Quito conoció el pasado 16 de febrero la instrucción fiscal que cayó sobre su alcalde, Jorge Yunda, por el presunto delito de peculado, respecto a la adquisición de 100.000 pruebas PCR para la detección del COVID- 19, la cual fuera realizada por la Secretaría de Salud del Municipio en abril de 2020. Se aceptó pruebas tipo Lamp en lugar de PCR, se tomó en cuenta a la empresa con la oferta más elevada en costos, se cambiaron 50.000 test y se devolvieron 10.000 pruebas, por parte de la actual Secretaría de Salud. Estos no son los únicos casos de corrupción en el Municipio de Quito, aún está por develarse e investigar denuncias sobre: proceso de repavimentación, irregularidades en la Empresa de Agua Potable, construcción del Cubeto 10, adjudicaciones en la administración del Metro de Quito…

Frente a estas y otras denuncias de corrupción, el alcalde de Quito ha buscado siempre exculparse, señalando que nada tiene que ver, que él no realiza los contratos o que no conocía. ¿Pero quién es la máxima autoridad del Cabildo? ¿Quién preside el Concejo Metropolitano? ¿Quién nomina a sus asesores y colaboradores? Y ahora resulta que tampoco conocía de la "administración paralela" y de los denunciados negocios de su hijo frente a varias empresas extranjeras y otros hechos donde, según denuncias públicas de varios medios de comunicación, se pagaban, a cambio de favores o contratos, ingentes cantidades de dinero.

Señores alcalde, vicealcalde y concejales, Quito reclama justicia y transparencia y los involucrados no pueden eximirse de responsabilidad alguna de manera tan olímpica. Hasta ahora nada se ha dicho de cuál fue el rol de la Comisión de Salud integrada por los concejales: Brith Vaca, Analía Ledesma y Juan Manuel Carrión, frente a la adquisición de las pruebas rápidas. Al contrario, lo único que Quito observa es cómo algunos concejales buscan aprovechar la oportunidad para remplazar al Alcalde y así manejar la ciudad a su antojo y en su propio beneficio, usando la supuesta lucha contra la corrupción, mientras otros concejales identificados con el correísmo, sabotean reuniones del Concejo Metropolitano donde precisamente se van a tratar asuntos relacionados a la corrupción. Así están administrando nuestra ciudad sujeta al interés de sus partidos políticos y no del pueblo de Quito.  

Más de diez organizaciones sociales, de Quito agrupadas en el Frente Popular, enviaron el jueves 1 de abril una carta abierta, dirigida al conjunto del Concejo Metropolitano en la cual exigen que todos los involucrados en actos de corrupción rindan cuenta ante la administración de justicia que, sin duda, es el sentir de la población quiteña. Además, señalan que: “Quito merece respeto, las y los quiteños estamos indignados frente a los corruptos y sinvergüenzas que, en medio de la pandemia, han robado sin descaro los dineros públicos, mientras cientos de miles de ciudadanos sufrieron, igual que ahora, los embates de la pandemia, así como la pérdida lamentable de familiares por la deficiente infraestructura hospitalaria”.

Frente a este y otros pedidos es menester que la Fiscalía acelere los procesos de investigación, que la Contraloría realice de manera urgente los exámenes especiales necesarios a todos los contratos de este periodo y que desde la ciudadanía estemos vigilantes de nuestros recursos, para lo cual es menester investigar al alcalde, pero también a su círculo, gerentes, secretarios y los concejales integrantes de los directorios de las empresas metropolitanas y de comisiones vinculadas en hechos de corrupción.

Es paradójico que se persiga a dirigentes de los trabajadores municipales como el caso de Jose Chusin quien han denunciado actos de corrupción y el abandono por parte del Cabildo en la dotación de insumos de bioseguridad para cumplir sus labores.  Mientras la comisión “Quito Honesto”, mantiene silencio absoluto, no cumple con sus objetivos de prevenir e investigar los hechos de corrupción, y quienes la dirigen se han convertido en cómplices por omisión. Esta comisión cuesta a la ciudad aproximadamente un millón de dólares cada año, recursos que tranquilamente podrían ser destinados para reabrir los “Guagua Centros “que atendían a niños y niñas de los sectores populares.

Las organizaciones barriales, estudiantiles, comerciantes, mujeres, trabajadores, maestros, procesionales que exigen se investigue y sancione a los corruptos, están en todo su derecho pues la Constitución de nuestro país establece que es deber del Estado “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción” (Art. 3.8), y también determina que son deberes y responsabilidades de los ciudadanos “denunciar y combatir los actos de corrupción” (Art. 83.8).

Al amparo de esta norma, estimados lectores recordemos que los recursos económicos y materiales que han sido mal usados, no es un robo al alcalde o a sus concejales, es un robo a los recursos de nuestra ciudad la cual tiene grandes necesidades en momentos de pandemia.