La presunción de inocencia nace de una sana aspiración humana: la idea de que el delito es una excepción. Es decir, que la mayoría de las personas tienen una inclinación natural a la virtud cívica.

Por eso los juicios exigen a los involucrados un juramento a favor de la verdad. El esclarecimiento de un delito implica, entre otras cosas, la revelación de las mentiras en que pudiera incurrir algún culpable con el propósito de evadir la acción de la justicia.

En muchas legislaciones, la confesión oportuna está compensada con una reducción significativa de la pena. En todas las legislaciones, en cambio, el falso testimonio está severamente castigado. En esencia, la ley se aplica con mayor dureza sobre la mentira. De lo contrario, se estaría atentando contra el principio de veracidad que debe apuntalar cualquier decisión de un juez. Si existe alguna incertidumbre, es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente.

La fragilidad de nuestro sistema de justicia ha permitido que los acusados recurran a la tergiversación sistemática y descarada de los hechos, con el ánimo de obstaculizar las indagaciones. Negar es padre y madre, reza la consigna con la que los delincuentes que tienen que enfrentar un proceso penal inician su defensa. Y muchas veces cuentan con la complicidad de funcionarios venales.

En esas circunstancias, uno de los principales objetivos de fiscales e investigadores ha sido descubrir quién miente, porque en ello radica la posibilidad de llegar a una decisión justa por parte de la autoridad. Incluso si algún operador judicial indecente llegara a torcer un proceso, al menos queda la constancia de los hechos a los ojos de la ciudadanía. La gente sí se da cuenta cuando las sentencias son turbias.

Pero con el desaforado incremento de la corrupción en el Ecuador, esta lógica parece invertirse. Está tan naturalizado y generalizado el cometimiento de actos de corrupción, que las autoridades más bien empiezan por indagar quién no miente. Dicho de otro modo, quién es inocente en medio de una multitud de sospechosos.

Los últimos escándalos nacionales ilustran esta situación. Citemos únicamente los más mediáticos. El negociado de medicamentos en los hospitales públicos, el desvanecimiento de glosas en la Contraloría o la desaparición de los fondos de la seguridad social de la Policía Nacional están atravesados por una confrontación de versiones tan delirantes que resulta imposible sacar alguna conclusión.  Las aclaraciones van y vienen a un ritmo vertiginoso, y son desmentidas con la misma velocidad gracias a la aparición de nuevas evidencias. No obstante, aquellos a quienes se pilla en las mentiras ni siquiera se inmutan, y más bien vuelven por el siguiente round.

Inclusive si los procesos llegaran a ser concluyentes, siempre quedará un halo de duda: ¿quién no miente?