La escena se volvió habitual: él o la funcionaria convoca a los medios -sobre todo a los canales de TV, que algunos siguen creyendo "el medio" por excelencia- para leer un papel que le redactaron, a medias, su abogado y su comunicador, con el fin deliberado y nunca ocultado de irse por las ramas, de darle la vuelta a las cosas y de deformar la realidad lo más posible y, sobre todo, de no decir nada noticioso. 

Antes, un lacayo del funcionario aclara muy solemne que esta vez tampoco habrá preguntas. Termina la lectura, y el funcionario se levanta y se va. La práctica se regó como pólvora por toda la región, sobre todo, en los países en donde el socialismo del siglo XXI y sus falacias antiprensa tuvieron influencia.

En la Argentina dominada por los Kirchner, se volvió costumbre que ningún funcionario ofreciera ruedas de prensa ni respondiera preguntas, empezando por la ex presidenta Cristina Fernández,  al extremo de que los organizaciones de medios de ese país pedían con frecuencia que, por favor, se dignen responder alguna.

En el Ecuador de Correa y luego en el de Moreno -la pésima segunda parte de la anterior- la práctica continuó. Nada de preguntas, como no fuera la de las prensas serviles al régimen que, ya se sabe, harían las preguntas a la carta. También aplicaron los vetos: a tal programa no voy, con tal periodista no hablo... Correístas y morenistas sabían que la mejor noticia es que la que no sale y la mejor pregunta la que no se formula.

Y, en paralelo, en especial en el régimen de Moreno, la estrategia comunicacional se basó en filtraciones negociadas con medios alineados, pensadas como acolites de alguna carambola política o judicial de medio pelo, lo que no tiene para nada que ver con el clásico del género, Watergate. 

No solo que no respondían preguntas en ruedas de prensa: crearon chats de Whatsapp con los números de los periodistas en donde lo único que hacían era remitir boletines delirantes, como aquellos que siempre destacaban alguna "buena noticia". Y cuando se preguntaba algo en esos chats, concebidos apenas como un reemplazo digital de los envíos de fax de los 90, dejaban las preguntas en visto. 

En estas prácticas, que en primer lugar bebían de la retórica antiprensa tan ampliamente desarrollada por los "intelectuales y académicos" de los gobiernos, y en segundo por la desmesurada influencia de ciertos abogados, se escondía también la certidumbre, íntima aunque inconfesa, de que se trataba de funcionarios mediocres y mal informados que simplemente no estaban listos para responder ni la pregunta más elemental. 

Por eso llama la atención la decisión del nuevo Gobierno de ordenar, mediante decreto, ruedas de prensa periódicas con rondas de preguntas por parte de los funcionarios del Ejecutivo. Se acabó la discresionalidad que les permitió a correístas y morenistas escoger con quién hablaban y sobre qué, como si una rueda de prensa fuera un examen amañado con algún profesor corrupto.

Si la decisión de Lasso se cumple, vamos a tener ministros y ministras que ahora tendrán que estudiar para dar su lección ante la opinión pública, y asesores de comunicación y legales que tendrán que desquitar el salario preparando contenidos sólidos en lugar de recurrir a la salida fácil de recomendar: "mejor no diga nada y no hable con ese periodista". 

Para ser ministro o ministra, además de ya no ser pareja o amigo de alguien más, habrá que saber los detalles de la cartera y así evitar hacer el ridículo en público.