En Ecuador, la extorsión se ha incrementado en un 300% y las autoridades no atina qué hacer. De las 13.130 denuncias presentadas en 2022, solo 66 fueron juzgadas. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar la extorsión? 

  A continuación, expongo algunas ideas con base en un informe publicado hace poco por «México Evalúa», un centro de análisis de políticas públicas que ha investigado la dinámica de la extorsión en Tijuana (México). 

La extorsión, como fenómeno criminal, tiene tres rasgos característicos: instrumentaliza la violencia para extraer rentas de actividades económicas lícitas o ilícitas; se incrusta territorialmente donde hay condiciones favorables para hacerlo; y depende de un ambiente violento en el que la protección ciudadana está en disputa. 

El factor de victimización crucial para que la extorsión se multiplique es la forma en que reacciona el Estado. En otras palabras, para que la extorsión sea posible es necesario que no exista protección estatal hacia los negocios privados que son victimizados o que la protección sea selectiva. 

Esto ocurre por varias razones. Una, porque la violencia criminal es tan frecuente que excede las capacidades policiales del Estado. Dos, porque existe connivencia de policías y autoridades con los extorsionadores: les toleran o ayudan a cambio de “una tajada”. Tres, porque el Estado brinda protección de forma selectiva a quien tiene más capital social, cultural y económico.

En Quito o Guayaquil es común observar que ciertos barrios son mejor atendidos que otros, según quién viva en ellos. O que el robo a una concesionaria de vehículos reciba más atención estatal que el asalto a una tienda de abarrotes. Estas asimetrías son aprovechadas por los grupos criminales para desplegar su trabajo extorsivo. 

Del estudio realizado en Tijuana, por ejemplo, se evidencia que los extorsionadores no están vinculados a los carteles del narcotráfico. Son una suerte de «patrón» de barrio (generalmente policías en servicio pasivo, militares retirados o autoridades locales) que asumen ese rol dada su capacidad de dominio y provisión de “favores” en la localidad. También hay actores «sueltos» que se hacen pasar por miembros de organizaciones criminales más conocidas. Sin embargo, su incidencia criminal es esporádica y oportunista. En Tijuana, incluso algunos líderes gremiales se han convertido en extorsionadores al exigir impuestos informales a cambio de protección; el control del espacio para el comercio informal es su apalancamiento.

Quien decide pagar protección criminal lo hace por miedo y por la desconfianza que inspiran las autoridades. ¿Qué hacer? 

Desde el Estado la respuesta debe ir en dos sentidos. Primero, con una firme política de depuración del aparato policial y judicial. Sin confianza ciudadana no es posible una tutela judicial efectiva. Segundo, con una estrategia de prevención integral del delito. La extorsión catapulta una variedad de delitos conexos que rápidamente configuran gobernanza criminal y ecosistemas homicidas. 

Es vital la cooperacion del Estado con el empresariado y los comerciantes para generar medidas de atención a los problemas de seguridad pública. Sin embargo, hay que cuidar que la cooperación no se convierta en delegación de funciones que son responsabilidad estatal. Por tanto, el sector privado debe fortalecer la responsabilidad del Estado como el único oferente de protección deseable, y evitar el desarrollo de medidas de atención selectivas. Por el contrario, debe pugnar por respuestas institucionales que amparen a todas las víctimas.

Desde la sociedad civil organizada hay que promover un trabajo cualitativo de largo plazo para acumular conocimiento empírico sobre las formas, métodos y dinámicas de la extorsión. Solo así será posible diseñar estrategias de intervención hechas a medida para cada localidad.

Lo urgente es incrementar el costo político de las autoridades locales y nacionales por no enfrentar cabalmente el desafío de la extorsión. Esto implica optar por la protesta social y la desobediencia civil, si es necesario, hasta lograr un cambio en la política de seguridad.