Nuevas masacres, viejos discursos, las mismas acciones. Son los actos reiterados de la tragedia que desangra al país. Las cárceles convertidas en el cruento escenario de la gobernanza criminal; mientras los gobiernos de turno carecen de lo fundamental para afrontar un problema complejo como éste: innovación política.

Como es obvio, ante los actos de violencia, muchos miran con desprecio al victimario. Cuando la ira y el miedo gobiernan la primera reacción es actuar con “mano dura”. Eso está haciendo Guillermo Lasso. Pero el resultado será similar. No se quiere ver lo evidente: la criminalidad es un negocio en el que participan agentes del Estado. Por tanto, las políticas punitivas sirven solo si se desarma el negocio del crimen.

Basta mirar lo ocurrido en Quevedo con Big Money. Donde un militar en servicio activo —alias “Don Naza”— operaba su negocio ilícito desde el Club de Policías. Cuando se volvió escándalo mediático, “la cúpula policial decidió retirar de Quevedo a 94 oficiales y policías de distintas unidades y transferirlos a otras provincias” . ¿Transferirlos? ¿No cabe procesarlos por acción colusoria? ¿No son cómplices o, al menos, encubridores de la captación ilícita de dinero?

El problema rebasa a los aparatos de seguridad, sin duda. Obsérvese lo ocurrido con la Contraloría General del Estado. Organismo técnico encargado del control de la utilización de recursos estatales, convertido en el motor de la mayor economía criminal que opera en el país: la corrupción pública. Esta operación de travestismo institucional muestra que “los malos” no siempre son bandoleros callejeros. A veces, incluso dirigen el Estado.

Ante la reciente masacre en dos cárceles de “máxima seguridad” muchas voces exigen mayor vigilancia. Pero la pregunta importante es ¿Quién vigila a los vigilantes? Los grupos de crimen organizado que operan dentro y fuera de las cárceles están confabulados con agentes de seguridad del Estado. Mientras eso no se ponga en el centro del debate, la tragedia continuará.