Por suerte, al gobierno de Guillermo Lasso le quedan únicamente cuatro meses de vida. De otro modo habría tenido dos años para presionar en favor de la propuesta de la Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones, una iniciativa oficial que pretende cargar sobre los hombros de los jubilados la grave crisis de la seguridad social.

Conociendo a los integrantes de esa Comisión, las medidas sugeridas no podían tener un talante distinto. Todos, indistintamente, responden a las visiones empresariales a propósito de la prioridad de las finanzas sobre las necesidades humanas. Por eso formulan sugerencias que, ¡oh sorpresa!, no tocan ni un pelo a los dueños del capital.

Durante diez años tuvimos un gobierno que repetía como lora la cantaleta de que había que poner al ser humano por encima del capital.

Aunque no existen estudios minuciosos sobre el destino de esa monumental dilapidación durante la administración de Rafael Correa, se cuenta con suficiente información para confirmar que el grueso de esos fondos terminó en los bolsillos de grupos de poder específicos, a través de la subcontratación de servicios médicos. Para viabilizar ese esquema se transfirieron ilegal y arbitrariamente los recursos del fondo de pensiones al fondo de salud del IESS.

El resultado fue de una impudicia escalofriante: clínicas quebradas que reflotaban de la noche a la mañana por arte de magia; contratos para la provisión de servicios con sobreprecios escandalosos o con duplicación de facturas; adquisición fraudulenta de equipos e insumos médicos para los hospitales y dispensarios del IESS; asignación a dedo de contratos para la construcción de infraestructura. En síntesis, todo un compendio de estrategias corruptas para asegurar el enriquecimiento de los amigos del régimen.

Ahora, el gobierno busca complementar este atropello transfiriendo el costo de este gigantesco atraco a los jubilados. Poco importa que los planes diseñados por la Comisión tengan carácter progresivo o vengan edulcorados. Al final, el esquema de desigualdad entre trabajadores y empleadores está claro.

La artimaña de la Comisión es que evita discutir el problema de fondo. Es decir, la necesidad de una política de Estado que asegure la protección de toda la población y que garantice una jubilación digna para los afiliados. ¿Quimera? Hay países, y no solo los más industrializados, donde ese derecho es intocable. Sin ir más lejos, Costa Rica todavía cuenta con un sistema de protección social que incluye a la mayor parte de su población.