económicos del poder ejecutivo, sus relaciones con los demás poderes públicos y con otras instituciones y procesos con los cuales el gobierno y el Estado se mantienen vinculados”.

La consultora propone una manera de intercomunicación entre todas las entidades relacionadas directa o indirectamente con el Estado. Pero, ¿qué sentido tendría hacerlo si la SEGCOM se autocensura para dejar de ser un organismo técnico (que, por ejemplo, nos ha hecho tanta falta en la pandemia por el Covid-19) y reducirse a otro vocero más, como cualquier oficina de comunicación ministerial)?

La SEGCOM debe madurar, al mismo tiempo que lo hace la democracia. Olvidar su presunto rol de tutelar y controlar a la sociedad y dar un golpe de timón que sería clave: convertirse en el organismo donde estemos representados, con voz y con opinión, todos los ciudadanos.