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7 de Junio del 2015
Ideas
Lectura: 8 minutos
7 de Junio del 2015
Natalia Sierra

Catedrática de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Quito 

¿Quién les cree?
Ninguna de las políticas del Gobierno responde a un proyecto de justicia social y redistribución real de la riqueza, más aún, son claramente beneficiosas para la acumulación de capital, más que nacional, internacional. Las políticas económicas del gobierno “revolucionario” para enfrentar esta época de “barriles flacos” han sido afectar más la economía popular.

Las dos últimas semanas gran parte de la sociedad ecuatoriana ha discutido sobre el proyecto de ley  económica anunciada por el gobierno, referida a elevar progresivamente el porcentaje del impuesto a la herencia y reducir la base mínima a grabar de 68880  a 35400 sobre el monto legado, heredado o donado.

Así también se anunció que se gravará impuestos a los seguros de vida que se elevará la tasa de plusvalía considerada ilegítima. El Gobierno defiende su proyecto de ley a nombre de la redistribución de la riqueza social.

Tal como el Gobierno publicita su última política impositiva, todos y todas quienes hemos luchado por una sociedad más justa y equitativa no podríamos sino respaldar tal decisión. Sin embargo, sin negar que el principio de justicia que encierra la ley es correcto, no es posible pensarlo de forma abstracta, aislada y separada del proyecto político de expansión capitalista que la llamada revolución ciudadana ha puesto en marcha en el país.

Si algo enseña la teoría crítica es que no se puede pensar la sociedad fragmentándola como lo hace el positivismo. La única manera de entender los complejos procesos sociales, no para describirlos y afirmarlos sino para transformarlos es desde la categoría de totalidad. De lo contrario, no se podría hacer un análisis crítico, ya que ni siquiera sería posible pensar en proyectos de dominación, en formaciones hegemónicas, etc., pues hasta en los gobiernos abiertamente neoliberales se puede encontrar políticas que puedan ser vendidas como de justicia social, si es que pensamos sus políticas de manera fraccionada.   

El contenido fundamental de la política económica del gobierno de Alianza País, después de aprobada la Constitución de Montecristi, ha estado dirigido a ampliar el marco de las relaciones capitalistas en el país, en atención a las demandas de la acumulación de capital en el nuevo escenario del capitalismo regional y global. Para citar algunas políticas económicas que responden a este patrón de acumulación recordaré que la “Revolución Ciudadana” amplió la frontera extractiva en el país, sin importarle la devastación social y ambiental que ello supone; ha generado una inmensa deuda externa, que prácticamente subasta el país y nuestro futuro a la voracidad del capital asiático y occidental;  en ocho años de gobierno no solo que no revolucionó y potenció la economía campesina como real alternativas al desarrollo capitalista, sino que la ha abandonado y precarizado en beneficio de los agronegocios y las agroempresas; las mega obras, con  las que dicen haber pagado la deuda social y muchas de las cuales son innecesarias, ha servido para hacer grandes transferencias de riqueza a las corporaciones que venden los servicios para su construcción, muchas de ellas del eje asiático.

Las hidroeléctricas, proyecto estrella del cambio de la matriz productiva que tanto publicitan, tienen serios cuestionamientos de sobreprecios, de viabilidad, de gasto absurdo propio de las exigencias de los mega negocios capitalistas; por último, la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea no deja duda del proyecto económico capitalista del gobierno de Alianza País. Ninguna de estas políticas responde a un proyecto de justicia social y redistribución real de la riqueza, más aún, son claramente beneficiosas para la acumulación de capital, más que nacional, internacional.

En los últimos meses, como ya muchos analistas lo han dicho, producto de la baja en el preciodel petróleo y el fortalecimiento del dólar, la economía del país dejó de ser “milagrosa”. Las políticas económicas del gobierno “revolucionario” para enfrentar esta época de “barriles flacos”  han sido afectar más la economía popular. Más allá de las declaraciones oficiales, la canasta básica se incrementó con las salvaguardias, abriendo la brecha con respecto al salario básico,  pocos le creen aquello de la Nutella  y el caviar. Retirar el 40% del aporte estatal para las pensiones jubilares no afecta al capital ni a sus dueños, sino a los trabajadores y a su derecho legítimo de  tener una vejez digna. Confiscar el Fondo de Cesantía del Magisterio y de otros gremios de trabajadores a nombre de su arbitrariedad, de ninguna manera  afecta a los negocios capitalistas. Condonar los intereses a los deudores del SRI, ciertamente que no beneficia a los empobrecidos que no pagan renta y poco a la clase media, sí que beneficia a las grandes empresas deudoras del fisco; sería bueno saber ¿cuánto ganaron con esta benévola política tributaria, por ejemplo, las empresas financieras entre otras?             

Si se mira el proyecto económico de la Revolución Ciudadana como una totalidad no parece tener nada de socialista, es más que clara su filiación al capitalismo. ¿Cuál es la importancia de una supuesta política redistributiva, más aún si como dice el mismo Gobierno lo que se va a recaudar con el nuevo impuesto a la herencia es muy poco? Si durante estos ocho años no hubiesen transferido la riqueza para la acumulación nacional e internacional de capital como lo han hecho y hubiesen realmente invertido la riqueza, que entró al país por el alto precio del petróleo, para asegurar a toda la población alimentos de calidad, salud, educación, trabajo, vivienda y transporte, las  familias ecuatorianas no estaría preocupadas por el futuro de sus hijos y por lo tanto no habría para que intentar heredarles algo.

Parece que los “revolucionarios” creen que viven en la Europa nórdica de los Estados de Bienestar y no en un país que por ellos perdió la oportunidad histórica de una sociedad más justa en otra clave civilizatoria.   

En estos momentos tendrían más recaudación para redistribuir la riqueza nacionalizando las telefónicas o parando la corrupción, no queriendo destruir pequeñas y medianas empresas familiares, que mejor debería potenciarse como proyectos productivos comunitarios y así generar trabajo más colectivo y menos asalariado. Por si no saben los revolucionarios, las formas actuales de acumulación de capital no pasa por la familia, sino por las grandes corporaciones transnacionales y por el capitalismo de Estado como el Chino. De lo que se trata no es de volver a todo trabajador un microempresario (trabajador precarizado) ni de estatizar la producción para que de ahí vaya a parar de nuevo a las manos privadas de los burócratas del partido, como ocurrió a la caía del llamado Socialismo Real, sino de colectivizarla y volverla comunitaria.

Quizá lo que realmente busquen con este impuesto es que haya circulación de dinero y más consumo ficticio, para hacernos creer que la economía del país está bien; que es lo que no consiguieron con la mensualización de los décimos que la mayoría de los trabajadores rechazó, pese a la propaganda. O quizá quieran hacer una jugada político-ideológica para las próximas elecciones del 17, intentando que los sectores sociales más empobrecidos del país crean que  ahora si se viene la “revolución” en contra de los ricos y así asegurar sus votos.

Lo cierto es que no es posible creer en este repentino ataque “revolucionario” y “socialista” de un Gobierno claramente al servicio del capital.

[PANAL DE IDEAS]

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