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22 de Agosto del 2017
Ideas
Lectura: 8 minutos
22 de Agosto del 2017
Alexis Oviedo

PhD en Educación por la Universidad Católica de Lovaina, Maestro en Estudios Culturales y Desarrollo, Graduado en Economía. Ex gerente del Proyecto de Pensamiento Político de la SNGP. Docente universitario.

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Las personas que dirigen los organismos de control no solo deben ser las más honorables y capaces para este ejercicio, sino también deben mostrar independencia e imparcialdiad. Es imprescindible tener una función judicial, que no continúe respondiendo a los mandatos del poder Ejecutivo.

Uno de los mayores aciertos que tuvo la revolución ciudadana a inicios de su mandato, fue su carácter consultivo, invitando a que sea el pueblo el que decida sobre temas cruciales para la organización estatal y los sentidos del gobierno. El llamado a la Asamblea Constituyente en el 2007 y la Consulta popular del 2011 recibieron en las urnas un mayoritario apoyo y fortalecieron al flamante gobierno.

Del mismo modo, la pérdida paulatina de este carácter consultivo, en especial desde el año 2013 —cuando Rafael Correa se erige como jefe absoluto de todas las funciones del Estado— alejó del presidente a varios sectores sociales y el partido de gobierno fue castigado en las elecciones seccionales del 2014.

El consultar al pueblo acerca de temas polémicos o sobre temas trascendentes permite superar ciertos límites de la democracia representativa, desde la democracia participativa, legitima tácitamente otras propuestas gubernamentales que no tienen que ser consultadas y sobre todo aumenta el capital político de los proponentes de la tesis ganadora. Así como fue una oportunidad aprovechada adecuadamente en el correismo, fueron una ganancia para los opositores de Febres Cordero, Durán Ballén o el colombiano Santos, el año pasado.  Quizás, para lanzar una consulta popular debe tenerse en cuenta la coyuntura en que el capital político y la correlación de fuerzas juegan a favor del proponente.

El estado de cosas que vive actualmente el Ecuador reclama una consulta popular. Esta sería el mecanismo idóneo para generar un debate que permita gestar respuestas estructurales a problemas que marcan negativamente la historia reciente. Desde el cambio de gobierno, el eje principal de la coyuntura no es en sí la economía y los interrogantes sobre su recuperación, como se pudo pensar en entrono de crisis, sino la coyuntura política desarrollada en un contexto de corrupción, que toma más fuerza desde la cruzada emprendida contra ella por Lenín Moreno y se matiza por la fuerte confrontación entre al menos dos facciones del partido de gobierno. 

El presidente Moreno ha manifestado voluntad política para desenmarañar los hilos de la corrupción vinculada a la empresa Odebrecht  e identificar a los funcionarios del gobierno anterior y del actual, implicados en este millonario latrocinio. Antes del 24 de mayo, fecha en la que fuera investido Moreno como presidente, el funcionario de más alto rango detenido por temas de corrupción era un ex gerente de la estatal Petroecuador. Mientras en varios países de América Latina, salían con celeridad nombres de ministros y hasta presidentes, acá estaba detenido únicamente el Sr. Alex Bravo y un par de subalternos suyos, en tanto que el inefable Capaya (Carlos Pareja Yanuzzelli) —a quien el gobierno correísta erigió en el responsable máximo de la corrupción—, miraba los hechos  desde Miami. A tres meses de gobierno de Lenín Moreno, están con procesos o en indagación los ex ministros Mosquera, Solíz, Solórzano, Pástor, González; el ex fiscal Chiriboga; el ex contralor Pólit y desde hace unas horas, oficialmente el vicepresidente Glas, además de otros ciudadanos vinculados con los implicados... Capaya espera desde una cárcel local los términos de su participación en este proceso.  Esto, no implica, que esté demostrada la culpabilidad de algunos de ellos, esa es una tarea que deben demostrarla jueces y aparatos de control del estado.

Si se compara el accionar de las autoridades de control y de los jueces en el correato con las acciones emprendidas en los casi tres meses de morenismo, la diferencia es abrumadora. Aunque todavía pueda percibirse “cierto espíritu de cuerpo” protector desde varios asambleístas y poco contundentes declaraciones del fiscal, es indudable que la posición del poder ejecutivo ha sido frontal y ha ido marcando la agenda de este tema. Con ello el gobierno tiene la iniciativa, y sostenidamente incrementa las cifras de apoyo y sus índices de credibilidad.

Sin embargo, no es suficiente la voluntad política del presidente para lograr resultados adecuados en un tema tan escabroso y que sigue mostrando nuevos tentáculos. El curso legal de los procesos de investigación y sanción depende también de otras funciones del Estado, cada una de ellas con competencias particulares, por lo que es crucial la coordinación adecuada y la concurrencia para destapar un tema de alta responsabilidad. Aun cuando el ejecutivo y el legislativo pudieran lograr una agenda común, el grado de eficiencia y celeridad que se dé a la causa depende también de los miembros de la función judicial en sus diferentes grados y del ritmo que impongan los diversos órganos de control (fiscalía, contraloría, procuraduría…). El asunto se torna más complejo cuando ciertas personas que dirigían estas instancias aparecen implicadas en los delitos y sobre otras hay sospechas de complicidad o encubrimiento. Es entonces que se mira hacia el órgano que eligió a dichos funcionarios con sobresalientes calificaciones: la Secretaría de Participación Ciudadana y Control Social (SPCCS), cuyos vocales, desde el mismo momento de su creación, han estado íntimamente vinculados con Correa y su círculo de poder…

Por ello, la transparencia se garantiza a partir de dotar a estas funciones del Estado de una nueva dinámica, comenzando por cambiar los mecanismos de elección de sus dignatarios. Ya en tiempos electorales, diversos candidatos se manifestaron en contra de la SPCCS y su obsecuencia, por decir lo menos, ante el poder de turno. Las personas que dirigen los organismos de control no solo deben ser las más honorables y capaces para este ejercicio, sino también deben mostrar independencia e imparcialdiad. Es imprescindible tener una función judicial, que no continúe respondiendo a los mandatos del ejecutivo y caprichos del presidente, tal como ha pasado con Febres Cordero, Lucio Gutiérrez y Correa. En temas de corrupción, los jueces no pueden castigar a los que investigan o denuncian mientras los denunciados —como Pedro Delgado— son protegidos y luego escapan al extranjero.

Estos cambios estructurales son posibles solo desde una consulta popular, la cual tiene que ser convocada por el presidente de inmediato, y de inmediato la Corte Constitucional debe pronunciarse favorablemente. Esta celeridad se da por la urgencia de reorientar los mecanismos diseñados, quizás con buenas intenciones, en la Constituyente del 2008 y en la consulta popular del 2011, pero que en la práctica han mostrado ser trabas y han hecho renacer vicios que se creían superados. Es el tiempo de hacerlo tomando en cuenta la aceptación que  tiene Moreno, garantía del triunfo de su propuesta. NO se debe demorar la convocatoria a la consulta popular, a riesgo de posibles cambios en la correlación de fuerzas, luego de los cien días de gobierno.

Los temas mencionados son los que deberían pensarse por ahora, posteriormente podría consultarse a los ecuatorianos acerca de reformar otros temas, tales como los relativos a la ley de comunicación, la relección indefinida, el COIP… y otros tantos que se hicieron para complacer al líder desde una mayoría legislativa que acataba sus órdenes sin chistar.

[PANAL DE IDEAS]

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