El 12 de diciembre pasado fue una fecha clave para la humanidad: marcó la posibilidad de que la raza humana siga existiendo en un entorno sostenible. Tal día, por consenso, el acuerdo de París registró un avance crucial para enfrentar con eficacia el cambio climático: definió el objetivo común de llegar a las cero emisiones netas.  Es decir se impuso el conseguir que los gases que el mundo arroje a la atmósfera no superen los que pueda absorber y procesar naturalmente. El modo de alcanzarlo es con el incremento en el uso de energías limpias: un adiós a los combustibles fósiles y al extractivismo.  Así, hasta 2050, el mundo usará cien por ciento emisiones reversibles. Con esta decisión, sintetiza la organización ciudadana global Avaaz, la cumbre de París envió un claro mensaje a los inversionistas: el negocio del futuro es la producción de energías plenamente limpias.

El petróleo no tiene porvenir. Frente a esta decisión universal, vinculante para todos los estados que la suscribieron y la ratificaron, las acciones supuestamente soberanas pierden piso a favor de un bien más amplio y necesario: el de la humanidad toda que habita este planeta común. Las fronteras dejan de tener sentido. ¿Imagine?

¿Cuál es la contribución ecuatoriana, como uno de los estados parte, y que, por añadidura, debe cumplir con claridad y transparencia? La claridad, afirma el documento, alude a la transparencia en proporcionar una visión nítida de los apoyos recibidos y prestados por las distintas partes. La transparencia se refiere a fortalecer las instituciones nacionales y a promover la exactitud, la exhaustividad, la coherencia y la comparabilidad. Es una obligación, se entiende, dirigida a producir espacios de petición y rendición de cuentas de los países comprometidos, procurando eliminar o debilitar las ambigüedades, los dobles discursos, las palabras vacuas, la retórica, la demagogia. Interesante. Como que conocen la vocación por las argucias y la discrecionalidad de ciertos dirigentes de los estados partes. Y están al tanto de la débil institucionalidad interna de tantas repúblicas, en nombre.

El 1 de octubre pasado, previo a la cumbre de París, Ecuador presentó su nuevo plan de acción climática, bajo el título de “Contribución Tentativa Nacionalmente Determinada de Ecuador”.

Este compromiso contiene algunos puntos a los que se obliga, así sea a regañadientes. Más allá de la información sobre la “introducción de 1.500.000 cocinas de inducción en el primer escenario y 4.300.000 en el segundo” o del tren eléctrico transamazónico, y de sacar pecho (¿con infantilismo?) de que “Ecuador es el primer país a nivel mundial que reconoce los derechos de la naturaleza en su Constitución del 2008 a través de sus artículos 71- 74”, precisa que “el artículo 414 de la Constitución establece que: ‘el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo’ ”.

Excelente, porque el país deberá rendir cuentas al mundo. ¿Cómo explicará, por citar un caso, el desalojo en Tundayme, en beneficio del extractivismo y en desmedro de la naturaleza y de las comunidades afectadas?.

El texto cita también el objetivo 7 del plan del buen vivir, sobre la promoción de la sostenibilidad ambiental, territorial y global, en virtud del cual garantiza que el país va a gestionar “de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua”. Ello supone modificar prácticas enseñoreadas desde hace casi 10 años y respetar el “enfoque de cuencas”. Por ejemplo en el Azuay. Exactamente en Quimsacocha. De ello, sin duda, la convención le pedirá cuentas.

Aunque con una dosis innecesaria de retórica, aquel escrito reconoce que “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se extiende aproximadamente a un 20% de la superficie del Ecuador.”  Y acepta que “los ecosistemas del Ecuador muestran niveles altos de vulnerabilidad ante el cambio climático”. Y que “los ecosistemas son una fuente de bienes y servicios ambientales como la protección de suelos, regulación hídrica, y captura de carbono”. A confesión de parte…

La cita de París, es posible advertir, está del lado de la naturaleza, de la que la humanidad es constitutiva. Y para fortalecer su eficiencia requiere de la ayuda de las instancias que no son actoras del poder político: las sociedades, los ciudadanos, los “interesados que no son parte”. A ellos, a nosotros, nos invita a que desafiemos las realidades por más difíciles que sean las condiciones y a que las superemos: que sigamos adelante. Por supuesto, esto implica sacrificios en el consumo de bienes y servicios. Dos de ellos muy sensibles: el turístico y el tecnológico.

Con la típica redacción de los instrumentos internacionales de instar, invitar, tomar nota, reconocer, acoger, convenir y alentar, el tratado decide. Sí, decide. Su artículo 27 declara: “No se podrán formular reservas al presente Acuerdo”. 


Es claro, entonces, que este acuerdo nos abre y amplía varios derechos y garantías, además de obligaciones. Los ecuatorianos, a quienes nos importa nuestro país, debemos conocerlo. Incluso porque el pacto dejó de lado palabrerías, como aquellas de proponer una corte de justicia ambiental. Pero sí aceptó la noción de “justicia climática”. Bravo París 2015.