Ecuador vive un ciclo macabro. Así lo confirma la última masacre carcelaria en Turi. Los diagnósticos abundan y las acciones tomadas desde el gobierno son tardías, insuficientes o erróneas. Como ya ocurrió en las cuatro masacres previas, todos los dardos apuntan al Estado, pero sus voceros insisten en culpar de la violencia a los cabecillas de las pandillas carcelarias. Y claro que tienen responsabilidad, pero hay algo que no cuadra en esa imputación.

Las masacres carcelarias son actos de violencia organizada. Involucran una planificación previa que pasa por escoger al objetivo y a los perpetradores, diseñar un despliegue operativo, contar con las armas necesarias para el acto sangriento y, sobre todo, saber cuándo ejecutarlo. Nada de esto sería posible sin la participación criminal de ciertos policías y militares.

La propia Comisión de Pacificación Penitenciaria creada por el gobierno lo acaba de denunciar en su informe del 5 de abril: “policías protegen a los líderes de las bandas en las cárceles”. La comisión de investigación de la FAE acaba de ratificarlo en su informe sobre el ataque al radar ubicado en el cerro de Montecristi: concluyeron que “fue un sabotaje”. Hasta el Embajador de EE.UU. ha señalado la presencia de “narcogenerales” en la fuerza pública ecuatoriana, dejando entrever que las organizaciones criminales han captado a ciertos miembros de la alta oficialidad.

Sin embargo, desde el Estado poco o nada se ha hecho al respecto. Esta inacción está blindada por un pacto de silencio desde el poder político y económico. Sus operadores públicos miran con desdén el asesinato de decenas y hasta centenas de seres humanos en cada masacre. Y han articulado una línea argumental que a golpe de repetirla va ganando adeptos, aunque carezca de evidencia. Tres consignas hilvanan el discurso: “Es una guerra entre pandillas”, “se disputan territorios/cárceles”, “retomaremos el control con más presencia policial/militar”.

Solo entonces el ciclo macabro empieza. Primero, con la polarización de la agenda mediática y gubernamental a favor de la “(in)seguridad”. Lo que contribuye a disipar la atención sobre otros asuntos de igual o mayor importancia para la sociedad, dándoles tiempo a los actores políticos en aprietos para reacomodar sus fichas y tomar oxígeno. Segundo, empoderando a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sin que medie una política pública, ni mecanismos de supervisión y control desde el poder civil. Después de cada masacre ambas instituciones han ganado influencia, recursos y prebendas. Tercero, creando globos de ensayo para ladear las críticas y encubrir la impericia política del gobierno. El último “invento” es la reapertura de La Roca como cárcel de máxima seguridad para trasladar a los cabecillas. El ciclo se cierra con una nueva masacre, que llegará cuando el contexto político-criminal así lo exija. 

La lógica política de la violencia criminal es un objeto de estudio relativamente reciente en la Política Comparada de la región. Las investigaciones más relevantes en este campo coinciden en tres cosas.

En primer lugar, entre el Estado y las organizaciones criminales nunca habrá una relación de suma-cero. Su relación es simbiótica; es decir, siendo distintos se benefician mutuamente en su desarrollo vital. Por eso, expresiones como la del flamante ministro del Interior, Gral. Patricio Carrillo, carecen de sustento.  “Ellos —dijo hace unos días, refiriéndose a los cabecillas de las pandillas— han tratado de someterle al Estado y ahora el Estado es quien debe someterlos”.

En segundo lugar, estas investigaciones han demostrado que los grupos criminales también pueden convertirse en actores políticos. Instrumentalizan la violencia criminal para influir en la formulación de políticas, apelando a los tomadores de decisión; o para influir en su implementación, cooptando a los agentes del estado encargados de hacer cumplir la ley.

En este sentido, no es descabellado pensar que a los verdaderos titiriteros de las masacres carcelarias les conviene la presencia policial y militar en las cárceles y en las calles. No solo porque logran mimetizar sus actos delictivos con los operativos de control, como las famosas requisas. Sino también porque así justifican el incremento del precio de las mercancías ilícitas que alimentan sus economías criminales. Como en toda cadena de valor, el costo de la logística y abastecimiento es directamente proporcional a los riesgos que conlleva trasladar las mercancías a su destino final.

Por último, estos estudios constatan que los especialistas en violencia del Estado —policías y militares— también pueden convertirse en actores político-criminales. De esto hay tanta evidencia en la región como en el Ecuador; y, sin embargo, es de lo que menos se habla y a lo que menos se combate.

Este “régimen de ignorancia” tejido con la narrativa de la “narcoviolencia” lubrica un nuevo ciclo macabro, pues alguien se beneficia de las masacres carcelarias y no son los líderes de las pandillas.