Hay sanciones de todo tipo para casi todo problema, pero parece que el ruido en la ciudad no es preocupación de las autoridades competentes. El problema pasa por cultura y por el respeto hacia el otro, pero antes y durante la cuarentena, el exceso de ruido se mantiene. La Secretaría del Ambiente del Municipio de Quito solo acude cuando el ruido es en locales comerciales y se encarga, solo, si los parlantes no están en una plataforma móvil, de lo contrario el trámite pasa a la Agencia Metropolitana de Tránsito. La diligencia es burocrática. ¿Pero qué pasa con el ruido en domicilios? Nadie se hace cargo.

La concejala Luz Elena Coloma, en una entrevista para esta columna, indicó que se hace necesaria una ordenanza que permita algún control, ya que el Municipio se olvidó del ruido en domicilios que llega a fastidiar a los vecinos cuando es excesivo. Además indicó que el trámite para la ciudadanía debe ser fácil y no una “maraña burocrática”.

La Policía Nacional sería la encargada de parar estos abusos de ruido, sin embargo, sus competencias son limitadas ya que lo único que puede hacer es pedir a los habitantes de la vivienda que bajen el volumen, pero cuando se marchan los uniformados, regresa el escándalo.

Incluso la Policía no acude a estos llamados, el ECU 911 tampoco ayuda en la solución del problema ya que delega a la Policía el respectivo proceso. Parece un laberinto sin salida y un problema del cual nadie quiere hacerse cargo a pesar de que la Constitución del Ecuador garantiza una vida tranquila en un ambiente sano sin exceso de ruido que puede afectar a la salud física y psicológica de las personas. Lastimosamente la gente sin sanción no entiende que debe respetar a su prójimo. Distinta es la situación en otras ciudades de otros países, donde la Policía tiene la facultad de sancionar a quien haga ruido en domicilios, un ejemplo es Lima.

En tiempos de cuarentena el problema parece agudizarse, pues las personas deben sobrevivir en el confinamiento y si se suman ruidos excesivos por parte de sus vecinos, causados con música a alto volumen, la situación se torna complicada, al punto de romper su cuarentena y salir del domicilio con el riesgo de que se pueden contagiar en la calle.

El pasado 24 de mayo, el Director General del sistema de atención de emergencias ECU 911, Juan Zapata, informó que desde que se inició la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 en Ecuador, se registraron 4.534 llamadas de emergencia debido a fiestas en viviendas. Esto se evidenció el día de la Madre, donde no solo existió ruido con música a alto volumen, sino que se realizaron fiestas con alcohol en pleno Estado de Excepción, donde se limitan las reuniones.

Con el decreto 1017 se limitó la libre asociación y reunión, esta es una decisión de autoridad competente por lo que su incumplimiento es penado. Este delito de acción pública le corresponde hacerse cargo a la Fiscalía, pero en cuarentena no laboraron en sus oficinas y no hay una manera electrónica de atender estos casos. Es decir, el decreto está, pocos lo respetan y los que no, se aprovechan del nulo control y seguimiento.

En cuarentena no solo es el ruido excesivo en domicilios sino también las fiestas. Se notifica a la policía pero nunca llega a atender el problema. Quizá porque no se dan abasto y si esperamos en la conciencia de ciertos individuos que respeten la paz del otro, es una lucha perdida. Y hay algunos policías que no quieren tampoco hacerse cargo de esta situación, creen que ruido nomás es. Y este problema desencadena en otros, como la violencia, ya que si se solicita a los vecinos que bajen el volumen la respuesta es: ¡Estoy en mi casa y hago lo que quiera!

Estas respuestas muchas veces llegan de arrendatarios, pero el propietario tampoco toma correctivos. Sí, pasa por educación de las personas, pero ni en época de cuarentena se ha logrado el respeto mutuo. Ni porque la vida humana está en peligro, ya que por un lado está el virus y por otro, nos rodean medidas económicas que asfixian la economía individual y a la larga, colectiva.