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3 de Septiembre del 2018
Ideas
Lectura: 6 minutos
3 de Septiembre del 2018
Guillermo Rovayo

Abogado, experto en derecho humanos y movilidad humana. 

¿Por qué tan caraduras?
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Lo más irónico (y en realidad desesperante) es que al momento de justificar el nuevo acuerdo ministerial en el boletín de prensa la Cancillería menciona que “el Gobierno del Ecuador está preocupado por la falta de voluntad política del Gobierno de Venezuela para buscar soluciones democráticas al problema generado por una administración irresponsable e inhumana”; es decir con esta frase justificó que la población desplazada desde Venezuela debe ser reconocida como refugiada.

La actitud del Gobierno ecuatoriano (expresada en el Viceministro de Movilidad Humana Cháves y en el Ministro del Interior Toscanini) tras la decisión de la jueza que ordenó que se suspenda la solicitud de pasaporte a los ciudadanos de nacionalidad venezolana; no solo que ha sido la peor posible, sino que evidencia la falta de voluntad política para encarar de manera adecuada y efectiva la situación por la que atraviesan los desplazados venezolanos en Ecuador.

Otro polémico Acuerdo Ministerial, ha insistido sobre la solicitud de documentación especial para nacionales venezolanos. Ahora con un agravante: la cédula de identidad debe ser certificada por el organismo en Venezuela o por otro organismo regional reconocido por el Ecuador. En el primer caso, la entidad que en Venezuela hace estas gestiones – SAIME – tarda un promedio de un año y medio para este tipo de trámites. Y en el segundo caso, no conozco ninguna entidad de Naciones Unidas, OEA u otros similares que se dedique a certificar documentación en la región.

O sea, la nueva medida no solo que es inconstitucional, atentatoria a los derechos humanos, sino que ahora además es inaplicable por irreal. ¿Qué busca el gobierno con el establecimiento de este tipo de medidas?

Todo pareciera indicar una hipótesis: el Gobierno busca una manera “discreta” para la expulsión masiva de venezolanos. Pero no quiere llevarlo por la vía establecida en la inconstitucional Ley Orgánica de Movilidad Humana debido a que la misma devela ser contraria a los derechos humanos. Creo que tampoco quiere realizar una acción directa de esa envergadura para mantener de manera hipócrita el membrete de país de la “ciudadanía universal” mandato constitucional que ha sido pisoteado por el Gobierno del Ecuador en varias ocasiones y que está vez parece no ser la excepción.

Lo más irónico (y en realidad desesperante) es que al momento de justificar el nuevo acuerdo ministerial en el boletín de prensa la Cancillería menciona que “el Gobierno del Ecuador está preocupado por la falta de voluntad política del Gobierno de Venezuela para buscar soluciones democráticas al problema generado por una administración irresponsable e inhumana”; es decir con esta frase justificó que la población desplazada desde Venezuela debe ser reconocida como refugiada.

Debemos recordar que la Declaración de Cartagena pide a los estados que se “considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Incluso este texto ha sido asumido en el artículo 98 de la inconstitucional Ley de Movilidad de Humana. Queda en claro, la población desplazada venezolana debe ser considerada como refugiada. Entonces reitero una pregunta ¿Por qué no se quiere ver lo evidente y se asume la respuesta adecuada?

Pero la testarudez gubernamental tiene consecuencias, que obviamente la están asumiendo las poblaciones.

La primera consecuencia, es que el éxodo masivo se está realizando en condiciones de alta y extrema inseguridad para los migrantes. Los están vulnerabilizando, al exponerlos a las redes de tráfico de personas y de aquellas personas inescrupulosas que están aprovechándose de su precaria situación para explotarlas laboralmente.

La segunda consecuencia, se da en el momento en el que nos negamos a ver una realidad: Ecuador no es solo un país de tránsito, sino también de destino. Basta ver las ciudades y poblados más pequeños del Ecuador donde el migrante ha sido mejor acogido que en las grandes urbes y en donde pese a no encontrar todas las condiciones más adecuadas, por lo menos le dan para sobrevivir a este nuevo contexto.

La tercera consecuencia, y por no decir la más grave, es que con esta actitud el gobierno da fuerza y ánimo a los discursos xenófobos, discriminadores y de intolerancia. El 30 de agosto, en la ciudad de Quito un grupo de “nacionalistas” (o sinceramente no se como llamarlos) golpeó a gente que estaba en la calle, marchó con insultos provocando miedo en un sector de la población. En muchos de esos carteles, se leía leyendas de “apoyo a las medidas del gobierno. Fuera Venezolanos”.

Que pena. Que desazón saber que como sociedad estamos a la deriva. Más rabia saber que esa deriva está provocada por la obstinación de funcionarios estatales que al parecer no tienen la más mínima idea de lo que implica un enfoque de derechos humanos, peor aún de lo que implica la movilidad humana.

Este es un llamado a tomar medidas adecuadas, como aquellas propuestas por la sociedad civil ecuatoriana. A que el Gobierno del Ecuador pueda asumir acciones positivas y que permitan el ejercicio cabal de los derechos de las personas (la nueva Ministra del Interior deberá componer todo lo dañado por Toscanini).

También es un llamado a que la sociedad ecuatoriana asuma la riqueza de lo que implica los procesos migratorios (lo mismo que hemos exigido a las sociedades receptoras de ecuatorianos). Y que en general, la región pueda asumir una respuesta humanitaria y de integración para un tema que seguirá creciendo exponencialmente.

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