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26 de Mayo del 2014
Ideas
Lectura: 12 minutos
26 de Mayo del 2014
Luis Verdesoto Custode
Cientista político, catedrático en varias universidades de Ecuador y Bolivia. 
¿Qué significa ser socialista hoy?
¿Cómo definir al socialismo? Quizá como una capacidad de procesamiento de diferencias dentro de un horizonte estratégico de equidad. Esto es, que el acento está en la sociedad. Esto permite pensarnos en una construcción pública y privada, de comunidad política, orientada hacia la reproducción humana satisfactoria.

Un grupo de países –Uruguay, Chile, Brasil- escapan al derrumbe de las formas convencionales de los sistemas políticos en la región. Otro grupo –Venezuela, Bolivia, Ecuador- construyen acelerados procesos de informalización institucional. Y, al parecer, emerge un tercer grupo –Colombia, Perú (¿Argentina?)- que logran inserciones en la globalización sin haber conformado sistemas políticos convencionales o dejarse librados a la informalidad política.

El primer grupo viene de experiencias autoritarias, sus sistemas sociales se modificaron (liberalizaron) radicalmente y sus sistemas políticos resistieron durante períodos largos de hibernación. El segundo grupo viene de crisis profundas y explosiones sociales que generaron colapsos institucionales y abruptas modificaciones de la inserción clasista. El tercer grupo pareciera responder a experiencias reformadoras, más o menos autoritarias, en que los sistemas de partidos no resistieron pero cuyas economías sí se han prestado como asiento de formas modernas de capital.

Esta tipología nos sirve únicamente de introducción y referencia ocasional para abordar temas para el debate.

Un tema que comienza a condicionar a la configuración política de América del Sur es que la región ahora “limita” políticamente con Estados Unidos. La presencia de la conflictualidad (demócratas y republicanos) del sistema político norteamericano alcanza a toda Centroamérica, como lo mostró la crisis hondureña.     

Otro tema que pesa diferencialmente en los países de América Andina son los componentes étnicos y generacionales de la política. Los movimientos indígenas –con mayor o menor estacionalidad- ocupan el escenario político e imponen líneas de referencia a la institucionalidad (derechos colectivos indígenas, organización territorial). Con “menores” implicaciones epistemológicas, otros clivages de los sistemas políticos son los conflictos generacionales, que desplazan a las formas típicamente clasistas.

En la línea de los nuevos componentes de la agenda, indudablemente han ingresado las lecturas ecológicas de los procesos productivos y reproductivos, que afectan al desarrollo y a los actores sociales. Las políticas públicas y las interacciones conflictivas registran una influencia estructural del ecologismo.

También en la región asistimos a la emergencia de nuevas modalidades de expresión de la política, que combinan ímpetus modernizadores, cierta vocación democrática y capacidad de aprovechar oportunidades políticas, básicamente creadas por las vacilaciones y falta de respuestas del “progresismo”, si es aun útil usar esta categoría. Esto pareciera crear condiciones, en buena parte de casos pero con precisas excepciones, para una interacción política –gobierno/oposición- que permitiese, eventualmente, abrir cauces nacionales comunes, especialmente frente a eventos de amplia magnitud como la crisis reciente de la democracia en algunos países.

Sin embargo, se han provocado dos reacciones. De un lado, la recreación regional de enfrentamientos asimilables a la “guerra fría” entre gobiernos/fuerzas que se creen representantes de cada “polo“. De otro lado, la desubicación de antiguos referentes ideológicos, que dificulta la identidad de la izquierda, especialmente.

Además de la emergencia de derechas reformadas, lo sustantivo, al parecer, es que han  cambiado las bases económico-sociales de la democracia y del Estado, sin que se haya podido generar una reforma político-estatal congruente y creativa. El rol de los sectores medios sigue en cuestión, pero vuelve a surgir. Sin embargo, recién comienzan a reconvertirse en articuladores de los más elementales sentidos de la democracia, pero se habían diluido como creadores de los órdenes públicos más profundos, especialmente del Estado.

El Estado (y la administración pública) se invisibilizaron durante el predominio ideológico “neoliberal”. Ahora, que se recupera la necesidad de rearticular esfuerzos sociales hacia el bien común (y de reconformación de la esfera pública), aparece la necesidad de repensar un Estado moderno y eficiente que pueda alojar a un régimen democrático.

Pero algunas tendencias –especialmente las denominadas del Socialismo del siglo XXI- se han refugiado en el pasado (las propuestas de intervención/inversión del Estado en el desarrollo durante las décadas de los 60’ y 70’) en una recreación de la materialidad estatal antes que de sus atribuciones sustantivas. De este modo, se oponen a las políticas públicas de inserción en la globalización y recrean formas de gasto público y aparatismo ineficientes. Este discurso contrario al “desmantelamiento” del Estado (que no debe confundirse con la crítica a la ineficiencia contralora y funcional) oculta al desconocimiento (y hasta el temor) a las formas del mercado (mientras que de otro lado surge la pregunta sobre la necesidad de relaciones mercantiles como condición de la democracia).

El estado en la región presenta un desarrollo desigual y, de algún modo, reproduce, los agrupamientos de países que hemos citado al iniciar. Esa desigualdad genera patrones que, en unos casos facilitan o dificultan, dependiendo del grupo, asentarse en los procedimientos democráticos, desarrollar una buena política e instalar un sistema político.

El “mal estado” impide funcionar a la “buena política”. La “mala” política corresponde y profundiza en las características del “mal” estado en que se asienta la democracia y su sistema político, especialmente en el caso de Venezuela. Bolivia y Ecuador. En suma, impide el tránsito del estado hacia la modernidad, tema especialmente relevante, cuando el estado vuelve al escenario de investigación, para acompañar a la política y a la democracia, como sede privilegiada de la institucionalidad. A su vez, desde el otro lado, surge la pregunta de cuanto del “buen estado” es responsable de la calidad democrática de un grupo de países de la región.

La otra característica consiste en la emergencia de los nuevos liderazgos “neopopulistas”. La categoría responde e informa sobre una forma de hacer política y de invocación nacionalista (los “neopopulismos” no presentan un proyecto nacional). Parecen responder a la esterilidad de una parte de la sociedad para (re)inventar la representación y a la configuración de intereses estratégicos en un bloque social emergente.

Probablemente este nuevo “bloque social” (que no es lo que clásicamente se conoció como “bloque nacional popular”), en algún caso de naturaleza étnica, está ligado en la informalidad por prácticas sistemáticas de transgresión pero ampliamente aceptadas por una disponibilidad de masa, reprimida históricamente y de difícil conversión ciudadana. A su vez, esta reconfiguración de la sociedad se ve auspiciada por las crisis institucionales que plantean modificaciones en las reglas de convivencia social y política, e incluso de roles de la Constitución en los sistemas políticos y en los sistemas legales.

Los estudios y los discursos acerca de la globalización oscilan entre su necesidad y sus consecuencias. Muchas veces se reducen a la facilidad de contestar a sus fracasos. La globalización impone límites al cambio y obliga a dotarse de calidad a los proyectos de cambio surgidos desde la izquierda. Porque esta es la naturaleza del funcionamiento del capitalismo también hoy: presenta una lógica de “éxito” alrededor de algunos intereses que lo motorizan y de “fracaso” de segmentos y dinámicas de la sociedad, que pierden o no cupieron en los espacios creados por la modernización capitalista (modernidad no redistributiva). Sin embargo, la “enseñanza” es que la política democrática y los agentes del estado moderno no pueden reducirse al “encargo” de crearles un entorno de “tranquilidad” para el buen morir, sociológicamente hablando, a los fracasados del sistema.

El tema recurrente es, desde el diseño, qué instituciones deben acompañar al desarrollo social; y, desde la política, plantear, una y otra vez, cuál es la relación perseguida entre socialismo y democracia, desde una perspectiva social y también estatal. E internacional. Despendiendo de los países de que se trate, los ejercicios socialdemócratas del poder no han sido lo suficientemente estimulantes que están obligados a ser.

En el lado positivo, la calidad democrática se relaciona más con la capacidad de construir un proyecto nacional, que con la inveterada necesidad de lograr solamente el triunfo electoral. La misma significación del voto (“enlatado decisional”) y de la mayoría (que generalmente es un ejercicio antideliberativo) se enfrentan a las críticas ciudadanas. Una vez que se estabilizan las democracias, surge la necesidad de la construcción de sistemas políticos en marcos de estabilidad. Es decir, de previsibilidad sistémica.

La izquierda debe afrontar, una vez más, a la modernidad, lo que significa ser protagonista, en unos casos, de los puentes entre la conformación de la individualidad en sociedades de vocación comunitarista; o, en su defecto, en el otro extremo, encarnar a la modernidad no sólo pero incluyendo a la individualidad.

Evidentemente, la ampliación de la agenda hacia la calidad democrática y socialista está ligada a la gestión pública. Esto es, a la eficiencia estatal. El gobierno en democracia está centrado en la eficiencia pública, en que no basta ser honesto sino tener “oficio” público y político. La falta de oficio ha llevado, en un grupo de países de la región, a reproducir las formas del autoritarismo como discurso y como gestión. Y fundamentalmente a la “estatización de la sociedad”, sueño vacuo del dirigismo. O, a tratar de “vivir políticamente” de la explotación irresponsable del miedo del retorno al pasado y de dejar de ocultarse electoralmente solo de la crítica a política pública neoliberal. Este “autoritarismo de izquierda” evita exigirle a la democracia que cumple sus objetivos, pues sería exigirse a si mismo una consecuencia que no está dispuesto a afrontar.

¿Como definir al socialismo? Quizá como una capacidad de procesamiento de diferencias dentro de un  horizonte estratégico de equidad. Esto es, que el acento está en la sociedad. Tal vez volver a la vieja pregunta acerca de la construcción democrática, como el ambiente público, permite pensarnos en una construcción pública y privada de comunidad política orientada estratégicamente hacia el objetivo superior de la reproducción humana satisfactoria.

Como corolario quisiera plantear un tema “paraguas” que, finalmente, organiza a muchos que quedaron en el tintero.

La crisis internacional pasa facturas a actores y territorios. De un lado, los estados han respondido a la crisis desde políticas nacionales, soslayando los impactos en las economías y sociedades locales y regionales. Los gobiernos subnacionales, que en muchos casos habían podido responder innovativamente a estímulos mercantiles e institucionales, frente a la crisis carecen de instrumentos operativos especialmente financieros para establecer equilibrios territoriales en la responsabilidad. De otro lado, la izquierda latinoamericana puede también estar en camino de convertirse en responsable del pago de una crisis que no creó y que, sin embargo, le toca afrontar, en unos casos, con suficientes previsiones y reservas -financieras y políticas-, mientras que en otros casos, afrontará la crisis desatando su “adicción al gasto“ y su vocación autoritaria.  

[PANAL DE IDEAS]

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