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21 de Noviembre del 2022
Ideas
Lectura: 6 minutos
21 de Noviembre del 2022
Luis Córdova-Alarcón

Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador.

¿Quiénes ganan con la inseguridad?
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En democracia, un asunto tan delicado como éste no se lo puede dejar en manos de generales. Es una cuestión que atañe a todos y, en especial, a los civiles. Pero cuando un gobierno civil cede este espacio de definición política a policías y militares, el resultado es pernicioso: un Estado policíaco y una sociedad militarizada. Basta mirar lo que ocurre en México, Filipinas o El Salvador para constatarlo.

Toda política pública engendra ganadores y perdedores. Por eso, las respuestas del Gobierno nacional ante la espiral de violencia criminal deben analizarse en doble vía. Lo que para unos puede ser un desatino, para otros es una oportunidad de negocio. Desde esta perspectiva, la criminalidad y violencia consentida por el Estado es parte de la política económica. Se trata de aclimatar al país para el advenimiento de un orden neoliberal más agresivo y excluyente.

El desmantelamiento de los Derechos Humanos como límite ético al poder punitivo del Estado es una pieza clave en esta estrategia. Entonces arrecian los ataques a los activistas sociales y a los periodistas no alineados. La fórmula Bukele no habría sido posible sin este paso previo.

La seguridad no solo es un bien público. También es un campo político en el que se disputa la distribución de la protección y la represión en la sociedad.

En democracia, un asunto tan delicado como éste no se lo puede dejar en manos de generales. Es una cuestión que atañe a todos y, en especial, a los civiles. Pero cuando un gobierno civil cede este espacio de definición política a policías y militares, el resultado es pernicioso: un Estado policíaco y una sociedad militarizada. Basta mirar lo que ocurre en México, Filipinas o El Salvador para constatarlo.

Ecuador también camina en esa dirección. La crisis de seguridad ha derivado en una puesta en escena costosa, pero eficaz. La violencia en las cárceles y en las calles es el telón de fondo. El miedo a ser víctima del hampa, la atmósfera perfecta. Policías y bandidos, los protagonistas de una obra que indigna y embelesa por igual.

En democracia, un asunto tan delicado como éste no se lo puede dejar en manos de generales. Es una cuestión que atañe a todos y, en especial, a los civiles. Pero cuando un gobierno civil cede este espacio de definición política a policías y militares, el resultado es pernicioso: un Estado policíaco y una sociedad militarizada. 

Si se adoptaran los correctivos necesarios para frenar el tráfico de armas hacia las cárceles y las calles se desmantelaría este tinglado. Por eso no lo hacen. Si con el mismo ímpetu que se decomisa droga y se persigue pandilleros se hiciera análisis financiero y económico para dar con los empresarios del crimen, se pondría fin al juego. Por eso tampoco lo hacen.

Tras 18 meses de gobierno es evidente que no solo hay improvisación e incompetencia en materia de seguridad, sino también una gran dosis de complicidad. La pregunta es ¿por qué persiste y se alimenta esta complicidad desde el Estado? La respuesta se encuentra en la política económica de la seguridad. 

Aquí intervienen tres actores: (i) las fuerzas de seguridad del Estado (Policía, Fuerzas Armadas y Comunidad de Inteligencia); (ii) policías o agentes de control municipal; y (iii) empresas de seguridad privada. Entre ellos se distribuyen la protección y la represión de la sociedad. Cada crisis de seguridad abre una ventana de oportunidad para reasignar tareas y obtener beneficios políticos y económicos.

Para muestra un botón. Según el Viceministro del Interior en esa cartera de Estado están registradas más de 1300 compañías de seguridad privada, 78 centros de formación y capacitación y 10 empresas de custodia de valores. Actualmente, se registran 187.000 guardias de seguridad privada certificados y cada año se gradúan 20.000 más. De ellos, 60.838 están trabajando y más de dos tercios lo hacen para el Estado.

Es lógico pensar que ante una ola de inseguridad la demanda de servicios privados de protección crece. Si gran parte de los accionistas de estas empresas de seguridad privada son policías y militares en servicio pasivo; y la absoluta mayoría de los dueños y capacitadores de los centros de formación son policías y militares en servicio pasivo; no es difícil suponer quiénes se benefician económicamente de la inseguridad. 

Hace muchos años que la Policía y las FFAA dejaron de proteger a ciertas entidades públicas para cederle espacio a las empresas de seguridad privada creadas por policías y militares. Solo en Petroecuador el presupuesto anual para seguridad privada supera los USD 120 millones. Cuatro empresas absorben esta demanda cada año y sin concurso. ¿Quiénes son sus accionsitas?

En la Asamblea Nacional está en discusión una Ley para regular la seguridad privada. Los empresarios pujan por expandir su mercado y destrabar el porte de armas de fuego para sus empleados. Los guardias bregan por mejorar sus condiciones laborales. Pronto sabremos el desenlace y veremos quiénes se frotan las manos. Mientras tanto, los demás siguiremos perdiendo con la inseguridad.

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