En la última sabatina, realizada en Guamaní el 7 de noviembre, Rafael Correa sostuvo: “Como ya presentamos el Presupuesto 2016, cuál ha sido la gran crítica: ‘sí, pero no hay reducción en salarios ni en cantidad de servidores públicos’. Siempre dijimos que la variable de ajuste iba a ser la inversión, estos quieren que la variable sean las personas. Sacar un servidor público es mandarlo a la pobreza y al desempleo. Quieren que reduzcamos los sueldos y salarios de los servidores públicos. Señores, con la revolución ciudadana eso no va. Vamos a ajustar la inversión. Vamos a reducir casi USD 4 000 en inversión. Y si necesitamos algo más, se lo vamos a cobrar a los ricos.” (El Comercio) 

El principio detrás de esta declaración es correcto, en lo que tiene que ver con no despedir a los funcionarios públicos, pues ningún ser humano puede quedar sin la posibilidad de los recursos para reproducir su vida y la de su familia. Sin embargo, el principio debería aplicarse a todos los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores de empresas privadas, trabajadores autónomos, obreros y campesinos  que se quedarán sin trabajo por efecto de la crisis.

¿Qué van a hacer los funcionarios de Estado que deciden la política económica del país frente al aumento del desempleo y el subempleo, producto de sus malos manejos económicos? ¿Acaso los trabajadores, que no son funcionarios del Estado, no necesitan sostener familias? ¿Será que el destino de cientos de trabajadores que quedarán en el desempleo por la crisis no es una asunto del Estado, que según dicen sus funcionarios es hoy tan eficiente?

El ajuste en inversión afecta a muchos trabajadores, que sin ser funcionarios directos del Estado, están articulados a la misma. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores o con los proveedores del Estado y sus familias?, muchos de los cuales desde hace rato están impagos. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que están y serán despedidos de las empresas privadas por los ajustes económicos de la crisis?

Si bien es cierto que hay que cuidar el trabajo de los funcionarios del Estado, esto no significa que se tiene que sostener aparatos que no cumplen ninguna función de servicio para la sociedad, como es el caso de la inadmisible Secretaría del Buen Vivir o el Quinto Poder, para poner dos ejemplos entre muchos otros. 

A los funcionarios medios y bajos que trabajan en este tipo de instancias inservibles, se les debería reubicar en otras funciones necesarias para la vida social; los funcionarios de alto rango y a los Ministros de estas absurdas dependencias que vayan a buscar trabajo como cualquier otro ciudadano y dejen de ganar sueldos sin hacer absolutamente nada, a no ser darse la buena vida a costa de la riqueza social que no ayudan a generar. 

En cuanto a que no se reducirán los sueldos de los funcionarios públicos, es correcto si se piensa en aquellos que menos ganan. Sin embargo, hay funcionarios que tienen sueldos que no se corresponden con la situación del país, menos en época de crisis, y mucho menos después de haber malgastado la riqueza social que nos ha conducido a esta situación.

La mayoría de funcionarios del Estado en rangos altos, empezando por el Presidente, los ministros, los asambleístas, los jueces de la Corte Constitucional, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, los viceministros, subsecretarios, directores, no solo que hacen  muy poco, sino que son los responsables de la actual situación que el país enfrenta y enfrentará. Si por un mínimo sentido de la responsabilidad y la vergüenza no renuncian  y se van  a sus casas con su ejército de asesores a buscar trabajo real, para ganar el sustento de la vida con el trabajo como los hacen la mayoría de los y las ciudadanas, al menos debería bajarse los sueldos a la tercera parte y no hacerse los que defienden el empleo del trabajador público, cuando en realidad defienden su propio beneficio.

El principio de cuidar el trabajo para cualquier ser humano no puede ser privilegio de los empleados del Estado, debe ser para todos y todas. Para los trabajadores del campo y la ciudad que en su mayoría ganan el sueldo básico que no alcanza para una vida digna y que hoy, como siempre, por los manejos de los grupos económicos dominantes y sus funcionarios en el Estado, corren el serio riesgo de quedarse sin su reducido salario.

Si el Presidente fuese honesto en su preocupación por el empleo de los ecuatorianos, primero tendría que reconocer su ineptitud en el manejo económico del país y segundo parar tanta corrupción, solo así ya podríamos tener algo de recursos para garantizar mínimamente el trabajo para todos y todas, sin sueldos de privilegios y con mucha más equidad social a nivel general.

Pero no, no es honesto porque nada dice de los cientos de empleados públicos, entre ellos maestros y médicos, que durante sus años de gobierno despidió con la cínica renuncia obligatoria, sin importarle que tenían familias que sostener. Tampoco dice nada de los profesores universitarios que fueron despedidos a nombre de una meritocracia basada en los títulos que sus propios funcionarios no tienen.

Lo cierto es que los ajustes de la crisis económica la deberían pagar sus responsables es decir los grandes capitalistas y sus funcionarios de gobierno, y no los pueblos que, con su trabajo, producen la riqueza social.