“Los muchachos del  Instituto Benjamenta jamás llegaremos a nada; es decir, el día de mañana seremos todos gente muy modesta y subordinada. La enseñanza que nos imparten consiste básicamente en inculcarnos paciencia y obediencia…”. Así inicia la novela Jakob von Gunten, del escritor suizo Robert Walser. En el Instituto Benjamenta, los estudiantes aprenden a minar su voluntad y, en lo posible, deben renunciar a hacer preguntas. Tras la finalización de sus estudios, se convierten en sirvientes de otros. Walser pensó que retrataba una hipérbole. Nosotros sabemos que se equivocó.

El 17 de septiembre, durante la enorme marcha de la sociedad civil ecuatoriana en protesta por el nuevo Código Laboral, la posible alza de pasajes y para expresar un descontento cada vez mayor frente a un régimen económicamente voraz y autoritario, los estudiantes fueron una fuerza amplia y con brío. Los colegios Mejía, Montúfar y Montalvo, tradicionalmente activos en la política del país y cuyos estudiantes se han destacado por hacer uso del espacio público para protestar, fueron paradigmáticos. Usando su imagen beligerante, a veces excesiva y supuestamente irreflexiva, el Gobierno ha hecho una caricatura de toda la población.

En el enlace ciudadano 391, que por supuesto tuvo lugar en el colegio Montúfar, Rafael Correa decidió dirigirse a la juventud ecuatoriana desde el amor paternal y la condescendencia. “No se dejen manipular, querido jóvenes”, dijo el mandatario por lo menos diez veces. “Los queremos”. En pocas frases, Correa infantilizó a la juventud y desvalorizó su capacidad de pensar críticamente. Lo que es más perverso aún, usó el discurso del amor para justificar el castigo. El amor que cierra el diálogo e impone la verdad autoritaria no es amor por la juventud, es represión y maltrato.

En otro momento emocional, Correa se dirige a su ministro de Educación, Augusto Espinoza, y le dice: “estamos fracasando”, tras años de revolución, los estudiantes aún están en la calle. El ministro de Educación, haciendo gala de su solvencia pedagógica y de la diferencia entre formar y castigar, ha respondido ya ante la prensa. La solución es la que sigue: “Así como fueron muy valientes para lanzar piedras, así mismo deberán asumir las consecuencias de sus actos y asumir las sanciones”.

¿Muy machitos? Ahora sufran el castigo. Porque los queremos. Ese es el discurso que legitiman Correa y Espinoza para sancionar a decenas de menores agredidos y detenidos tras la marcha. En la novela de Walser, Jakob von Gunten, que termina domado por la educación anuladora que recibe, declara: “El que suscribe desea ser tratado con severidad para saber qué significa tener que dominarse. (…) De carácter  rebelde, en él perviven todavía ciertos rasgos del espíritu, indomable de sus antepasados; sin embargo, pide ser reconvenido si da muestras de obstinación, y si esto no surtiera efecto, ser castigado, pues cree que entonces sí resultaría.” El sueño de la “revolución”.

El Código de la Niñez y la Adolescencia señala claramente el derecho de libertad de expresión y la libertad de pensamiento (artículos 59 y 63).  ¿Habrá pensado Espinoza en que la juventud a la que solo se dirige con una reprimenda tiene derechos que él, primero que nadie, debía respetar? En el trato violento y caótico que sufrieron las y los menores de edad durante el 17S, la prensa afirma que hubo menores en la Unidad de Flagrancia y que se les trató como a mayores de edad.  ¿Quién va a responder por eso?

El mismo Estado, que debe garantizar a la niñez y adolescencia “una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente”, juzgará a algunas de estas personas bajo el delito de “ataque o resistencia”, tipificado en el artículo 283 del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción puede ser de entre 6 meses y 2 años. En esa desproporción, la educación es reemplazada por la sanción. El ministro de Educación y el ministro del Interior hacen de esta caza de brujas ocasión para el amedrentamiento. Si quisieran cuestionar los actos enardecidos de la juventud, abrirían un diálogo con ella. Pero se les presenta la excusa perfecta.

Las imágenes de los jóvenes que serán sancionados y reinsertados en nuevos planteles ha copado la prensa. En el art. 52.2. del Código mencionado, “se prohíbe la utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político”. Cuando el Estado utiliza de manera ejemplarizante a un grupo de jóvenes y hace de su conducta un pretexto para legitimar su discurso, cuando se utiliza a los jóvenes y sus manifestaciones, sean excesivas o justas, me pregunto si no se trata justamente de una exhibición castigadora para poder seguir con su show.

Asimismo, se toma a la  “juventud tirapiedras” y manipulada como el total de la marcha en su integridad. ¿No se van a referir a la clase política que manifestó, al activismo ambiental, feminista, a la academia, a juristas, a amas de casa y personas que fueron a protestar de manera individual? ¿A familiares de personas perjudicadas por el IESS, por los bonos de jubilación? ¿No se van a referir nunca a la población indignada, harta del falso y ofensivo discurso de la “felicidad”? ¿Van a estigmatizar a estos jóvenes, a encarcelarlos para negar una marcha de decenas de miles de personas en Quito y otras ciudades? ¿Hasta dónde van a llevar el castigo para cubrir su derrota?