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7 de Diciembre del 2015
Ideas
Lectura: 12 minutos
7 de Diciembre del 2015
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

¿Qué es una Constitución?
El hecho de que cien asambleístas se hayan arrogado la potestad de cambiar la Constitución, haciendo caso omiso de todas las expresiones en contrario proferidas en las calles, los medios de comunicación y en el seno de la misma Asamblea, no augura una existencia duradera a dicha Constitución y coloca a tal Asamblea en abierto conflicto con sus representados.

El eminente pensador y político alemán, Fernando Lasalle, expuso con lucidez el concepto de lo que es una Constitución, con el que desenmascaró el pseudo-constitucionalismo de Bismark en el siglo XIX. Además de una “ley escrita” es algo que se ajusta a la realidad, a “los factores reales y efectivos del poder”.

Con la aprobación de las llamadas enmiendas constitucionales, los cien asambleístas de Alianza País  transformaron a la Constitución de Montecristi en una “hoja de papel”, esto es, en una Carta Política no ajustada a la realidad, útil solamente para encubrir la inconstitucionalidad del  régimen. 

El oficialismo ilusamente plantea “la constitucionalización del proyecto político” de la “revolución ciudadana” en momentos en que dicha revolución ha perdido piso en la realidad, y ha abjurado de la Constitución de Montecristi.

El gobierno del presidente Correa encara una crisis de legitimidad; ya no puede sostener el modelo económico con el que apuntaló su gobernabilidad; requiere del apoyo del sector privado para suplir la falta de recursos económicos, sin embargo carece de credibilidad en dicho sector; ha perdido el apoyo de los movimientos sociales, tanto sindicales como ciudadanos, en circunstancias en que el desempleo aumenta, sube el costo de la vida, se agrava el malestar social.

En esta situación la explicación de Lasalle sobre ¿qué es una constitución? se vuelve esclarecedora. Los fragmentos de una constitución son precisamente esos factores de poder que se han alejado del gobierno de la revolución ciudadana, o que, en su defecto, fueron abandonados por éste.

¿Le apoyan las Fuerzas Armadas? Si y no, pues una de las enmiendas modifica su función institucional, en términos contrarios a su vocación histórica. ¿Le apoyan los empresarios, los terratenientes, los exportadores, los importadores, los banqueros?  Quizá, porque dejó atrás los proyectos de ley de la herencia y la plusvalía, y hoy aboga por la alianza público-privada; sin embargo, hay controversias en torno al tamaño y control del Estado, las salvaguardias, el elevado gasto público, el endeudamiento externo, la falta de liquidez en la economía, cómo salir de la crisis.

¿Le apoyan la clase media, los trabajadores organizados, los campesinos, los pueblos indígenas, los trabajadores del campo? La enmienda que transforma  a la comunicación en servicio público y que, por tanto, aspira a neutralizar el papel de la opinión pública como baluarte de la acción política autónoma de la ciudadanía, así como el cercenamiento de los derechos laborales de los servidores públicos, le coloca al gobierno en oposición a las demandas de estos sectores. Son precisamente sectores altamente politizados de los que se nutrió en sus inicios el correismo. La protesta social que hoy se la quiere medir cuantitivamente expresa una  reprobación que va más allá de los gritos y algazaras callejeras. En materia de ideas no cuenta el número sino la razón.     

La enmienda que quita funciones y competencias a la Contraloría General del Estado resta credibilidad a los negocios públicos, manejados sin control ni fiscalización por un órgano estatal autónomo. Asunto que se agrava por la abdicación de la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Y por la persecución a los medios de comunicación independientes.

Las enmiendas aprobadas ¿modifican este cuadro? ¿Serán capaces de revertir esta realidad? ¿reflejan la actual correlación de fuerzas? ¿Se justifica la reelección indefinida cuando tras de casi nueve años de gobierno, el país atraviesa una crisis económica imputable, no sólo a la caída del precio del petróleo ni a la apreciación del dólar, sino al equivocado manejo de las finanzas públicas y a la falta de previsión y planificación?

La inversión en obra pública, por ejemplo, prioriza el sector terciario de la economía, con obras suntuarias, como las “plataformas gubernamentales” y el Metro de Quito, y desatiende la inversión que no se ve en la industria, la agricultura, la producción. Los objetivos estratégicos propios de una verdadera revolución pasan a segundo plano.

Hasta en las obras de infraestructura se prioriza la micropolítica; así vemos que ciertos alcaldes de oposición desisten de ella a cambio del apoyo financiero gubernamental requerido para que tales obras se ejecuten, bajo el supuesto de que con ellas gozarán de altos niveles de aprobación popular, o más precisamente, electoral.    

Si en una Constitución los factores reales de poder están ausentes, dicha “ley fundamental” no pasa de ser una “hoja de papel”. Y entonces, según Lasalle, la Constitución real se abre camino, paso a paso, hasta imponerse a la Constitución escrita.  El curso seguido por la Constitución de Montecristi confirma la hipótesis de Lasalle: los giros a la izquierda o a la derecha que ha sufrido sólo revelan su vulnerabilidad, derivada de su conflicto con la realidad. Las propias enmiendas son una confesión de tal conflicto.

“Las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social”

La “revolución ciudadana”, al haber dejado intactas las fuerzas reales que mandan en el país, mal puede pretender ignorarlas y forjar algo que no existe. La Constitución no es un discurso, no puede suplantar la realidad, ni tampoco acomodarse a las cambiantes circunstancias sociales y políticas.  

El gobierno, por tanto, tiene dos alternativas: una poner a la Constitución en consonancia con los factores materiales de poder, lo cual supone un giro a la derecha que lo está dando en la práctica, pero que no se atreve a consagrarlo en la Constitución; o bien, dar paso al poder inorgánico de la sociedad, o sea a las fuerzas dispersas de la sociedad civil. Esto último es menos probable dado el desgaste de un proyecto que nació de la izquierda pero que no pudo mantenerse en esa dirección, que incumplió con la oferta del Yasuní-ITT, de los derechos políticos, de la igualdad de género, del Sumak Kausay, de la democratización de la educación, de la ampliación de la participación ciudadana, del cambio de la matriz productiva. 

Una Constitución para que sea duradera- se desprende del análisis de Lasalle- no puede sustentarse en una sola verdad; frente a la disonancia de opiniones, ninguna de las cuales puede imponerse sobre las demás, prevalecen los juegos en torno al poder que subyacen en el debate constitucional. Éste no es solamente jurídico sino político, se libra en el “conflicto entre el derecho meramente escrito en el papel y los factores de poder esculpidos en el bronce de la realidad”.

La pretensión de Alianza País de decidir por el pueblo, de espaldas a éste, revela un desconocimiento de su parte de lo que está en juego en la vida y vigencia de una Constitución. Pudo ésta haberse legitimado con una consulta popular. El hecho de que cien asambleístas se hayan arrogado la potestad de cambiar la Constitución, haciendo caso omiso de todas las expresiones en contrario proferidas en las calles, los medios de comunicación y en el seno de la misma Asamblea, no augura una existencia duradera a dicha Constitución y coloca a tal Asamblea en abierto conflicto con sus representados.

La Constitución, no sólo que ha dejado de reflejar la realidad, sino que carece de apoyo popular. Por eso la Asamblea tuvo que cercar el recinto legislativo con la fuerza pública, demostrando temor y  convirtiendo a la fuerza pública en guardia privada, al servicio de un movimiento político. La represión ejercida en los alrededores del recinto en el que se supone “deliberan” los representantes del pueblo y no los funcionarios del gobierno, puso en evidencia que no es la democracia el régimen que dicha Asamblea encarna.  

No se necesita ser profeta para sostener que en las próximas elecciones una carta segura de triunfo será comprometerse a echar abajo las llamadas “enmiendas”, en especial la de la “reelección indefinida”, la que pretende amordazar a la prensa libre,  la que atenta contra los derechos laborales,  y la que ampara la impunidad. Hasta el eventual heredero de Correa-ya que el propio Correa parece inclinado a abandonar el barco antes de que éste se hunda- tendría que plegarse a esta reivindicación mayoritaria del pueblo, si aspira a lograr el respaldo del electorado.

Sin darse cuenta, los asambleístas de Alianza País han hecho un flaco servicio a su “proyecto político”. El divorcio manifiesto entre dicho proyecto y la realidad social -en palabras de Lasalle- “haría de su derrocamiento (de la Constitución, PM) la consigna constante y diaria de la sociedad”.

¿Qué otro camino queda a los movimientos sociales, los trabajadores, los pueblos ancestrales, los partidos políticos, los gobiernos seccionales, los servidores públicos, los jubilados y afiliados al IESS, los desempleados y subempleados?¿Podrá el gobierno mantener los subsidios, en especial el del desarrollo humano? ¿Podrá seguir financiando los grandes proyectos energéticos? ¿Cómo podrá mantener su base electoral con el déficit de la caja fiscal? ¿Cómo podrá garantizar la paz social? ¿Optará por una escalada de represión para acallar las protestas cada vez mayores de la población?

“La sociedad entera se convertiría, sin poder evitarlo, por la fuerza de las cosas, en una gran conspiración encaminada a derribar aquella forma de gobierno. No hay régimen que pueda afrontar a la larga semejante situación” sentencia Lasalle. Y de eso son conscientes, incluso las Fuerzas Armadas.

La Asamblea ha optado por el seudo constitucionalismo, igual que lo hiciera Bismark en Prusia el siglo XIX.; éste consiste en proclamar como real lo que no es; “consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado que es, en realidad, un Estado absoluto; consiste en el engaño y la mentira”.

La tarea de las fuerzas democráticas de derecha e izquierda es obligar al régimen a quitarse la careta y mostrarlo como lo que es: un gobierno que apela a la apariencia constitucional para encubrir la demolición del Estado de derecho y el ejercicio absoluto del poder; y a la vez organizarse, dar al poder inorgánico de la sociedad civil canales de articulación en la perspectiva de dotar al país de una Constitución real.

[PANAL DE IDEAS]

Francisco Chamorro
Hugo Cahueñas Muñoz
Fernando López Milán
Carlos Rivera
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Alexis Oviedo
Consuelo Albornoz Tinajero
Mariana Neira
Gabriel Hidalgo Andrade

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