El 27 de mayo se produjo un tiroteo en el puesto fronterizo entre la provincia afgana de Nimroz y la provincia iraní de Sistán-Baluchistán. Al parecer, el factor desencadenante fue el estrés hídrico. En Irán cerca del 97 por ciento del territorio padece algún nivel de sequía, según la Organización Meteorológica de ese país.

Las aguas del río Helmand fluyen desde Afganistán hacia Irán. En 1973 ambos países firmaron un tratado internacional para regular su aprovechamiento. Desde entonces, el Estado afgano se comprometió a compartir 850 millones de metros cúbicos de agua del río Helmand con su vecino. 

El 18 de mayo el presidente iraní increpó públicamente a sus vecinos talibanes porque algo andaba mal: "No permitiremos que se violen los derechos de nuestro pueblo", dijo Raisi. Días más tarde, detonó el enfrentamiento.

Uruguay, por ejemplo, atraviesa la peor sequía en 70 años. El gobierno ha optado por mezclar el agua potable con las del estuario del Río de la Plata y las protestas no se han hecho esperar 

Visto en retrospectiva, el acceso al agua siempre ha sido una fuente de conflictos. Pero los cambios demográficos, el cambio climático y la acelerada degradación ambiental incrementan las tensiones en torno al agua.

Mientras las grandes potencias trabajan para garantizar la hegemonía hídrica en sus zonas de influencia; países periféricos como Ecuador no se dan por enterados de los riesgos que enfrentan. Al contrario, la militarización de la seguridad pública para la lucha antidelincuencial produce un vaciamiento de la política de defensa, allanando el camino para que EEUU o China controlen este recurso vital en nuestro territorio (directa o indirectamente), amenazando la seguridad alimentaria y la soberanía energética. 

En un informe, de febrero de 2012, el Departamento de Estado se preguntaba cómo los problemas del agua impactarán en la seguridad nacional de EE.UU. durante los próximos 30 años (hasta el 2040), y presentaron algunos datos reveladores. El 97.5% del agua que existe en el mundo está en los océanos. Solo el 2,5% del agua disponible es dulce. Pero de este pequeñísimo porcentaje, las dos terceras partes están congeladas en los glaciares y el resto se distribuye en aguas subterráneas, superficiales y la atmósfera. Por lo tanto, no es difícil concluir que la escasez de este recurso y su creciente demanda hacen del agua dulce un factor estratégico para la seguridad humana. 

En ese mismo informe se anticipaba que “en los próximos diez años [es decir, hasta el 2022] los problemas del agua contribuirán a la inestabilidad en Estados importantes para el interés de la seguridad nacional de EE.UU.”; y se presentaba una evaluación de riesgos en siete cuencas hídricas claves del Indo-Pacífico, precisamente la región de mayor disputa geoestratégica en la actualidad. 

En 2014 el Congreso de los EE.UU. aprobó un proyecto de ley impulsado por el senador Paul Simon, denominado: Water for the World Act. Ahí se trazan los primeros componentes de una política pública que garantice la hegemonía hídrica de los EE.UU. Además, se encarga a la USAID (Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional) la responsabilidad de construir un índice global de necesidades hídricas para monitorear y priorizar los países que, según la Casa Blanca, deben ser intervenidos (o “ayudados”, según el eufemismo favorito de la USAID). 

En Octubre de 2021 el Departamento de Defensa de los EE.UU. publicó un análisis de riesgo climático. En él se diagnostican los peligros e impactos climáticos por región, así como los que son transversales, en cascada y/o globales. Desde el punto de vista militar, anticipan una creciente inestabilidad dentro y entre los Estados latinoamericanos, demandando una intervención asertiva del Comando Sur (USSOUTHCOM).

El año pasado se publicó la Estrategia Mundial del Agua de EE.UU. 2022 – 2027. Su premisa de partida es que “la crisis global del agua continúa amenazando la seguridad nacional y la prosperidad de EE.UU.” Aunque la implementación de la estrategia está a cargo de la USAID, el Departamento de Defensa tiene discrecionalidad total para actuar en este campo: “Para ejecutar nuestra misión –dice el documento–, el Departamento de Defensa depende de que el personal y el equipo militar y civil estén en el lugar correcto, en el momento adecuado, con las capacidades adecuadas, y esto requiere un acceso seguro y confiable al agua limpia en todo el mundo”.

Entre los veintidós países considerados de alta prioridad estratégica para EE.UU. en el 2023, hay dos latinoamericanos: Guatemala y Haití. Sin embargo, en el Índice de Necesidades Hídricas de la USAID constan seis Estados latinoamericanos catalogados como países con “necesidad media-alta”: Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Perú y Bolivia. 

Las múltiples desigualdades, el cambio climático y su desequilibrio demográfico-territorial acuñan un estrés hídrico crítico. Los cultivos en Puno, al sur del país, se han secado y  una represa hidroeléctrica en Cajamarca está paralizada por la falta de agua. Una crisis alimentaria y energética pueden contribuir a incendiar el país en los próximos meses. ¿Qué hacer?

El Pentágono y las élites económicas que controlan el Estado ya han tomado partido por una salida militar. El 19 de mayo, el Congreso aprobó una autorización para el ingreso de tropas norteamericanas a territorio peruano, con el argumento de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú. La doctrina autoritaria de la estabilización en todo su horror. 

La lucha por el agua es un problema global urgente. El estrés hídrico ya es un desafío doméstico incluso para EE.UU. y China. En Mendocino, California, ya no hay agua para los retretes y en Montana las aguas subterráneas se contaminan rápidamente por la explotación de hidrocarburos mediante fracking.

El verano pasado (en 2022) China experimentó la mayor sequía desde 1961, afectando a más de 900 millones de personas en 17 provincias. Los pronósticos proyectan que para 2030, la demanda de agua de China superará los 800 mil millones de metros cúbicos, pero carece de condiciones para satisfacer esta demanda pues tiene enormes problemas de calidad, cantidad y distribución espacio-temporal del agua.    

China se ha tomado muy en serio este asunto. Ha desarrollado más de 130 políticas para cuidar la calidad del agua superficial y la degradación ambiental. Ha trazado líneas rojas ecológicas para mejorar su resiliencia ante el cambio climático. Ha desarrollado estrictas regulaciones para, por ejemplo, prohibir la pesca y preservar sus recursos. Sin embargo, en el exterior sus empresas y empresarios hacen todo lo que en su país está restringido.

Así se entiende el comportamiento predatorio de las empresas chinas en todo el mundo. Mientras cuidan sus reservas ictiológicas, sus flotas pescan salvajemente en torno a las Galápagos. Mientras legislan con rigor para cuidar sus cuencas hidrográficas, en América Latina financian descomunales hidroeléctricas provocando daños ecológicos irreversibles. Mientras procuran el cuidado de la tierra fértil y la ampliación de sus sistemas de riego, en países como Perú, Nicaragua o Venezuela, expanden el monocultivo ferozmente. ¿Qué le espera al Ecuador con el TLC que acaba de firmar con China?   

Por todo esto la seguridad hídrica debe ser una prioridad estratégica para Ecuador. El próximo gobierno debe asumir este desafío sin demora. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen una responsabilidad histórica para trabajar en una política de defensa autónoma, que proteja las fuentes de agua dulce y no a las empresas mineras que la contaminan, como torpemente ha aceptado hacerlo su mando político-militar, seducidos por los “asesores” del Pentágono y las chequeras millonarias. 

Como afirma Daniel Innerarity, una gobernanza sostenible implica la reconfiguración política del futuro. Si seguimos distraídos en el presente, no habrá gobernabilidad democrática posible. Ecuador necesita replantear su modelo de desarrollo y construir una agenda de seguridad y defensa sensata. Algo que solo un gobierno con inteligencia política y sensibilidad moral podrá realizarlo.