Reitero: qué paradoja terrible. Un momento extremadamente doloroso para el país, el periodismo y muy particularmente para los familiares, amigos y compañeros de los trabajadores de El Comercio secuestrados el 26 de marzo, es la circunstancia que evidencia la revalorización del ejercicio profesional del periodismo por parte de los ecuatorianos. Las muestras de solidaridad y la empatía manifestadas por la sociedad, ante el plagio de Paúl Rivas Bravo, fotógrafo de 45 años; de Javier Ortega Reyes, reportero de 32 años, y de Efraín Segarra Abril, conductor de 60 años, comprueban el reconocimiento a la prensa, tras diez largos años de asedios, ataques e intentos de desacreditarla para convertirla en la enemiga del Ecuador. Compatriotas de las más variadas procedencias, posiciones y ocupaciones han expresado su rechazo a este crimen y han aportado con su aliento y reclamo a que este suceso llegue a un final, y nuestros conciudadanos regresen a sus hogares y a su trabajo. Nos faltan 3 y los queremos de vuelta ya, es la demanda de todo el país.

Tremenda contradicción que cuando ciertas restricciones se habían debilitado y estaban permitiendo algún respiro a la gestión del periodismo se haya estrenado en Ecuador una estrategia de amedrentamiento, emprendida por quienes se encuentran al margen de la ley, en el crimen organizado, en el narcotráfico o en la subversión. En el terrorismo, en todo caso. Temible coincidencia que intenta acallar a la prensa que no sirve al show, porque procura dar cuenta de la realidad; que no destila propaganda, pues informa, y aspira a cumplir con sus funciones con responsabilidad, porque responde ante sus audiencias.   

Acabado el estado de propaganda, terminadas las ofensivas de cada sábado y erradicadas las cadenas secomitas, infamantes y deformantes, la asechanza a la prensa retorna por otros caminos. Quizá más peligrosos, inciertos y desconocidos.

El investigador argentino Silvio Waisbord reflexionaba hace algunos años sobre el daño a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico que provocan los estados o gobiernos autoritarios, irrespetuosos de las leyes y dispuestos a cualquier arbitrariedad para acallar la divulgación de la información, pues la opacidad y el secretismo les favorecen, dado que les preservan de todo cuestionamiento y crítica social y ciudadana. Un gobierno o estado atrabiliario, ahoga al periodismo, lo debilita, lo reseca y lo neutraliza. Este mal se amplifica cuando quienes aspiran a acallarlo son los actores no estatales, aquellos que se sustentan de, y se afianzan con la falta de estatalidad, por la debilidad o ausencia del estado, no solo en un territorio específico, sino en términos institucionales. El argumento de Waisbord es que la carencia de una institucionalidad estatal, como es el caso de Ecuador, impide el normal desarrollo de las expresiones de la vida social y cívica. El derecho al libre tránsito en el territorio patrio, por ejemplo, que no ha podido ser protegido por el estado ecuatoriano, y el secuestro al equipo periodístico lo demuestran. Garantizar la vigencia y la vivencia de derechos humanos fundamentales es un deber concreto de los estados y de sus administradores. Lo es también la ejecución de obligaciones y de tareas clave que el estado no puede delegar a ningún otro actor político o social. Una de ellas la seguridad. Si el estado, entonces, no puede cumplirlas el entorno que esta incapacidad crea no solo para la prensa y los periodistas, sino para todos sus ciudadanos es todavía más precario. Pues se presenta la violencia y esta desalienta aún más el trabajo periodístico. “Es por eso que los estados importan para el periodismo. Importan porque prevalecen como los depositarios primarios del poder y la autoridad dentro de fronteras geográficas” apunta Waisbord en un artículo académico.

Hablar de debilidad del estado podría parecer un desatino o un contrasentido si justamente los ecuatorianos conocemos el enorme gasto que obliga el mantenimiento del empleo público, incluso a costa de endeudamiento millonario, para cumplir con los pagos de esta nómina. Aparentemente, alguien podría afirmar, el ecuatoriano es un estado fuerte. Podría aceptarse si admitiéramos que el engorde burocrático y el florecimiento de nombres rimbombantes en la década perdida, para denominar al aparato de oficinas gubernamentales, dependientes del ejecutivo, y al servicio de los intereses de su cabecilla y de su camarilla, significaron el robustecimiento estatal. Si así lo consideramos podríamos confundir fortaleza con inflamiento. Si el estado se hubiera vigorizado, hubiera comenzado a tener presencia su institucionalidad en Mataje, por ejemplo, y luego de diez años, toda su población estaría con sus derechos sociales y económicos, además de los civiles y los políticos resguardados.  Pero no lo está. Ni el derecho a la salud, ni a la educación, ni al trabajo, ni a la seguridad están vigentes.¿De qué fortalecimiento del estado hablamos? Las consecuencias de ello los ecuatorianos ya las estamos evidenciando y viviendo en toda su dimensión. La retención forzada a los colegas de El Comercio es la muestra palpable de esta ausencia de estado.

¿Qué hacer?  Frente a la falta de un estado fuerte el periodismo también puede colaborar. Cada investigación que difunden los medios de prensa para dar cuenta de los problemas sociales, económicos, políticos y éticos en nuestra patria es una contribución. Pero a la prensa no le corresponde consolidar al estado. Es al poder político, a los dignatarios a quienes les compete. Y ésta es una responsabilidad no endosable.