Mientras lees este artículo, por el frente tuyo pasan miles de ondas radioeléctricas que no puedes ver. Estas te permiten conectarte al Twitter con tu teléfono, estar pendiente de todas las novedades que te interesan. Te permiten trabajar más productivamente, estar en contacto constante con colaboradores, clientes y socios, estés donde estés. Incluso te permiten chismear con tus amigos por whatsapp de cosas intrascendentes.

Por eso, cuando esa condenada señal no funciona se nos despierta ese furibundo anticapitalista que llevamos dentro. Maldecimos en arameo a la operadora, juramos venganza y hasta deseamos que el Gobierno intervenga para castigar el abuso corporativo. Es comprensible. ¿Quién más va a ser culpable sino la malvada compañía que nos brinda el servicio? No obstante, si miramos la cuestión más detenidamente, la cosa cambia. Veremos que no es tan simple. Ahí notaremos a nuestro viejo amigo, el Estado, honrando su tradición de hacer las cosas más problemáticas de lo que ya son.

Imagina esto por un momento: el Estado es dueño de toda la tierra cultivable y sólo asigna parcelas a empresas agrícolas para que éstas las exploten. Alguna invierte más que las demás, tiene mejores cosechas y sus productos se venden más. La mayoría de los clientes prefiere sus productos. Como es de esperar, solicita más terreno para poder satisfacer su creciente demanda. Pero su pedido es negado o desatendido por años. Y empiezan a tener problemas con sus productos por la estrechez de las parcelas asignadas. Mientras esto pasa, una empresa pública recibe muchas más hectáreas de los campos más fértiles, a pesar de que su cosecha ha sido minúscula y no cuenta casi con compradores, por el solo hecho de ser "pública".

Absurdo, ¿verdad? Bueno, donde dije "tierra" pongan "espectro radioeléctrico", cambien "empresa agrícola" por "operador de telefonía móvil", y "parcela" por "frecuencia": ahí tienen exactamente lo que pasa en Ecuador. Las operadoras privadas llevan años pidiendo la concesión de más frecuencias para atender su creciente demanda. Pero nada. Esto lógicamente crea problemas que afectan la calidad de su servicio. Mientras, la operadora estatal recibe las mejores frecuencias, aun cuando apenas cuenta con clientes.

Sólo un capricho ideológico explica que la operadora pública tenga más espectro que sus competidoras, a pesar de tener muchísimos clientes menos (30 veces menos, así de disparatado). Más aun, encima se excluye a las privadas de ese segmento de banda conocido como "dividendo digital", donde se despliega la tecnología 4G. Es decir, se les niega acceso a las tierras más fértiles para poder servir mejor a sus clientes, que son la amplia mayoría de los usuarios. Eso sólo pasa en el Reino del Nunca Jamás, y aquí.

Lo peor de todo es que las leyes permiten en principio este sinsentido, otorgando ventajas al operador estatal. El estatismo crónico de la Constitución de Montecristi impregna toda la legislación.  Pero ojo: dichas normas, que estipulan concesiones especiales para la operadora pública, no dicen que haya que acorralar a las privadas como se está haciendo hoy. Y depende de las autoridades encargadas la sensatez con la que se ejecuten tales políticas. Recién acaban de iniciar el largo viacrucis burocrático para iniciar negociaciones para asignar más espectro, paso que debió darse hace años.

Hasta la fecha, el Gobierno ecuatoriano ha adjudicado 180 MHz de espectro, quedando muy por debajo de lo recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. De hecho, tenemos uno de los peores parámetros de América Latina en este aspecto. Es como condenarnos a transitar por carreteras turras cuando tenemos autopistas de primera listas para ser utilizadas, que no sólo que no cuestan sino que pueden ser una significativa fuente de ingresos netos para el Estado. Y lo más gracioso es que encima nos digan que todo ello es por nuestro "buen vivir".

Obviamente, los que pagan los platos rotos son quienes dan la cara al usuario, y encima les cae la Súper Antimonopolio para vigilar que no abusen de su "posición dominante". De Ripley. Aquí viene el matiz surrealista. Porque catalogar de "dominante" a una empresa, con todo lo que ello implica, por el simple hecho de tener más clientes que las demás no tiene sentido, ni asidero legal. Y la ley no dice en ninguna parte que se pueda catalogar a una empresa de "dominante" por tener más clientes que los demás, sería absurdo. Porque domina quien controla precios, tarifas o cuotas de producción, con independencia de sus clientes y competidores. Pero ese "dominio" no es posible en un mercado tan altamente regulado como es el de las telecomunicaciones en Ecuador, donde el Estado establece precios máximos, términos de contratación, autoriza qué productos se pueden vender, cuáles no. Etcétera.

La cuestión es compleja. Más aun tratándose de una cuestión literalmente invisible como es el espectro de ondas radioeléctricas por el cual cruzan nuestros documentos, mensajes, chismes y fotos. No las vemos, nuestros ojos no están equipados para ello. Pero por suerte nuestro cerebro sí está equipado para reconocer el absurdo y comprender una verdad importante: aquí el único que abusa de su posición dominante es el Estado, desalentando la inversión y la mejora del servicio con la mala señal institucional que emite.