“El gobierno no le está adeudando al IESS”. En boca del Presidente de la República, la frase no tiene por qué sorprendernos. En lo último que piensa un gobierno clientelar agobiado por la estrechez fiscal es en honrar sus deudas. Como el empresario que, por la fuerza de la ineptitud o de la irresponsabilidad, se ve empujado al tobogán de la bancarrota, únicamente piensa en raspar la olla, en sacar planta de donde sea.

Que los acreedores esperen no más en fila; y si alguno se muere en la espera, será debidamente recordado con champán.

Pero que la frase de marras sea dicha ni más ni menos que por el flamante presidente del IESS sí resulta inaudito, pasmoso, inverosímil.

Nos obliga a preguntarnos –no solo a los afiliados, sino a todos los ecuatorianos– a qué mismo fue Richard Espinosa a esa institución. ¿A optimizarla o a quebrarla?

Desde la lógica simplista y la ingenua honestidad que a ratos nos acomete a algunos incautos, se supone que un cargo de semejante responsabilidad implica una comprometida defensa de los intereses de la institución. Que en la práctica no se lo haga ni se lo haya hecho, compete al ámbito de la ética pública y de la responsabilidad política. Pero que se lo pregone abiertamente refleja una desembozada intencionalidad, una planificada estrategia, una completa desafección con la función encomendada.

La seguridad social es la institución pública por antonomasia. No estatal, sino pública, porque nos pertenece a los ciudadanos afiliados. Que los gobiernos no lo hayan entendido ni lo entiendan así es parte de la informalidad y la viveza criolla propia de nuestra política. Que Richard Espinosa tampoco entienda esta diferencia no debe llamarnos la atención. Lo que sí debe alarmarnos es la frescura con que pretende negarla. Ahora resulta que, en aras del “bien superior” supuestamente encarnado por el Estado, los jubilados deben renunciar a sus derechos para asegurar la agenda del gobierno de turno; ni siquiera la agenda, sino la histérica desesperación ante la crisis económica.

Por si los funcionarios del gobierno no lo saben, toca recordarles que la seguridad social es el resultado de las luchas históricas de los trabajadores en contra de la codicia y la displicencia de los capitalistas. En esa larga y heroica disputa se forzó al Estado capitalista a institucionalizar un sistema que proteja las condiciones de vida de los trabajadores frente a los excesos y riesgos derivados de su condición de explotados. En esta relación tripartita, el Estado asume un doble rol: por un lado, garantiza el funcionamiento del sistema para asegurar la acumulación de capital en manos de los empresarios y, por otro, se convierte a su vez en patrón de los empleados públicos. Por eso, precisamente, en las negociaciones sobre la seguridad social los trabajadores siempre han interpelado tanto a los empresarios como al Estado para defender sus derechos y plantear sus demandas.

Eliminar los aportes obligatorios del Estado a la seguridad social implica, además del olímpico desentendimiento de una responsabilidad social y política, un retroceso histórico respecto de las tendencias más progresistas en protección social. Uno de los puntos centrales del debate de las últimas décadas, a nivel mundial, ha sido la universalidad de la protección a partir de los aportes del Estado. Esto significa que el Estado no solo que no debería restringir su contribución, sino que tendría que incrementarla progresivamente, hasta alcanzar un sistema que asegure la cobertura en igualdad de condiciones a toda la población del país. Y eso no ocurre en el paraíso, como algunos podrían pensar, sino en países tan cercanos y afines como Costa Rica.

El último recambio de la máxima autoridad el IESS trae a colación un dato histórico. En la ofensiva falangista contra Madrid, durante la Guerra Civil Española, un general acuñó el término quintacolumna para designar a los simpatizantes franquistas que trabajaban dentro de la ciudad para propiciar la derrota de los republicanos. A partir de entonces, la expresión quintacolumnista se empezó a utilizar, en un contexto bélico, para señalar a aquellos miembros de una comunidad que realizan actividades a favor del enemigo. Se refiere, por ejemplo, a los colaboracionistas franceses que facilitaron la ocupación nazi. 

En innumerables ocasiones, los quintacolumnistas han sido fusilados por traición.
Aplicado a un ámbito más cotidiano, el término quintacolumnista describe a una persona que dentro de un colectivo político, social o empresarial trabaja a favor de los rivales. Aunque en el Ecuador no vivimos una guerra civil, ni el Estado y los afiliados al IESS somos enemigos, es innegable que existe una contradicción de intereses entre ambos sujetos, hoy acentuada por la crisis económica. En esta contraposición, el gobierno pretende transformar al IESS de caja chica en botín de guerra, y dejar en el desamparo a cientos de miles de aportantes. Para ello ha recurrido a la vieja táctica de la quintacolumna: poner al frente de la institución a un funcionario que, de acuerdo con sus declaraciones, trabaja para la contraparte. ¿Está consciente Richard Espinosa de la innoble misión que le han encomendado? ¿Sabe a lo que se expone si el día de mañana colapsa la seguridad social? ¿Está dispuesto a asumir las dramáticas consecuencias, ya vividas anteriormente, de jubilados protestando al pie de su despacho? ¿Tiene el actual presidente del IESS padres, tíos o familiares jubilados? ¿Aporta él al IESS para beneficiarse de sus servicios actuales y futuros, o dispone de otras formas de aseguramiento personal?